Oliva descartó nuevas modificaciones en la masa salarial

.- El secretario de la Función Pública de Río Negro, Carlos Oliva, consideró hoy como "imprudente" cualquier posible aumento en la masa salarial provincial en tanto no se produzca un incremento en los ingresos genuinos de la hacienda pública.

En tal sentido, el funcionario provincial remarcó que "sabemos la importancia del deterioro de los haberes por efecto de la inflación, pero en las condiciones económicas actuales de la Provincia no se puede modificar la masa salarial del sector público".

En este maco, Oliva sostuvo que "es innegable que durante la gestión actual se produjo una recuperación muy importante de los salarios estatales, acompañada de un estricto cumplimiento en las fechas de pago. Esto no sólo fue posible por una decisión del gobernador Miguel Saiz al respecto, sino que también por una mayor actividad económica que incrementó los recursos públicos".

Agregó que "el deterioro de estas variables, originado por la crisis financiera internacional, la sequía que afectó al sector productivo y la pandemia de la gripe porcina que sobrecargó los servicios sociales y de salud, afectando también en forma inusitada la actividad económica, en especial el turismo, provocó que los ingresos públicos se vieran fuertemente afectados, con un incremento con respecto al año anterior que ronda el 8%, cifra que no cubre ni siquiera el efecto inflacionario".

"Si tenemos en cuenta que la masa salarial del presente año, suponiendo que no haya ningún incremento en relación a los haberes erogados en junio, ascenderá a la suma de 1.834 millones de pesos y la ejecutada en el 2008 por el mismo concepto fue de 1.536 millones, resulta un incremento interanual del 19,4%; que en términos absolutos representa 298 millones de pesos más", recordó.

El titular de la Función Pública aclaró que "de este incremento, la mitad corresponde al efecto de la anualización de los aumentos otorgados durante el año 2008 y el otro 50% se origina en el incremento salarial dispuesto para este ejercicio (aumento de asignaciones familiares, incremento de sueldo, promociones e incorporación de personal)".

"Resulta evidente que más de 150 millones de pesos de la partida salarial no tienen correlato en una mayor recaudación y deberán ser afrontados con un ahorro y la consiguiente reasignación presupuestaria", remarcó el funcionario.

Sostuvo en tal sentido que "esto es fácil de enunciar, pero es complejo de llevar a la práctica, pues los rubros que se podrían ajustar son los gastos de funcionamiento y la obra pública y los primeros crecen automáticamente por la inflación y en el caso de los servicios sociales y hospitalarios aumenta su demanda por la misma crisis y disminuir en demasía la obra pública es profundizar la recesión y afectar a otro sectores de la actividad privada".

"Es por ello que ante la orden del Gobernador de priorizar el pago de salarios no sólo para cumplir con dicha obligación sino también para no provocar una mayor caída del consumo, que tendería a repotenciar la crisis, se adoptaron medidas como la readecuación del presupuesto provincial a la nueva realidad económica, la creación del fondo unificado de cuentas -que no sólo permite un mayor financiamiento sino que también disminuyen los gastos por sobregiro bancario-, y un estricto control de todo gasto no imprescindible", subrayó Oliva.

Rescató el secretario de la Función Pública que "esto permitió además de sostener la inversión y los servicios esenciales, atender el pago de los salarios, aunque con demora en la primera cuota del SAC de este año, sobrellevando de esta manera, una crisis internacional sin precedentes, sin atrasar los salarios, sin pagar en bonos, sin despidos y tratando siempre de priorizar a los de menores ingresos".

Agregó que "aparentemente la crisis tiende a atenuarse y se avizora una recuperación para el cuarto trimestre, por lo que no sería conveniente comprometer ningún aumento en los gastos sin contar con el correlato de incremento de los recursos públicos en la misma magnitud, pues caso contrario se podría romper un frágil equilibrio que nos retrotraería a una situación de imprudencia fiscal con consecuencias negativas, como muchos empleados públicos ya vivieron en su oportunidad".

"Precisamente apelamos a ellos, más allá que sabemos la importancia del deterioro de sus haberes por efecto de la inflación, para hacerles saber que no es que no se quiere sino que no se puede modificar la masa salarial del sector público; y que apenas las condiciones lo permitan se continuará con la política salarial implementada a partir del año 2005, que representó un incremento de los haberes del 238% muy por encima a la inflación real que se verificó en dicho período", sostuvo finalmente Carlos Oliva.

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