Oportunidad para nuestros legisladores

En el Congreso hay proyectos más importantes que la ley de medios, por ejemplo, se debe tratar el proyecto de la Casa Rosada del Impuesto al Cheque. Votando en contra los legisladores tienen la oportunidad de ayudar a sus provincias, rectificando el criterio K, y realizar así, un aporte relevante a favor del federalismo y del desarrollo económico del interior del país.
En diciembre de este año dejan de tener vigencia los impuestos al cheque, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley por el cual se propone prorrogar su vigencia en los mismos términos que en la actualidad. Los legisladores tienen la oportunidad de rectificar estos criterios y, de esta manera, realizar un aporte muy relevante a favor del federalismo y del desarrollo económico y social.

Según un informe reciente la presión tributaria ha alcanzado niveles récord. Sin embargo, el problema no es tanto el nivel de presión impositiva (que llega al 32% del PBI, pero en los países avanzados supera el 38%) sino el tipo de impuestos que se aplica y el uso que se hace de los recursos fiscales. En este sentido, el sistema impositivo argentino tiene el doble defecto de ser muy regresivo y muy desalentador de la actividad productiva. Bajo estas condiciones, no debería sorprender los enormes niveles de evasión y elusión que prevalecen en las relaciones económicas y sociales, y el proceso sistemático de decadencia que sufre el país.

En diciembre de este año dejan de tener vigencia algunos de los impuestos más distorsivos del sistema tributario argentino. En concreto, a fines del 2009 vencen:

- El impuesto al cheque que recauda aproximadamente $20.000 millones de los cuales las provincias reciben sólo $3.500 millones.

- El impuesto a la ganancia mínima presunta que recauda aproximadamente $1.000 millones y se coparticipan a las provincias unos $600 millones.

- El impuesto sobre los bienes personales que recauda $4.000 millones de los cuales las provincias reciben unos $2.400 millones.

En total, estos tres impuestos generan aproximadamente $25.000 millones por año, o sea alrededor de 10% de la recaudación total. Fruto de la exacerbada centralización de los recursos públicos a nivel nacional, sólo un cuarto de estos impuestos es distribuido de manera automática a las provincias. Dado que de no mediar un acto legislativo estos tres impuestos dejan de tener vigencia a partir de enero del año próximo, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un proyecto de ley para prorrogarlos. La iniciativa no contempla cambios de fondo. Propone sólo la prórroga hasta el 2011 para el impuesto al cheque y hasta el 2019 para el de ganancia mínima presunta y a los bienes personales.

El impuesto al cheque desalienta la bancarización y con ello promueve la informalidad. En lo que va del 2009 la recaudación de este impuesto apenas ha aumentado un 4%, un valor muy por debajo de la inflación. Por eso, resulta muy recomendable transformar este impuesto en un pago a cuenta del IVA y del impuesto a las ganancias, como originalmente estaba concebido. Así se reducirán los incentivos a la informalización de las transacciones económicas y se promoverá una mayor recaudación de IVA y del impuesto a las ganancias. Obviamente que esto debería ser acompañado por su total incorporación en las reglas de la coparticipación federal de impuestos.

El impuesto a la ganancia mínima presunta, por su parte, desalienta la inversión ya que se aplica aun cuando las empresas no tienen rentabilidad. Estando vigente el impuesto a las ganancias, que no tiene este defecto, es la oportunidad de eliminar este impuesto de alto impacto distorsivo. Finalmente, el impuesto sobre los bienes personales es un típico tributo que debería ser administrado por las provincias. Prorrogar su vigencia implica mantener la irracionalidad de que por un mismo hecho imponible (por ejemplo, la titularidad de un inmueble), las familias estén sometidas a la triple imposición del municipio, la provincia y la nación. Si los legisladores nacionales eliminaran este impuesto dentro del sistema tributario nacional, se generarían las condiciones para que las provincias mejoren sus sistemas tributarios. En lugar de gravar manifestaciones parciales de riqueza, a través del impuesto inmobiliario y sobre la propiedad automotor, tendrán la posibilidad de aplicar un impuesto mucho más justo y progresivo y con mayor potencial recaudatorio.

Dado que es muy difícil romper con las inercias, el vencimiento de estos tres impuestos constituye una gran oportunidad para comenzar a modernizar la organización del sistema tributario y del sector público en general. En manos de los legisladores está la posibilidad concreta de rectificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo para hacer una contribución muy importante en la dirección de darle a la Argentina una organización verdaderamente federal y consistente con el desarrollo económico y social.

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