Opinion /

Guido Lagier - Agricultor

Entonces continuando con la historieta, (verdadera operabufa o tragicomedia) de la actual politiquería gobernante seudo democrática y federal argentina, degenerada por la ausencia de gente seria, honesta y representativa, tanto en los “partidos” como en los sectores productivos, para lo que debería ser la verdadera administración de la “cosa pública”, abordaremos el tema de fondo que trastorma todo proyecto de emprendimiento rentable, o continuidad de los ya establecidos: Los impuestos.

Pero los impuestos sobre los beneficios de cualquier actividad productiva, pilar este sobre el que se basa la economía de un grupo humano socialmente organizado, en aras del bienestar general de progreso socioeconómico.

Se entiende y se acepta que los representantes de los Partidos Políticos y de los sectores “productivos” y/o gremiales están compuestos de personas idóneas, inteligentes y reflexivas, perfectamente avaladas por esas entidades jurídicas representativas de base y dispuestos a asumir la responsabilidad cívica de los cargos públicos que conllevan al bienestar general. Claramente no nos referimos al saqueo que son actualmente las cargas públicas sin motivo ni razón que lo traban todo.

Este tema, hoy por hoy tiene variantes: 1) el enriquecimiento colosal de los funcionarios políticos que manejan las guita recaudada, sobre todo los de alta jerarquía, en base al manejo de esos fondos de los impuestos que el Tribunal de Cuentas no controla, 2) los criterios de gobierno sectario que utilizan los inútiles de la Cámara de Diputados y el prepotente Poder Ejecutivo, 3) el respeto (ninguno) de las “bases” legales de esos impuestos (de la Constitución para abajo), 4) la absoluta inercia y pasivismo de la ciudadanía afectada y de los sectores involucrados. Porque los impuestos, es decir el aporte que de un modo u otro deben hacer todos los ciudadanos que forman un grupo humano organizado y constituido en base de una Constitución (precisamente) ese aporte debe respaldar los gastos y solamente los gastos de una administración pública transparente que garantice paz, trabajo, instrucción, salud, caminos, con seguridad jurídica y personal. Actualmente no es el caso.

Los diputadillos se aumentan las dietas y sus jubilaciones porque les da la gana, también nombran a parientes y entenados para, a su vez individualmente, saquear una tajadita. El Ministerio de Economía manifiesta públicamente que les va a aumentar la carga impositiva al sector maderero (hoy en quiebra) porque…”tienen mucha plata”… (sic). Los vecinos urbanos pagan “alumbrado, barrido y limpieza” que mal existen y también los municipios del interior los trasladan al sector rural donde esos servicios no existen. Todos son intimados a pagar so pena de remate. En realidad los Poderes Constitucionales (Legislativo-Ejecutivo y Judicial) aspiran a perpetuarse en el “poder” gozando de la fresca viruta sin responsabilidad real alguna. La ciudadanía no es consultada y mucho menos tenida en cuenta para otra cosa que no sea pagar. El gobierno es un perdonavidas incapaz e insolente, que está convencido de su propia impunidad. Tanto es así que ese invento anticonstitucional de la “estampilla” interna con la prohibición de sacar yerba sin empaquetar está solamente desinada a aumentar los impuestos internos locales. En el resto del mundo se desgrava la instalación de industrias para facilitar la creación de fuentes de trabajo. Acá le ponen impuestos y así no vendrán.

Rigurosamente todos los resonantes proyectos de bienestar social que navegan (al garete) en los pasillos del Estado (nacional y provincial) y en las mefistofélicas mentes de la politiquería gobernante no son más que mecanismos destinados a recaudar los fondos (con destino personal) de la ciudadanía generalmente trabajadora y productiva. El solo ejemplo de "Ingresos Brutos", de la DGR señala la absurdez tiránica de la carga: yo trabajo productivamente pero por clima, peste o valores de mercando ¡no gano! Igual tengo que pagarle al Estado. Ni hablemos de la Ganancia Presunta de la DGI arbitraria e ilegal. Estas drásticas obligaciones de inscribirse en cuanto registro se pueda inventar están exclusivamente destinadas a mantener a gente que nada produce a costilla del productor que sin inscripción está fuera de la Ley.

Nuestros Estados prometen “plan” de esto o de lo otro con beneficios aparentes (pero no verdaderos), solamente para que el carpintero que hace sillas o el chacarero que produce mandioca se “anoten” y luego de registrado le apliquen el monotributo, ganancias, aportes (si no pagó no puede vender) o le pregunten a quién le compró la madera (para una silla) con qué pagó, en cuánto vendió, dónde está la factura (debe anotarse), qué hizo con la plata.

El Inym es un ejemplo de tiranía seudodemocrática estatal digna de Stalin; eso sí: a cuenta el Estado ya cobra el impuesto al cheque con que pagan al colono. No hay libertad de comercio, ni de trabajo, ni de nada.

Todo debe pasar por el control del Estado, para cobrar y mantener a sus políticos. Esos son los impuestos ahora. Las maestras mal pagas, las enfermeras cobrando migajas, la policía tiene orden de no intervenir por los Derechos del Hombre, y además cobran poco y se juegan la vida a cada paso. De la yerba mate o la madera hoy, para mañana ya se preparan registros obligatorios para el té, el tung, los citrus, el tabaco, etcétera. Y cuanta cosa imponible pueda surgir con el único objetivo de mantener un Estado elefantiásico donde actualmente 1 misionero cobra y 2 pagan. Se sabe hoy y para público conocimiento que para que el “sistema” funcione mínimamente tiene que haber 5 que paguen para 1 empleo público. Repito: estamos 2 a 1, no puede andar.

Rigurosamente ningún funcionario “docto” que jura “…cumplir y hacer cumplir…” las Constituciones (nacional y provincial) sabe que esos escritos constitucionales “limitan” claramente los montos de los impuestos legales y otras cargas que el ciudadano debe pagar pero esa carga no puede ser superior al 33% pues arriba es confiscatorio. Más grave aún: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la nuestra, la Argentina!) ha declarado solemnemente que la suma de los impuestos no debe superar el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto a gravar pues más es usura.

La Provincia de Misiones confirma una ley yerbatera que contradice y limita la constitucional libertad de comercio y de transporte dentro del país, es anticonstitucional. Esos seudo-funcionarios son delincuentes por comisión de no cumplir o por omisión de no estar al tanto y votar igual a favor del saqueo impositivo.

Pero no importa, además no puedo vender mi yerba verde o seca fuera de Misiones porque un idiota ignorante desconoce la Constitución que garantiza en todo el Estado Argentino la libertad de trabajo ni sabe que en nuestra Argentina no hay fronteras internas.

En nuestro país y en nuestra provincia los funcionarios están convencidos que es delito ganar dinero honestamente, y quieren reglamentar ese constitucional derecho, son delincuentes los que mafiosamente gobiernan. Los impuestos, en los países civilizados, son un aporte lógico y razonable que paga el ciudadano para justicia, salud y seguridad individual y jurídica. No es nuestro caso.

Ahora que el manotazo a las AFJP pintó claramente el cinismo gubernamental, cabe preguntarse si a todos los políticos que usufructan las famosas jubilaciones de privilegio les van a bajar los diez y ocho mil que cobran el alfonsete, el Carlos Saúl y sus antecesores, continuadores, amparados y cómplices.

Guido Lagier

Agricultor

Comentá la nota