La oposición no cede con la ley para evitar licitaciones

El oficialismo cambió el proyecto para evitar las licitaciones, pero no convence ni a legisladores ni a técnicos.
Pese a que sigue insistiendo, el Gobierno no logra convencer a la oposición legislativa de que apoye el proyecto que flexibiliza el procedimiento para realizar licitaciones públicas. La iniciativa es considerada esencial por el Ejecutivo para acelerar las obras públicas en este año electoral y ayer fue objetada por los bloques opositores y los colegios de profesionales. Incluso, algunos legisladores pidieron el archivo del texto.

El rechazo generalizado al texto oficial se produjo ayer por la mañana en la Comisión de Obras Públicas de Diputados. Como el gobierno de Celso Jaque ya había presentado un proyecto que fue resistido a principios de año por la oposición, el presidente de la Cámara, Jorge Tanús, hizo pública ayer una nueva iniciativa con cambios.

El proyecto original que salió de Casa de Gobierno pedía autorización a la Legislatura para que el Estado provincial y los municipios pudieran hacer obras públicas por menos de 7 millones de pesos, sin llamar a licitación pública. Tanús presentó otro texto donde bajó el techo a 2 millones de pesos para hacer infraestructura por medio de "contratación privada, concurso de precios o en forma directa".

El argumento oficial es que las licitaciones públicas demoran las obras y, por lo tanto, se pretende modificar la Ley de Obras Públicas (la 4.416). El legislador tomó el artículo 16 de esta norma y explicó que “las obras ahora son más sofisticadas y llevan más tecnología que en los 70, cuando se sancionó, por eso se justifica un cambio” (N. de la R: Decreto-Ley 4416 del 8-02-80).

En su texto, Tanús establece además que la empresa que realice una obra podrá también ocuparse de las ampliaciones, siempre que no supere el 50% de lo que cobró por la obra. “Muchas veces se licitan hospitales por parte y eso demora el proceso”, explicó el jefe de la Cámara.

Los opositores no tardaron en contestarle. “La preocupación principal que tenemos es que hay muchos municipios con presupuestos de 3 millones de pesos para infraestructura. Por lo tanto, con sólo hacer una llamada telefónica, le podrán adjudicar toda su obra pública a una empresa determinada que, además, podrá hacer las ampliaciones”, lanzó el cobista Alexandre Maza.

El legislador del ConFe es autor de un informe, junto con otros diputados de su bloque, donde constan los 50 pasos para hacer una obra pública. Según ese escrito, el proceso, desde que se toma la decisión de hacer un trabajo hasta que comienza la construcción, lleva hasta 240 días; el concurso de precios demanda sólo 15.

El diputado demócrata Roberto Pradines agregó: “Hacer 25 casas cuesta 3 millones de pesos. Por lo tanto, le darán un barrio a una empresa determinada, que no fue elegida en el proceso de licitación”. Para el legislador del PD, “el proyecto debe ser archivado”.

Además, el oficialismo propone que el Estado abone a las empresas el certificado de pago cada 30 días y no cada 60, como se hace hoy. La idea apunta a incentivar a las constructoras en un contexto de crisis. La diputada Amalia Monserrat, del ConFe, se opuso a este cambio con el argumento de que las empresas podrían parar los trabajos si no reciben el pago todos los meses. Tanús refutó este punto: “El Estado debe analizar antes si tiene presupuesto para hacer la obra, como se hace siempre”.

El registro que no existe

Para agilizar los plazos, otro de los cambios que pretende el oficialismo es poner plazos al Racop (Registro de Antecedentes de Obras Públicas) para expedirse sobre la capacidad de una empresa para hacer una obra. Tanús pretende que en 15 días corridos se pronuncie; de lo contrario la petición se considerará aceptada.

En medio del debate de la Comisión de Obras, el diputado Roberto Blanco (Concertación Plural) sostuvo que “el Racop no está en funcionamiento”. Esa aseveración fue convalidada por algunos empresarios de la construcción que se encontraban entre el público.

“No hay empresas inscriptas en el Racop, porque no funciona, aunque en Casa de Gobierno me digan lo contrario. Hay una ley de 2003 que estableció su creación, pero nunca se puso en marcha y el tema es grave, porque ese organismo debería garantizar la capacidad de las empresas para realizar obras y, además, hacer un control cruzado. Si una empresa ha hecho mal una obra en un municipio, alguien debería tener registro para que no se presente a trabajar en otra comuna”, expresó Blanco.

El oficialismo también pretende que el Consejo de Obras Públicas tenga un plazo determinado para dictaminar, que son diez días. El presidente del Consejo de Ingenieros y Geólogos, Alejandro Ortega, pidió, entre otros puntos “asegurar la calidad de lo contratado mediante el Racop y el Consejo de Obras Públicas”.

En tanto, el presidente del Colegio de Arquitectos, Gerardo Montaruli, rechazó el proyecto oficial e hizo una nueva propuesta. “Hay obras que tienen determinada complejidad y eso lo tiene que resolver un equipo. Por eso, en vez de que se contrate a profesionales a través de una locación de servicios, habría que usar la herramienta de concurso que sirve para agilizar la obra, ya que garantiza que esté bien realizada desde un comienzo. El problema es que hacemos obras que no están bien pensadas ni planificadas y por eso se demoran”.

Frente a todos estos cuestionamientos, Tanús prometió abrir el debate y pidió que la Comisión de Obras trabaje en los cambios. Pero el ánimo no es el mejor en el oficialismo: es que el propio Gobernador pidió a la Legislatura que el proyecto sea aprobado la semana que viene y parece difícil lograrlo.

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