"¿Quién en la oposición se va a atrever a decirles no a dos millones y medio de jubilados?", desafiaba ayer un encumbrado diputado del oficialismo, tras escuchar los anuncios del presidente Mauricio Macri. Y, en efecto, nadie en la oposición criticó ayer la decisión del Gobierno de cancelar las deudas con los jubilados y reajustar sus haberes un 45 por ciento, todo lo contrario.

Pero lo que sí está dispuesta a discutir la oposición es la "letra chica": cómo el Estado prevé financiar semejante gasto sin poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema previsional.

El oficialismo dará prioridad -y celeridad- al debate de este proyecto de ley, no bien ingrese en el Congreso el martes próximo. Arrancará esa misma semana en las comisiones correspondientes, seguramente con la presencia de funcionarios, anticiparon fuentes del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados.

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"Es una medida histórica; el kirchnerismo va a tener que pedirnos perdón por acusarnos de gobernar para los ricos", se solazaban, ansiosos por cambiar el malhumor social que originaron los tarifazos, la inflación y el veto a la ley antidespidos. "Una reparación histórica, justa y voluntaria. Un acto de justicia luego de tantos años de injusticia", remató Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja.

La oposición no pondrá obstáculos en el debate legislativo, pero tampoco le dará cheques en blanco al Gobierno. Tanto el Frente Renovador, de Sergio Massa, como el Bloque Justicialista, una de cuyas espadas es el diputado y ex titular de la Anses Diego Bossio, observan con cierto recelo los mecanismos que prevé el proyecto de ley para garantizar el financiamiento de una medida cuya justicia histórica ninguno discute, pero -advierten- demandará un esfuerzo fiscal enorme.

De hecho, según fuentes oficiales, oscilará entre $ 47.000 millones y $ 55.000 millones para el pago de retroactivos, $ 75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y $ 2000 millones anuales para la actualización de los haberes de quienes se jubilen a partir de ahora.

Luces de alarma

Bossio fue uno de los primeros en encender la luz de alarma. "Estoy totalmente de acuerdo con el pago de las sentencias a los jubilados", enfatizó ayer durante un agasajo a periodistas parlamentarios. Pero rechazó de plano que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado con la estatización de las AFJP, para afrontar el pago de las sentencias y los reajustes previsionales. Sí, en cambio, sostiene que la ley habilita al Gobierno a utilizar las utilidades que genera el FGS.

"Hay que cuidar el FGS porque la Argentina se encuentra en una transición demográfica de población joven hacia la tercera edad. Hacer cambios estructurales en el FGS sería un retroceso", observó Bossio. Advirtió que el FGS es una "sábana corta" que tendrá menos recursos, porque dejará de retener el 15% que se les detraía a las provincias en materia coparticipación, y afrontará más gastos de stock (acumulación de sentencias impagas) y de flujo (reajuste de los haberes jubilatorios acorde al fallo de la Corte Suprema).

"El problema no es el stock, es el flujo", insistió.

"La única forma de hacer sustentable la Anses es incorporar cuatro millones de trabajadores registrados", opinó el legislador, contrario también a que el Gobierno venda las acciones que posee el Estado en empresas privadas. "Son el mayor activo que tiene la Anses" y no pueden ser objeto de una "timba financiera", sostuvo.

En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde. "Cualquier reparación histórica con nuestros jubilados es un acto de justicia social, pero sería importante impedir que el proyecto desfinancie el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del sistema con la venta de las acciones como se pretendería hacer. Los recursos deberán provenir del blanqueo de capitales o de rentas generales", enfatizó.

"Hacer justicia con nuestros jubilados actuales va de la mano con la necesidad de consolidar el FGS. De lo contrario, estaríamos trasladando incertidumbre y vulnerabilidad a futuro", advirtió Recalde.

En el Frente Renovador esperan a ver la letra chica de la iniciativa. "Estamos de acuerdo con que se paguen las sentencias a los jubilados y que se reajusten sus haberes. Esa fue una de nuestras banderas de campaña", sostuvo el diputado Marco Lavagna. "Pero -continuó- la clave es el financiamiento, por eso es fundamental acceder al detalle de la iniciativa primero".

"Vamos a apoyar todo aquello que beneficie a los jubilados , pero tenemos que ver la letra chica y ver cómo se va a financiar", sostuvo, por su lado, la diputada Mirta Tundis, del Frente Renovador, especialista en temas previsionales.

Las posiciones en cada sector político

Cambiemos

El oficialismo dará prioridad al debate del proyecto del Poder Ejecutivo y convocará a las comisiones correspondientes la semana próxima. "Es un acto de justicia, luego de tantos años de injusticia", expresó el diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos

Frente para la Victoria

El bloque que conduce Héctor Recalde está en contra de que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar el pago de las sentencias y el reajuste de los haberes jubilatorios. Los recursos deberán provenir del blanqueo de capitales o de rentas generales, dijo Recalde, para quien no deberían ingresar los funcionarios públicos al blanqueo de capitales

Bloque Justicialista

El ex jefe de la Anses y actual diputado Diego Bossio celebró la decisión de pagar las deudas jubilatorias, pero también es contrario al uso del FGS para financiar el proyecto anunciado por el Gobierno

Frente Renovador

El bloque de Sergio Massa respalda la medida del Gobierno pero quiere esperar a ver la letra chica de la iniciativa para conocer en detalle el financiamiento