El procesamiento confirmado para Amado Boudou en la causa Ciccone generó repercusiones en la oposición, mientras que en el oficialismo reinó el silencio y se reforzó el aislamiento al vicepresidente. Los opositores celebraron la decisión judicial, pero se mostraron mayoritariamente desalentados cuando se refirieron a la posibilidad de presionar por un juicio político contra Boudou.

Uno de los primeros en reaccionar ante la determinación de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó al vice al borde del juicio oral, fue Adrián Pérez. El diputado del Frente Renovador consideró que "es insostenible la continuidad de Boudou en el cargo e inadmisible el daño a las instituciones que significa su permanencia".

Pérez agregó: "La negativa del oficialismo en la Cámara de Diputados a habilitar la instancia del juicio político nos pone frente al triste espectáculo de un vicepresidente en ejercicio elevado a juicio oral por corrupción".

Además, el diputado cuestionó al Gobierno por cubrir a Boudou. "Debió haber renunciado antes o el oficialismo haber iniciado el juicio político que correspondía. Pero nada de esto sucedió por la decisión del partido de Gobierno de preservar sus intereses facciosos por encima de las instituciones de la República", afirmó.

Para Claudio Lozano, presidente del bloque de diputados de Unidad Popular, "el caso Ciccone es sólo una muestra de un proceso mayor". Remarcó que es ejemplo de "una matriz de corrupción institucional".

Lozano se mostró conforme con la decisión judicial y pidió que se investiguen en profundidad los negociados que, según su visión, se vinculan con la causa.

"Saludo que se profundice la investigación. Ya le acercamos al juez [Ariel] Lijo elementos que demuestran que las empresas vinculadas a Ciccone aparecen también en operaciones turbias de la Anses cuando la manejaba Boudou. Había un circuito de corrupción vinculado a la familia presidencial y operado por el vicepresidente", dijo a LA NACION.

Consultado sobre la posibilidad de que la oposición insista en el pedido de juicio político contra Boudou, Lozano consideró que sería inútil porque planteárselo al kirchnerismo "es ir contra un frontón".

Para el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, "no causa asombro" la confirmación del procesamiento del vice porque "no se puede tapar el sol con el dedo". No obstante, consideró que "lo llamativo es que el tiempo judicial ha acompañado al tiempo electoral".

En diálogo con este diario, Negri rescató los pedidos de juicio político realizados por la oposición, aunque nunca haya contado con los números necesarios para lograr que se aprobaran.

"Esos pedidos no estaban fundados en el número. Nunca se pensó que se podrían alcanzar los votos, se buscó siempre que el tema no se desvaneciera", consideró.

"Boudou es un cadáver político", sentenció la diputada de Pro Laura Alonso. "Tiene que dar explicaciones ante la Jusiticia y la sociedad", completó, en diálogo con LA NACION.

"No le voy a pedir que se tome licencia ni que renuncie, sino que se prepare porque vienen tiempos aciagos para él en Tribunales", señaló la diputada macrista.

Gerardo Milman optó por subrayar el aislamiento al que el Gobierno somete a Boudou. "Es la única expresión de poder sin candidatura. Le soltaron la mano y está andando el mismo camino que Milani", aseguró a LA NACION.

"Es ineficaz ir por el juicio político, aunque no está mal la insistencia. Lo que hay que hacer es esperar que una Justicia independiente se encargue de juzgar al vicepresidente por los delitos que, supuestamente, cometió", completó el director de la Afsca por la oposición.

Un mensaje por Twitter de Luis D'Elía fue lo poco que se pudo observar como atisbo de respaldo desde el kirchnerismo. El dirigente replicó un mensaje con foto de Boudou que había subido a esa red social Leonardo Cofré, que conducía un programa radial con él. "Soldado leal, el pueblo le agradece la AUH y la batalla que dio para recuperar la soberanía previsional", decía el tuit.

LOS OTROS CINCO PROCESADOS DEL CASO CICCONE

Son los personajes clave de la trama, que están acusados de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, cargos que ratificó ayer la Cámara de Casación Penal. Quedaron en la puerta del juicio oral, como el vicepresidente

JOSÉ M. NÚÑEZ CARMONA

Socio de Boudou

La Justicia consideró que,

junto con Boudou y Vandenbroele, utilizó la sociedad The Old Fund para ganar un millonario contrato con la provincia de Formosa y, luego, para quedarse con la imprenta Ciccone

NICOLÁS CICCONE

Ex dueño de la imprenta

Sus declaraciones ante la Justicia complicaron al vicepresidente, pero también terminaron por perjudicarlo a él, que comenzó el proceso como damnificado y ahora está acusado de haber sobornado a Boudou

A. VANDEMBROELE

Presunto testaferro

Para el juez Ariel Lijo está probado que intervino por orden del vicepresidente para comprar la imprenta. Utilizó la sociedad The Old Fund para desembarcar en la empresa

GUIDO FORCIERI

Ex jefe de Gabinete de Economía

El funcionario, que respondía al entonces ministro Boudou, fue nexo en las negociaciones que permitieron el levantamiento de la quiebra de Ciccone, a través de un plan de pago con facilidades inéditas

R. RESNICK BRENNER

Jefe de gabinete de la AFIP

El juez Lijo lo consideró responsable de negociar el salvamento fiscal de la empresa. Fue procesado por facilitar el plan de pagos que la AFIP concedió para levantar la quiebra de la imprenta

SOBRESEEN A MACRI EN UNA CAUSA PENAL

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Mauricio Macri, fue sobreseído en una causa penal en la que se investigaba su responsabilidad por las lesiones que sufrieron personas indigentes durante los operativos de desalojo realizados por la ex Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), hoy disuelta.El sobreseimiento fue dictado por el juez de instrucción Facundo Cubas y se extendió al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo. A pesar de ello, el magistrado procesó a varios ex miembros del organismo. Se les imputaban 17 casos de violencia contra gente en situación de calle.Macri había sido denunciado porque intervino en la creación de la UCEP, cuya misión era "mantener el espacio público libre de usurpadores y colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de mercadería de vendedores ilegales en el espacio público", según el decreto 1232/08. El juez consideró que "a pesar del término usurpadores, la norma prescribía que las vías para mantener el espacio público libre eran la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes".