Olga Pura Arrabal: "La política me es ajena; yo me hago cargo del Derecho"

La magistrada federal que suspendió la vigencia de la ley negó estar involucrada con sectores empresariales y políticos tal como la acusaron desde el oficialismo en relación con el grupo Vila-Manzano y el vicepresidente Julio Cobos. Quienes apoyan la norma confirmaron que la medida será apelada antes de fin de año.
La medida cautelar dispuesta por la jueza federal Olga Pura Arrabal suspendiendo provisionalmente la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, será apelada antes de que llegue el 2010.

De esta manera, el sector pro Ley de Medios, encabezado por el kirchnerismo, pedirá por dos vías la suspensión de la medida precautoria dicatada el 21 de diciembre pasado. El primero en solicitar la nulidad será el diputado nacional (FPV) Jorge Pampa Álvaro como una forma de desafiar a su par del justicialismo disidente y cobista Enrique Thomas –promotor de la causa– y defender la flamante ley. En este caso, Álvaro será representante del Ejecutivo nacional que por estas horas esgrime los argumentos de la apelación que el legislador mendocino presentará en la Cámara federal.

Para reforzar la iniciativa del oficialismo y en defensa del trabajo de las diversas organizaciones que bregaron por la sanción definitiva de la nueva ley, la abogada Angélica Escayola también apelará el fallo de Pura de Arrabal en sintonía con el diputado nacional. "La intervención es en defensa de la norma teniendo en cuenta el beneficio colectivo al derecho de la información", explicó la letrada, quien aclaró que la apelación se pedirá antes del 30 para evitar la feria judicial.

la voz de la polémica. Esta mañana, diferentes sectores que apoyan la norma, se congregaron en Tribunales federales para repudiar la decisión de Arrabal. Así, asistieron representantes del movimiento intelectual Carta Abierta, de diversas radios comunitarias, como La Mosquitera y Cuyum, y diferentes grupos políticos de la Universidad Nacional de Cuyo.

Más tarde y en conversación con El Sol, la jueza de la polémica dio su explicación del fallo que suspende provisionalmente la Ley de Servicios Audiovisuales.

"En realidad es una decisión que parte de una denuncia que realizó el legislador nacional Enrique Thomas sobre vicios en el procedimiento para aprobar de la ley", comentó la jueza, quien minuciosa con emitir opiniones, agregó: "La política me es ajena; yo me hago cargo del Derecho".

De esta manera, la magistrada federal negó estar involucrada con sectores empresariales y políticos tal como la acusaron desde el oficialismo en relación concreta con el grupo Vila-Manzano y el vicepresidente Julio Cobos.

Con respecto a la apelación que se hará de su decisión y de las manifestaciones en repudio de la medida jurídica, Arrabal explicó: "Lo reconozco como un derecho republicano de peticionar ante las autoridades", y agregó: "Cuando el juez resuelve por una petición concreta, siempre queda la otra parte que es la que se siente perjudicada". Acostumbrada a las críticas, la magistrada dijo estar en un cargo "difícil" tanto para una mujer como para un hombre por lo que se maneja con tranquilidad.

Sin embargo, expresó que hay algunas actuaciones que no están respaldadas con información certera. Esto en referencia a que la jueza fue criticada por fallar en el 2008 para que no se emita la señal nacional de Canal 7 la Televisión Pública. "Yo no suspendí la emisión, lo que dispuse es que se transmitiera por otra frecuencia porque interfería con la señal de Canal 7 de Medoza".

Ahora, la magistrada espera por el informe que se le pidió al Ejecutivo nacional sobre el proceder de la reglamentación de la ley ya que es uno de los puntos cuestionados por Thomas.

"chicana judicial". El fallo de la jueza mendocina se sumó a otros dos dictados en Capital Federal y en Salta que determinan la suspensión de algunos artículos de la Ley de Medios, entre ellos el plazo de desinversión que deben cumplir los grupos empresarios y que queda esbozado en el artículo 161.

El accionar de los jueces federales fue calificado como "chicana judicial" por representantes de diversas organizaciones que apoyaron la sanción de la norma. "Esta ley ha sido discutida y aceptada democráticamente por la sociedad por lo que no es justo que una sóla persona –por Arrabal– ponga límites a su plena vigencia", dijo el doctor y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Follari.

Por su parte, Pampa Álvaro, cargó contra Cobos porque, según dijo, "es un hombre que juega su propio partido y porque está demorando la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales".

"No quiere firmar la resolución que designa a dos senadores nacionales como parte de la comisión reguladora que suplantará al Confer", aclaró el legislador, quien además opinó sobre el accionar de Thomas, de quien dijo: "El 3 de septiembre estuve sentado en el programa Opinión de Canal 9 con el señor Thomas quien expresó estar de acuerdo con la ley y donde sólo cuestionó la participación de las telefónicas. Ese ítem se cambió y ahora viene a denunciar otros puntos de la ley", relató el diputado nacional quien pidió coherencia y decencia en la política.

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