Opinión - El juecismo ya votó el revalúo inmobiliario

Por Adrián Simioni

La suba de impuestos del intendente Giacomino estaba cantada en la forma como Luis Juez administró los recursos de la ciudad de Córdoba. Por Adrián Simioni.

Por estos días, la Argentina parece una colección de oportunidades perdidas. A todo nivel. Tal vez sea la inmediatez de la ciudad de Córdoba y de la crisis de su Municipalidad lo que contribuye a teñir todo con el color sepia de las cosas lindas que se podrían haber hecho mientras, sin que nos diéramos cuenta, llovían los recursos.

Lo llamativo es la cantidad de gente supuestamente responsable que no se da cuenta. Como el ex intendente de Córdoba Luis Juez, que por estos días se rasga las vestiduras por el revalúo inmobiliario que su sucesor, Daniel Giacomino, debió mandar al Concejo Deliberante para cubrir, precisamente, los desmanejos administrativos que le dejaron de herencia varias gestiones anteriores, en particular la juecista.

Juez y los concejales que lo secundan deberían darse cuenta de que al revalúo inmobiliario ya lo votaron, pero mucho antes y al menos en cinco oportunidades:

Lo votaron de hecho cuando no objetaron que Juez destinara el dinero que comenzó a recibir el municipio con la recuperación de la crisis en aumentos salariales, otorgados a cambio de nada ante el primer chistido del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Suoem).

Lo votaron de hecho cuando esquivaron el riesgo de encarar la licitación de un nuevo contrato para la recolección de la basura y prorrogaron el de Cliba, mientras dejaban que se acumulara una deuda hoy impagable.

Lo votaron de hecho cuando fueron incapaces de hacer que aumentaran o mejoraran los servicios que brinda la Municipalidad –lo cual sumaría un justificativo para el impuestazo–, cuya función primordial parece ser hoy la de cobrar dinero para después pagar sueldos y contratos a terceros que prestan los servicios. Con las muchas excepciones de médicos, enfermeras, maestros e inspectores municipales que, pese a ser funcionarios que prestan servicios importantes y relevantes, caen en la volteada que practicamos los vecinos cuando entramos a un CPC atestado de empleados abocados a trámites meramente burocráticos.

Lo votaron de hecho cuando inflaron la nómina salarial incorporando sin concurso a empleados y a contratados. La Municipalidad de Córdoba aprovechó como ningún otro municipio y más que la Provincia la reducción de personal que posibilitó la jubilación anticipada pergeñada por José Manuel de la Sota y que agrandó el déficit previsional con la ventaja momentánea de que lo pagaba la Nación. Pero después Juez volvió a llenar la planta con una cantidad de empleados similar o superior a la que se había retirado.

Lo votaron cuando esquivaron el costo político de aumentar impuestos, dejándole al que viniera la tarea desagradable de revaluar propiedades cuyo valor es el mismo que en 1993. Los ex intendentes Rubén Martí y Germán Kammerath tienen al menos la excusa de que sus gestiones (o la mayor parte de la suya, en el caso de Kammerath) transcurrieron en épocas de estabilidad económica, con lo que podrían argumentar que el valor nominal de las propiedades no evolucionó demasiado. Pero el juecismo se comió toda la inflación de los primeros años del siglo sin ajustar el valor asignado a los inmuebles.

Durante la gestión Juez los ingresos corrientes municipales prácticamente se multiplicaron por dos veces y media. El año 2003 había terminado con una recaudación de 370,9 millones de pesos. Juez asumió en diciembre de ese año. En 2007, el año en que dejó la intendencia, se recaudaron 906,2 millones. En 2007 los ingresos corrientes ya eran, medidos en dólares, los mismos que en 2001.

