Sin la oposición, comenzó a aplicarse la ley de medios

El kirchnerismo avanzó en soledad con la ley y ordenó a través del Boletín Oficial relevar las señales de TV y licencias vigentes a pesar de los fallos judiciales en contra
Aun con la integración de la Autoridad de Aplicación incompleta, y pese a los cuatro fallos judiciales en contra, el Gobierno puso en marcha ayer oficialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de cuatro disposiciones que llevan la firma del titular de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, y que se refieren al relevamiento de los servicios de radiodifusión sonora operativos; al relevamiento de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios; al ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y a la reglamentación del registro de señales previsto en la ley.

Ese cuerpo, que preside el kirchnerista lomense, fue constituido sin la presencia de representantes de la oposición. Los bloques parlamentarios no kirchneristas rechazaron la nueva norma y se negaron a designar a sus delegados en la reunión de la comisión bicameral que se constituyó en el Congreso para tal fin, en un intento por dilatar la entrada en funcionamiento de la ley que parece no haber dado los resultados deseados. Y es que, ante la ausencia de los opositores, el kirchnerismo no tuvo reparos en avanzar en la conformación de la Autoridad Federal y en la elección de las autoridades de la comisión bicameral que debe monitorear la aplicación de la ley.

Así, el Gobierno publicó ayer las cuatro primeras disposiciones del organismo ejecutivo. A través de la resolución 1/2009, referida al relevamiento de los servicios de radiodifusión sonora operativos, se convocó a los prestadores de servicios de AM y FM "para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio". A tales efectos, se estableció que en el plazo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo próximos, se deberán presentar al relevamiento "las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que a la fecha del dictado de la presente resolución se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización".

La siguiente resolución, la número 2/2009, dispuso "el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y emisores reconocidas que se encuentren vigentes, correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta". El plazo de presentación de esos datos se extenderá, también, hasta el 15 de marzo. Esa información conformará el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que permitirá "identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos para asegurar la transparencia".

En cuanto a la resolución 3/2009, se expresó la necesidad de "regularizar la operatividad de los servicios de televisión de baja potencia, toda vez que su prestación integra el círculo de intereses que puja por un espacio relevante en la radiodifusión argentina, en tanto se dirigen a comunidades, con elementos de identidad compartidos y necesidades comunicacionales específicas".

Y, la última resolución, se refirió al Registro de Señales, en el que deberán inscribirse "los responsables de la producción y emisión de señales que se difundan en el territorio de la Republica Argentina".

La norma que entró así en funcionamiento acumula cuatro fallos judiciales en contra. Uno de ellos, incluso, la suspende en forma completa, aunque el diputado kirchnerista Jorge Alvaro logró el 30 de diciembre que se postergue hasta febrero la notificación de esa resolución de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal. Así, el Gobierno puede actuar como si ese fallo no existiese.

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