El gobierno de Mauricio Macri prepara una batería de leyes, decretos y sistemas de inteligencia fiscal para profundizar la batalla contra la oposición en el debate por la transparencia, la corrupción y los conflictos de intereses. La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, analiza impulsar la autonomía y la autarquía del organismo.

 

De esta manera, la OA podría pasar a tener el mismo rango que la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Seguiría dentro del Poder Ejecutivo, aunque se evalúa que el presidente nombraría a su director, pero con acuerdo del Senado.

Podría mantenerse dentro de la órbita del ministro de Justicia, Germán Garavano, o pasar a la Presidencia o la Jefatura de Gabinete. "Debe seguir en el Poder Ejecutivo, porque para el control de la oposición está la Auditoría General de la Nación (AGN). Lo importante es la autonomía y la autarquía, su propio presupuesto", señaló a LA NACION un allegado a Macri.

Antes que ello, la OA tiene en proceso la redacción de un manual de ética pública para funcionarios y empleados del Estado que se publicará antes de fin de año y en dos meses prevé una campaña de afiches en todas las oficinas con las pautas y los deberes éticos de todos los agentes, según la ley de ética pública. Macri redobló la apuesta por la transparencia luego de la crisis desatada por el acuerdo del Estado con el Correo Argentino, del grupo Macri, y el otorgamiento de rutas a Avian Líneas Aéreas, empresa que compró hace un año a la aerolínea MacAir, también de los Macri.

Para salir de ese acorralamiento, el jefe del Estado le reclamó al Congreso el miércoles último sancionar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que sanciona a sociedades, empresas, ONG o asociaciones (no sólo a personas físicas) que cometan delitos de corrupción.

Y anunció dos decretos para evitar conflictos de intereses del presidente, vicepresidente y ministros en juicios contra el Estado y en compras y licitaciones. Las empresas deberán informar esos vínculos con quienes tienen poder de decisión. La OA trabaja contra reloj y Alonso convocará la semana próxima a ONG y a entidades civiles para discutir el texto final, que debería firmarse en menos de un mes.

Pero hay más medidas en marcha. La OA crearía un mecanismo de control ético previo para la designación de todos los ministros. Se conformaría además un régimen ético especial para directores de empresas del Estado. También prepara un sistema informático de control e inteligencia para cruzar declaraciones juradas de 45.000 funcionarios con todas las bases de datos.

El titular de Modernización, Andrés Ibarra, avanza en la publicación por Internet al público de los procesos de compras, contrataciones y licitaciones de insumos y de obra pública en el Estado.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a través de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, creará en un año la Agencia de Acceso a la Información, prevista en la ley sancionada en 2016. En mayo, los pedidos de acceso se podrán cursar y responder por internet. Ese organismo estudia además un proyecto de ley para elevar el rango del registro de audiencias que ya existe, para dejar constancia de todas las reuniones de gestión de intereses (lobby) que suelen tener el Presidente y los ministros con empresarios y ONG. Además, la OA presentará un proyecto de ley para fortalecer la ley de ética pública en el capítulo de conflicto de intereses.