El Ombudsman de Avellaneda presentó un amparo para frenar el aumento del gas

El Dr. Sebastián Vinagre se hizo eco de los numerosos reclamos vecinales por las excesivas subas en el servicio domiciliario. La medida cautelar, elevada ante el Juzgado de Garantías Nº 9 del Polo Judicial local, apunta a que se declare la «inconstitucionalidad del cargo tarifario».
El Defensor del Pueblo denunció que el Gobierno disfrazó de aumento tarifario un impuesto, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas, sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que controlará el ministro de Infraestructura Julio De Vido.

Los reclamos vecinales por los excesivos aumentos en las tarifas del servicio de gas domiciliario motivaron al Defensor del Pueblo de Avellaneda, Dr. Sebastián Vinagre, a presentar un recurso de amparo por la «inconstitucionalidad del cargo tarifario», ante el Juzgado de Garantías Nº 9 del Polo Judicial local.

Con un escrito de 27 páginas, Vinagre denunció que la maniobra se esconde en el decreto Nº 2067 firmado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fechado el 27 de noviembre de 2008, ratificado por la Resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación, y las Resoluciones 563 y 570 del Ente Regulador del Gas (Enargas).

En su presentación, el Defensor del Pueblo avellanedense describe que el Gobierno disfrazó de aumento tarifario un impuesto, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas -como correspondería a un aumento- sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que controlará el ministro de Infraestructura Julio De Vido.

La medida cautelar tiene como objeto que se declare «la inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta» del decreto y las posteriores resoluciones.

La demanda señala que «como si no estuviéramos frente a una suficiente arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo» al crear este «tributo encubierto», el decreto Presidencial autoriza a gravarlo con IVA. Y detalla que para que sea un aumento tarifario, como expone el Gobierno en el decreto, debería fundamentarse con un aumento en los costos de prestación del servicio o tener por finalidad constituirse en una contraprestación a cargo del usuario. El «cargo tarifario» es «una prestación de dinero exigida por el Estado con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines».

«En suma: el mal llamado «cargo tarifario» no es otra cosa que un tributo creado ilegítimamente por un órgano del Estado que, según nuestra Constitución Nacional, no tiene facultades para hacerlo, y que además, el mismo resulta desproporcionado e irrazonable, puesto que la mayoría de los casos supera el costo de la tarifa del servicio, en virtud de lo cual resulta confiscatorio de la propiedad de los usuarios y consumidores de gas natural por redes», advierte Vinagre.

Además, la denuncia detalla otras violaciones que se estarían produciendo por su imprevisibilidad e incluso «su aplicación retroactiva a consumos efectuados con anterioridad», vulneran el artículo 42º de la Constitución Nacional. Según el anexo I de la Resolución 570 del Enargas, se reglamenta el nuevo cuadro tarifario con vigencia a partir del 1º de noviembre de 2008. Esto es, prevé «la vigencia retroactiva de las nuevas tarifas de la licenciataria».

En tanto, el artículo 4º de la Ley 24.240 establece la obligación de los proveedores de servicios públicos de informar adecuadamente a los usuarios «en forma cierta y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente» sobre las condiciones de la prestación. Entre ellos, claro está, ocupa un lugar primordial el «precio que pagarán por la utilización del servicio».

Asimismo, el Ombudsman de Avellaneda solicitó a la empresa Metrogas aceptar el pago de facturas excluyendo el aumento hasta que se resuelva el asunto por vía judicial y que se abstenga de efectuar cortes del suministro de gas.

«A diferencia de lo que pasó con los aumentos de la electricidad, donde se planteó castigar a quienes más consumieran estableciéndose míseras y arbitrarias excepciones (…) no se trata aquí de reducir el consumo de los aires acondicionados, apagar las computadoras o cambiar las lámparas por otras de bajo consumo - cierra el escrito del ombudsman de Avellaneda - El gas residencial se utiliza, únicamente, en estufas y cocinas, es decir, para enfrentar el frío y cocinar los alimentos. En consecuencia, poco o nada puede reducirse su consumo», expresó el Defensor del Pueblo de nuestra ciudad.

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