Opciones para salir del escándalo.

Por Néstor O. Scibona.

En 1974, la pobreza en la Argentina alcanzaba al 8% de la población. Ahora, esa proporción se ubica entre el 25 y el 34%, según estimaciones privadas, aunque llegó a duplicarse durante el colapso de 2002.

Hace seis años, el PBI per cápita cerró un ciclo de tres décadas sin mostrar mejoras, después de que sucesivas crisis, con hiperinflaciones incluidas, dejaran un tendal de millones de pobres y excluidos, y acentuaran la desigualdad social. Pese al crecimiento récord del PBI y el repunte del empleo en el período 2003-2008, desde hace un par de años la situación social tiende a empeorar antes que a mejorar. Ciertamente, no hacía falta que el papa Benedicto XVI utilizara un adjetivo tan elocuente en la descripción de este cuadro, para advertir que la Argentina no le ha encontrado la vuelta al problema.

El mayor escándalo es que algo más de 1 de cada 10 argentinos pase hambre en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Algo debe de fallar en las políticas y en los políticos. Otro tanto ocurre con el hecho de que 4 de cada 10 trabajadores lo hagan en negro, lo cual los convierte en virtuales indocumentados laborales, sin acceso a jubilación, asignaciones familiares, salario mínimo, obras sociales, bancarización ni crédito para el consumo.

Sin embargo, la alerta papal podría ser muy útil si actuara como disparador de un debate que condujera al diseño de políticas de Estado para atacar este problema, en lugar de provocar reacciones defensivas o de indignación, como ocurrió la semana pasada. El nuevo escenario político que surgió de las elecciones del 28 de junio es propicio para que oficialismo y oposición se involucren en soluciones futuras.

En este marco, el gobierno kirchnerista no puede ser responsabilizado por un deterioro que lleva décadas. Pero sí por aplicar un enfoque autocrático que contribuye al problema más que a la solución. Tanto Néstor como Cristina Kirchner creen que la pobreza sólo se combate mediante la concentración de recursos en el Estado nacional y su redistribución discrecional con criterios clientelísticos de corto plazo. Fue una constante en los discursos presidenciales de los últimos años recitar cifras sobre gastos, subsidios o inversiones, pero sin explicar según qué prioridades u objetivos cualitativos. La concentración de poder no evitó otras contradicciones: los precios controlados de alimentos básicos y energía sirvieron para elevar el consumo de corto plazo, a costa de la producción futura. La ley educativa consagró la doble escolaridad, pero en la mayoría de las provincias no se aplica por escasez de fondos. La estrategia de apuntar al bulto falló, y no porque faltaran recursos. Hoy el gasto público se ubica en un nivel récord con relación con el PBI, lo mismo que la presión tributaria. Pero el fuerte crecimiento no tuvo como correlato una mejora equivalente de los indicadores sociales. Hubo más política con minúscula, que con mayúscula. Tampoco existió una articulación entre el sector público y el privado, ni un adecuado apoyo oficial a las numerosas organizaciones de la sociedad civil que buscan cubrir falencias estatales en los sectores donde predominan los punteros políticos.

Está claro que la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades no se erradican de la noche a la mañana; pero un debate estratégico ayudaría a acortar camino si incluyera ideas relegadas por no provenir del oficialismo. Juan Llach propuso tiempo atrás instalar escuelas ricas en zonas pobres. Ernesto Kritz, una suerte de monotributo laboral que permita blanquear trabajadores en negro de las pymes. Hace pocos días, Mario Brodersohn demostró que sería posible eliminar las retenciones al trigo y al maíz, bajar 5 puntos las de soja y girasol y simultáneamente, generalizar un subsidio de 150 pesos a todos los menores de 14 años (más de 10 millones de chicos y adolescentes, con contrapartida de escolaridad y asistencia de salud), sin afectar las cuentas fiscales. La financiación provendría de un replanteo de los actuales planes sociales y una gradual reducción de los subsidios a la energía y la producción agroindustrial con un horizonte de tres años. Aun así, el principal problema conceptual y político del kirchnerismo es creer que se puede combatir la pobreza con una inflación de dos dígitos anuales y, además, disimularla con estadísticas inverosímiles, que confunden el diagnóstico del problema y complican el tratamiento. Sólo en el cálculo de la canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, existe una brecha del 50-60% entre las estimaciones privadas de Fiel, SEL y Ecolatina (que registran montos de 1500 a 1600 pesos mensuales para una familia tipo) y la cifra oficial del Indec (1004 pesos).

La decisión de Boudou de crear consejos asesores para que monitoreen las mediciones del Indec (y, tal vez, extenderlo al FMI), supone tratar las estadísticas del organismo como un secreto de Estado al que sólo se accede por invitación. En realidad, se trata de información pública que pertenece a todos los argentinos y podría ser transparentada por medio de Internet como ocurría hasta que Guillermo Moreno se adueñó del organismo.

El espejo brasileño

Mientras el Gobierno se apresta a explorar la posibilidad de crear un Banco de Desarrollo a imagen y semejanza del poderoso Bndes de Brasil (la idea es fondearlo con los activos que la Anses recibió de las disueltas AFJP), sería interesante que repare en la experiencia de ese país en la lucha contra la pobreza bajo el gobierno de Lula.

Según una investigación televisiva realizada por el periodista y economista Diego Valenzuela, en los últimos cinco años el gobierno brasileño logró reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza por medio de una política de Estado que se apoyó sobre el plan Hambre Cero; un programa de subsidios (iniciado durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso) que se extendió a 11 millones de hogares indigentes, con contrapartida de escolarización obligatoria; formalización laboral; urbanización de favelas y creación de centros deportivos para alejar a los jóvenes de la droga. El plan original, apoyado por la oposición, preveía para 2015 bajar a la mitad el número de brasileños con carencias alimentarias, pero se logró seis años antes; en el ínterin, la producción de alimentos no dejó de crecer, al igual que la exportación.

Moraleja: tanto un banco de desarrollo exitoso como planes eficaces para combatir la pobreza, dependen de políticas de Estado sin vaivenes, que no tengan como único horizonte las siguientes elecciones.

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