En la actual comisión directiva se mezclan jóvenes profesionales con algunos más experimentados. El perfil de los nuevos dirigentes es darle a la entidad un rol más activo en las cuestiones sociales que afectan o preocupan a los vecinos. En ese tren, ya han entrado en contacto con otras instituciones, por ejemplo, con el Consejo Escolar para brindar charlas destinadas a adolescentes.

Y en el ámbito de la cosa pública, desde la asociación se metieron en la polémica que genera hace un par de meses la Tasa de Prevención Ciudadana. Le pidieron al Intendente que suspenda el cobro y fue el secretario de Seguridad quien salió al cruce de sus colegas.

No hay que ser demasiado intuitivo para captar los resquemores que existen

entre el expresidente de la entidad Atilio Della Maggiora y las nuevas autoridades. Basta remontarse a las elecciones de la asociación. Aparentemente, la actual comisión directiva presentó su lista cinco minutos antes de que cerrara el plazo y el oficialismo “se durmió” en la creencia de que no encontraría competencia interna. De ese modo, los doctores Gastón Argeri y Guillermo Luis Desiate quedaron al frente.

Cuentan por los pasillos de Belgrano al 400 que la antipatía del funcionario a cargo del área de seguridad del Municipio quedó en evidencia el mismo día en que las flamantes autoridades de la Asociación de Abogados de Tandil se presentaron en el despacho del jefe comunal para el saludo protocolar y entablar una primera conversación. En ese momento, el intendente Miguel Lunghi -en uno de esos días en los que no anda con vueltas- les dijo: “Ah, ustedes son los que le cavaron la fosa a Atilio”.

LA FIRMA DEL AMPARO

Esta semana llovieron los reclamos en la Justicia para frenar los tarifazos en servicios esenciales como el gas y la electricidad. Surgieron en simultáneo con las primeras facturas que iban llegando a las casas de los tandilenses y que mostraban números exorbitantes, de esos que logran cambiar el humor de los más optimistas.

En ese marco, el primer amparo que se presentó al Juzgado Federal de Azul lo impulsó el doctor Santiago Romay. Aunque el letrado buscaba que el beneficio alcanzara a todos los tandilenses y vecinos del Departamento Judicial de Azul, lo tuvo que impulsar a través de un particular y luego pedirle al Ministerio Público Fiscal que reclamara una sentencia con alcance colectivo.

Antes de optar por esa opción, el abogado llamó a distintas entidades para ofrecerles que firmaran el amparo. Es decir, les proponía sus servicios en forma gratuita, buscando mitigar el impacto de los tarifazos para toda la ciudadanía.

En estas gestiones se enteró de distintas situaciones, como un complejo de una cabaña que el año pasado recibió 2.100 pesos de gas por el consumo en el mismo período que ahora le facturaron 28 mil.

Romay se mostró molesto porque a pesar de estas situaciones que fue conociendo durante su inquietud de patrocinar ante el amparo, ninguna entidad o institución se animó a avanzar con el pedido a la Justicia.

BUENAS CHARLAS CON SCIOLI

Luego de que se hiciera pública parte de la denuncia que la diputada Elisa Carrió realizó contra Daniel Scioli por presunto lavado de dinero, el móvil de El Eco Multimedios le preguntó al Intendente si lo había sorprendido la reciente noticia.

Ante el micrófono de Beatriz Leonardi, el jefe comunal afirmó que “he tenido un buen trato con Scioli en el tiempo en que lo he conocido, no lo voy a desconocer ahora”.

Y en el marco de la acusación de la dirigente de la alianza Cambiemos, Lunghi describió que con el exgobernador “hemos tenido muy buenas charlas. Siempre me ayudó. Nunca hablamos de sus cosas privadas, bajo ningún punto de vista”.

Por último, el pediatra consideró que Carrió y Scioli “tienen la Justicia, tanto uno como otro, para resolver el tema. Hoy estamos todo denuncias, esperemos que las pueda explicar”.

Lo que no dijo Lunghi -o tal vez aún desconocía- es que podría ser citado como testigo en la causa, a partir de las reuniones que ha mantenido con el exmandatario bonaerense en una de las estancias que aparecen en la denuncia.

EXTRAVIO EL PETITORIO

En oportunidad de realizarse la marcha de las frazadas, cuando los manifestantes arribaron a la Municipalidad, estaba previsto que se entregara un petitorio con más de 7 mil firmas al intendente Miguel Lunghi. En el mismo exigían que se retrotraiga el tarifazo de luz y gas.

No obstante, el jefe comunal salió con sus funcionarios, pero no se le hizo entrega de nota alguna. Incluso, la máxima autoridad local se quedó como esperando…

Más tarde, cuando los periodistas le hicieron una nota a Rody Cachela, uno de los organizadores de la movilización, le preguntaron por qué no se entregó el petitorio. En ese momento, confió que “en el revoleo y con tanta gente se nos perdió”. Sin hacerse problema, dijo que “igual el Intendente entendió el pedido de la gente”.

DISTINTO CONTEXTO

El Intendente se dijo preocupado ante el feroz aumento tarifario, especialmente del gas, en el marco de la marcha de las frazadas que se replicó este martes en Tandil, al igual que en otras localidades, con buena concurrencia.

En respuesta a un contundente reclamo de los manifestantes para que interceda y avance en una solución, ratificó las acciones impulsadas para lograr la recategorización de Tandil y la suspensión del aumento hasta tanto se resuelva el pedido ante el Enargas y el Ministerio de Energía de Nación. En definitiva, prefirió avanzar por la vía administrativa antes que por la judicial.

Para ello se respaldó en los amparos presentados en Mar del Plata y en La Plata, que tuvieron resultados adversos.

Sin embargo, en esta instancia del debate muchos recordaron aquella acción de amparo que el Municipio presentó en septiembre de 2014 por el aumento del gas.

Por aquel entonces el secretario Legal y Técnico, Atilio Della Maggiora, y la responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Marcela Vairo, hicieron la presentación en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Azul, a cargo del doctor Martín Bava.

Como se informó, el amparo conllevaba una medida cautelar para la suspensión de la aplicación de la Resolución 226/2014 y las dictadas en su consecuencia por la Secretaría de Energía, y las resoluciones 2844/2014 y concordantes del Enargas, que fijaban un nuevo cuadro de aumento tarifario.

La presentación sostuvo la “inconstitucionalidad de las resoluciones en tanto afectan a la Constitución Nacional, a la Ley 24.076 y a la Ley 24.240, con aumentos irracionales y desmedidos, fundados en resoluciones ilegítimas de aplicación retroactiva, sin respetar el derecho a la información de los usuarios, ni el trato digno y equitativo de los mismos en contra de las garantías de raigambre constitucional y leyes, todas ellas de orden público, que se vieron violadas con la serie de resoluciones dictadas por el Estado nacional”.

Las críticas llegaron enseguida, de aquellos que presentaron los tres amparos para frenar el nuevo tarifazo del gas. Todos coincidieron en que la OMIC no mantuvo la coherencia porque ahora el lunghismo está alineado en el frente Cambiemos.