Es difícil encontrar excusas para explicar cómo, pese a esa suba, una ciudad ostensiblemente más rica (más allá de sus sectores de pobreza) que el promedio del país decreció o no creció en obras, limpieza, espacios verdes, más y mejores servicios, mejores calles, edificios históricos mejor cuidados (vale detenerse en la Casona Municipal cuando uno pasa al frente), cloacas. Si el juecismo considera que esa suba de ingresos era insuficiente para pintar las sendas peatonales, debería explicar entonces por qué no encaró el revalúo.

Derechos para hoy, obligaciones para mañana. Gobernar no puede limitarse a conceder derechos, a menos que Juez haya creído que gobernaba en un paraíso celestial donde no hay contrapartidas de esfuerzo alguno para conseguir lo que se busca. Es imposible, al mismo tiempo, conceder el derecho de un aumento salarial, conceder el derecho a que nadie le exija a nadie cumplir metas, conceder el derecho al empleo y, al mismo tiempo, conceder el derecho al vecino de que su impuesto al final desaparezca en términos reales gracias a la inflación.

Es lindo mientras dura. Y puede que beneficie políticamente al repartidor de derechos si, como Juez, tiene la suerte de que su mandato termine justo antes del estallido. Pero tantos derechos chocan entre sí. La colisión suele tener dos nombres: déficit fiscal o un brutal ajuste para evitarlo.

En eso está Giacomino, mientras Juez espera ser gobernador de Córdoba. Ojalá que, en caso de llegar a serlo, no aplique la misma teoría de la administración pública que usó en la Municipalidad. Es una teoría muy linda para catapultarse en lo político, pero deja el tendal cuando el responsable ya abandonó el cargo.

El más extremista, no el único. Como se puede ver ahora, en la crisis, la misma teoría fue aplicada en los últimos años por varios niveles de gobierno, aunque no a los extremos de Juez.

En la Nación, desde ya, se otorgaron derechos que, en definitiva, impidieron ahorrar cuando se pudo hacerlo e impiden hoy que el Estado cuente con recursos propios para volcarlos a una política de incentivación del consumo más contundente que las medidas anunciadas hasta ahora.

El ex presidente Néstor Kirchner concedió derechos a pagar un gas de red y una energía eléctrica que no cuestan lo que valen; a viajar casi gratis en trenes suburbanos y subterráneos porteños y en aviones de cabotaje; a pagar chirolas por el agua y las cloacas del Gran Buenos Aires; a recibir una jubilación sin haber aportado jamás y sin siquiera averiguar si el beneficiario tiene otros ingresos; a recibir subsidios y dinero para obras en los casos de intendentes y gobernadores alineados políticamente. Son sólo algunos ejemplos.

A diferencia de Juez, Kirchner impuso a otros obligaciones para solventar esos derechos. Por eso aumentó impuestos (retenciones a las exportaciones en el caso del campo; a las ganancias en el caso de empresas y trabajadores a los que no se les reconoció la inflación más que en forma parcial), estatizó fondos como los del sistema de jubilaciones por capitalización, forzó a retirarse a varias empresas a las que se les congelaron las tarifas, les fue recortando la tajada impositiva a las provincias o repudió a los prestamistas a los que les mintió la inflación para pagarles menos.

Pero hoy su sucesora necesitaría contar con fondos propios o prestados para incentivar el consumo y no los tiene. Necesitaría contar con empresas que confíen e inviertan y no las hay. Necesitaría una provisión de energía más regular, y tampoco.

A nivel provincial esto se vio en muy inferior escala. No fue tanto por virtud sino por imperativo de la realidad. La apropiación de la recaudación por parte de la Nación, tras la crisis, impidió a los gobernadores incursionar en festivales de cesión de derechos. Nunca llegaron a tener los fondos necesarios y siempre tuvieron a su cargo la prestación de los servicios más caros, masivos, dispersos y básicos que presta el Estado en el país.

Pero es casi seguro que lo hubieran hecho si hubieran podido. Como hizo José Manuel de la Sota antes de la crisis, que concedió el derecho a pagar un 30 por ciento menos de impuestos aunque eso terminara implicando un fuerte aumento de la deuda provincial.

Comentá la nota