OPDS: Autoconvocados de Campana vinculan la falta de digitalización con conductas corruptas

OPDS: Autoconvocados de Campana vinculan la falta de digitalización con conductas corruptas

El referente de Vecinos Autoconvocados de Campana, Raúl Quirino, dialogó con RADIO REALPOLITIK sobre las consecuencias de la negativa a digitalizar los expedientes del OPDS, el impacto que ésto puede traer aparejado para la seguridad ambiental y el crecimiento en la provincia de las grandes corporaciones en el negocio agroecológico. 

“El hecho de promover la digitalización, alentaba la posibilidad de acceder rápidamente a la información que se estaba volcando tanto en expedientes como en habilitaciones”, comenzó señalando Quirino.

Raúl Quirino, uno de los referentes históricos de Autoconvocados Campana, destacó que el estado en estas cuestiones conserva el monopolio de contralor, porque abre abanicos de negociados y corrupción. “Cuando el estado provincial decide clausurar el proceso de digitalización, es una noticia muy dura para la población, que es víctima de los atropellos empresariales, porque es una forma de perder el rastro a los responsables”, expresó. En el mismo sentido, Quirino agregó que “es más fácil perder una hoja de un expediente y es muy difícil perderla en un documento digitalizado”. 

Sobre la situación puntual de la ciudad en relación al negocio agro, mencionó que Campana es un territorio sometido a todo tipo de daño ambiental. “Perdimos el 51 por ciento del territorio que hoy está bajo dominios extranjeros, es un caso exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Este retroceso del gobernador Kicillof nos deja en una posición de indefensión ante enemigos poderosos y ricos”, declaró.

Un dato preocupante y que pone en evidencia la complicidad del estado y el negocio sojero es que en Campana, contó Quirino, “una jueza les redujo el área de protección de las fumigaciones de 1.000 metros a 30 metros. Los fumigadores tiraban el glifosato sobre los chicos que iban a la escuela”. De esta manera, Quirino y los Vecinos Autoconvocados de Campana sostienen que el negocio de la soja se conserva sobre la base de la impunidad de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que el marco normativo medioambiental vigente lleva acompañado un elemento fundamental que es la apertura a la información pública. “Si no tenemos esto estamos desguarnecidos y el poder político es el principal beneficiario. No hay negocio empresarial que no sea político-empresarial. Son decisiones de encubrimiento necesarias para los grandes grupos y las políticas que los sostienen”, manifestó. 

En referencia al colectivo que lleva el reclamo de la digitalización urgente del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, entre otras cuestiones, Quirino contó que los autoconvocados son un colectivo social de distintas preferencias políticas e ideológicas. “Yo observo que hay un consenso de los partidos mayoritarios que se traman a espaldas de las comunidades y los pueblos”, señaló. Asimismo, aseguró que las tendencias de izquierdas o social-demócratas no toman el tema de la protección de la seguridad ambiental como políticas propias. “El Frente de Izquierda las utiliza para quedar pegado a una foto nada más, pero en la práctica no hay militancia para la protección de las comunidades. Esas políticas sirven como sostén de los aparatos políticos, no tienen otra finalidad, no quieren quedar descubiertos”, remarcó. 

Quirino comentó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no los atiende y que no les queda otra opción que golpear las puertas del gobierno provincial para ser escuchados. Lo preocupante de la ciudad de Campana es que atraviesa una situación trágica en cuanto a la falta de protección medioambiental. “La ciudad tuvo un registro municipal de cáncer y cuando dio su primer veredicto en el 2005 lo clausuraron. Se ensayó la elaboración de un protocolo de enfermedades emergentes y no hubo posibilidad de acuerdos tampoco. Hoy tenemos un avance extraordinario de las corporaciones y en plena expansión”, remarcó. 

Por último, Raúl Quirino expresó que es nocivo anular instrumentos que tienen las comunidades para poder identificar a los responsables de los daños en el medio ambiente. “No vemos nada que haya cambiado de la administración de Vidal a la actual que proteja a la población”, concluyó.

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