Operativo fiscal Arba detecta complejo de oficinas declarado como baldío

Se trata de un complejo de oficinas sobre la ruta 27, que posee una declaración "irregular" y figura como baldío de características "rurales".
Hasta allí se dirigieron el viernes pasado inspectores de la Agencia de Recaudación, en el marco de una serie de operativos, que en días sucesivos también comprendió una serie de procedimientos de los que participaron 600 inspectores de Arba.

"A través del relevamiento y la tarea de fiscalización determinamos que el predio está figurando como un terreno baldío" informó en diálogo con InfoBAN Pablo Misuk, encargado de las operaciones de determinación catastral e impositivos.

El funcionario de Arba precisó que "de acuerdo a nuestras tareas de inteligencia previa determinamos que es un inmueble que está edificado, y donde se están desarrollando tareas, como de estudios, consultoras", cuando en los papeles se trataba de un terreno baldío "con características rurales."

Asimismo indicó que en la jornada de operativos "hemos encontrado otras construcciones en la misma situación."

Riviera Park, ubicado sobre la ruta 27 en el partido de Tigre, es un complejo de oficinas de 3800 metros cuadrados sobre una fracción de dos hectáreas y media, sobre la avenida Agustín M. García 8852 (ex ruta 27), a sólo unos pocos metros del Centro Comercial de Nordelta. Tiene fácil acceso a numerosos barrios cerrados de la zona, como Santa María de Tigre, Altamira, San Isidro Labrador, Marinas Golf, Boat Center, o Náutico Hacoaj.

Cerrojo impositivo en San Isidro y Vicente López

En este caso el organismo notificó deuda por más de 330 millones de pesos como parte del "Programa Torniquete Fiscal", uno de los componentes centrales del Plan Anticrisis 2009 - 2010 diseñado para sostener la recaudación tributaria de la Provincia. Un equipo de 600 inspectores de Arba realizó operativos cerrojo en San Isidro y en Vicente López, y notificaron deuda por $ 330.162.863, como parte del "Programa Torniquete Fiscal", uno de los componentes centrales del Plan Anticrisis 2009 - 2010 diseñado para sostener la recaudación tributaria de la Provincia.

De ese monto, $ 127.901.101 es por el no pago de los impuestos Automotor, Ingresos Brutos, Inmobiliario y Embarcaciones; y $ 202.261.762 se trata de deuda en etapa judicial.

En el caso de San Isidro se dio aviso a 2.390 contribuyentes de etapa prejudicial que no pagaron $46.690.921; y a 1.363 deudores que se encuentran en juicio por una suma total de $ 88.284.028.

En Vicente López, se advirtió a 1.910 ciudadanos que omitieron abonar distintos tributos por $ 81.210.180; y a 745 contribuyentes en etapa judicial por $ 113.977.762.

Los controles "Puerta a Puerta" realizados en 901 comercios de este distrito revelaron que el 39 % se encontraban en situación irregular, ya sea por falta de presentación de la Declaración Jurada o por no estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, se controlaron 570 operaciones comerciales y se labraron 18 actas de infracción.

Respecto al Impuesto Automotor, se controlaron 923 vehículos, y se labraron actas de infracción a 244 porque figuraban con una deuda total de $ 217.302 por el no pago de "la patente".

En el caso de San Isidro, se fiscalizaron 1.209 comercios, y se intimó al 28 % de ellos; mientras que se controlaron 1.007 operaciones de venta y se labraron 11 actas de infracción.

Entre los contribuyentes inspeccionados, se encontraban renombradas empresas: dos dedicadas a la venta al por mayor de productos alimenticios, dos que expenden fiambres, quesos y productos lácteos; una de matanza de ganado bovino y procesamiento de carne; una que comercializa calzado deportivo; y una importante firma que vende bebidas alcohólicas.

Para la selección de los contribuyentes, se tuvo en cuenta su envergadura, el nivel de riesgo fiscal, y su pertenencia a variados sectores de la economía. En tal sentido, y con el objetivo de detectar movimientos de fondos no respaldados por operaciones comerciales documentadas (operaciones "en negro"), se llevaron a cabo procedimientos de "arqueo" en los que se constató que las facturas, remitos o tickets cumplieran con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Paralelamente, y con fin de descubrir omisiones a partir del análisis de gastos en concepto de personal en relación de dependencia, se realizaron relevamientos de los trabajadores encontrados en las instalaciones de las firmas fiscalizadas, cotejando la información recabada con los registros correspondientes (declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social, recibos de sueldos, Libro de Sueldos Ley 20.744, y planillas de Jornada Legal, entre otros).

También se llevaron a cabo controles "de stock" y de "movimientos de ingreso y egreso de mercaderías", lo cuales permiten corroborar datos y dar con maniobras irregulares, en el caso de que sucedan.

Por último, en ambos distritos se realizaron dos tipos de controles de mercaderías en tránsito: por un lado se establecieron puestos en ruta donde se fiscalizó a los camiones de mayor porte que trasladan productos entre partidos distintos.

La segunda modalidad de control abarcó al transporte urbano de cargas dentro de cada uno de los partidos, y alcanzó a camionetas y utilitarios, a los cuales se les exigió la portación del remito electrónico.

Comentá la nota