Olivos impone límites a las protestas piqueteras

Olivos impone límites a las protestas piqueteras
El matrimono presidencial está decidido a moldear las manifestaciones que se organizan en su contra en reclamo de planes sociales. Sólo permitirá marchas, pero no bloqueos ni tomas.
El Gobierno decidió criminalizar la protesta social. Por orden del jefe de Gabinete, la Policía Federal denunció penalmente al dirigente piquetero Juan Carlos Alderete porque amenazó con bloquear las veinte ciudades más importantes del país en caso de que la Casa Rosada incumpla con el pago de los nuevos planes sociales, el ingreso universal y Argentina Trabaja. "Están poniendo límites. Se permite la manifestación, pero no las tomas, ni los bloqueos", confiaron desde el Ejecutivo.

Aníbal Fernández dispuso que la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de la PFA denuncie por "coacción agravada" al líder de la Corriente Clasista y Combativa. La causa recayó en el juzgado Federal 11 que está a cargo de Claudio Bonadío.

"No puedo creer que un funcionario tan importante pierda tiempo y le dedique tanto esfuerzo a lo que yo haya dicho. Debería ocuparse de los verdaderos problemas de la sociedad", respondió Alderete. "Me persiguen porque no soy kirchnerista. Pero no nos van a romper ni nos van a cooptar", agregó en diálogo con este diario.

La amenaza que había vertido la CCC estaba ligada al atraso en el pago de los salarios de unos dos mil beneficiarios del programa nacional que terceriza trabajos de obras públicas en cooperativas. "Si nos dan un cronograma de pagos, cambiamos la modalidad de la protesta", intentó componer Alderete.

La apertura del expediente judicial no fue una resolución aislada. Desde que estalló el conflicto de los trabajadores de la ex Terrabusi a fines de septiembre –que desembocó en una jornada de represión policial–, el matrimonio presidencial intenta diagramar un esquema que le permita dominar las demandas sociales que ganan la calle. En especial, pretenden contener a las organizaciones sociales que no puede controlar y que son capaces de desestabilizarlos por izquierda. En ese capítulo se inscribe el conflicto de los trabajadores del subte que reclaman la inscripción de la personería gremial de su sindicato y que ya consiguieron paralizar a la ciudad de Buenos Aires. En las últimas 48 horas, el Ministerio de Trabajo consiguió un acuerdo por un año con ese sector.

Pero el Gobierno aún no consigue "ordenar" la protesta callejera. El plan Argentina Trabaja, que prevé una retribución de 1.300 pesos para cada obrero organizado en las nuevas cooperativas que impulsa el Gobierno, está generando una batalla campal entre los intendentes del conurbano y las organizaciones sociales por el control de esa caja.

"Estoy en contra, siempre y en todos los casos, de la judicialización de la protesta social. Alderete y Aníbal tuvieron durante muchos años la mejor de las relaciones. Me gustaría que la sigan teniendo", analizó el dirigente Luis D’Elía ante Crítica de la Argentina.

En el Ejecutivo temen que el humor social se enrarezca en las próximas semanas por la frustración de los sectores que no logren sumarse a la fiebre del consumo de fin de año. Es por eso que aceleró en noviembre la implementación de los planes sociales con los que pretenden volcar en un mes más de 1.700 millones de pesos en los bolsillos de las familias más necesitadas. A eso se sumó esta semana el anuncio de una pago extraordinario de hasta 350 para los jubilados y pensionados.

En Olivos creen que con todo ese dinero podrán encarrilar la protesta social por los andariveles que ahora consideran aceptables: movilizaciones, pero no cortes de calles ni tomas de locales comerciales. Claramente, los Kirchner no quieren agitar los fantasmas de otros diciembres ni alterar el humor del resto de los votantes, que se ofuscan con las paralizaciones del transporte.

"Pero no todos van a cobrar. Los indocumentados, que son precisamente los más desprotegidos, no pueden ingresar a los planes", advirtió Alderete. El vocero oficialista D’Elía también cargó contra la implementación de los nuevos programas gubernamentales: "El plan Argentina Trabaja se está manejando mal. No se permite a movimientos sociales armar cooperativas. Los intendentes tienen derecho a armarlas y nosotros también. Pero puede haber una solución".

Nada "universal"

Unos dos millones de niños y adolescentes de los sectores más pobres de la sociedad quedarán, por ahora, sin recibir la asignación universal por hijo anunciada por el Gobierno, ya que carecen del documento nacional de identidad.

Así lo reconocieron a Crítica de la Argentina fuentes de la ANSES, que argumentaron que la exigencia busca motivar la inscripción de las personas indocumentadas. Muchos son extranjeros que viven en la Argentina.

En la ANSES, a su vez, ratificaron que el 1 de diciembre comenzará a pagarse a quienes concluyeron los trámites de inscripción hasta el 15 noviembre. Recibirán una tarjeta de débito para comprar alimentos.

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