La oposición apunta a los artículos más cuestionados de la norma

Advirtió sobre aquellos puntos que considera inconstitucionales. Y alertó sobre los riesgos que se plantean frente a una judicialización de la ley. Cuestionan al oficialismo por bloquear cualquier modificación al proyecto del Gobierno.
"Tendremos que hacernos cargo todos"

Ernesto Sanz UCR

El jefe del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, fue uno de los dirigentes que aseguró ayer que la aprobación de la norma derivará en una proliferación de planteos ante la justicia. "A partir de esta sanción va a haber mucha gente que se sentirá perjudicada. Las tachas de inconstitucionalidad y las violaciones a los derechos protegidos por la Constitución van a convertir en una ley litigiosa", alertó el legislador. Asimismo, indicó que "en el caso de que el Estado pierda los litigios, nos vamos a tener que hacer cargo todos nosotros como sociedad". El artículo que genera más dudas en términos jurídicos es el 161, la llamada cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva ley en el plazo de un año. "Han sacado una ley que no es una buena ley. Es una ley que está tan mal hecha que va a ser de muy dudosa aplicación", consideró Sanz y destacó que la aprobación fue "a libro cerrado" de lo que se había tratado en Diputados.

Por su parte, en diálogo con Clarín, el senador Freddy Martínez de Santa Cruz señaló que "hay varios puntos inconstitucionales como el de los derechos adquiridos, y son mucho los que van a ver vulnerados sus derechos"."El argumento que trajeron es que había que salir con una ley de la dictadura. Pero replican en el proyecto los peores artículos de la ley de la dictadura. Es el mamarracho más grande. Dejaron un artículo, el 161, que genera inseguridad jurídica y que es la clave para que los medios se reestructuren. Entonces van a ir a la Corte, a los juzgados inferiores, a las cámaras y el Gobierno va a perder y la ley no se va a poder aplicar", dijo a su vez Gerardo Morales, senador y titular de la UCR. Además, el rionegrino Pablo Verani le dijo ayer a Clarín: "Está ley esta sembrada de caminos alejados de la juridicidad, por lo que es posible que haya juicios en camino".

"Es también una ley autoritaria"

Adolfo Rodríguez Saá

El senador Adolfo Rodríguez Saá fue otro de los que apuntó que la ley viola a su entender el artículo 32 de la Constitución Nacional que señala que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezca sobre ella la jurisdicción federal". "Heredamos una costumbre y nos hemos acostumbrado a que tenemos que tener una ley autoritaria que nos maneja todo, que es la ley actual de la dictadura, que es mala porque es autoritaria, controla, no deja hacer, pero la estamos reemplazando por otro ley tan autoritaria como la anterior", señaló. Por su parte, Alberto Rodríguez Saá había indicado que "San Luis acudiría a la Corte Suprema planteando la inconstitucionalidad de todo lo que restringe la libertad". "Sobre derogar la ley de la dictadura estamos de acuerdo, pero habría que devolverle a las provincias facultades para actuar en defensa de la libertad de expresión", agregó

"Tiene gran imprecisión legal y técnica"

Fernando Iglesias CC

Desde la Coalición Cívica, tanto en Diputados como en Senadores hubo un rechazo unánime al proyecto de Ley oficial. "No puede haber jurisdicción federal sobre la libertad de prensa y es un proyecto inconstitucional porque la Constitución indica que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes y cuando una ley se elabora durante seis meses en foros sin legitimidad democrática, por gente que no fue elegida por nadie, lo que sucede es que se sanciona una ley por caprichos de los interesados", señaló el diputado Fernando Iglesias.

Asimismo, en diálogo con Clarín agregó ayer: "Creo que es posible que se avengan numerosos juicios. La Ley fue preparada a las apuradas y tiene una gran imprecisión legal y técnica además de ser violatoria de varios artículos de la constitución". Por su parte, Patricia Bullrich había manifestado que la ley generaba "una intervención sobre los contenidos, cosa que está absolutamente prohibido por la Constitución Nacional". "El Gobierno quiere su propio monopolio de amigos y ese es su único objetivo", enfatizó Bullrich

Comentá la nota