La Oficina Anticorrupción investigará la distribución de las tarjetas sociales

El organismo de control cuestionó la falta de respuestas de Juan José Canosa a la requisitoria sobre la forma en que se contrató a una empresa privada para repartir los plásticos y pretende establecer cuánto se abonó por dicho servicio.
La Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos inició una investigación para determinar si existieron irregularidades en la distribución de las tarjetas sociales que emite el Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), y que reemplazan a dos planes asistenciales dirigidos a la franja de población más pobre, el Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF) y el Programa Alimentario Familiar (PAF). A pedido de la Fiscalía de Estado, se pretende establecer por qué casi 10.000 plásticos no llegaron a sus beneficiarios, indaga la forma en que se contrató a una empresa privada para repartirlas y pretende establecer qué monto se abonó por dicho servicio.

Según un informe publicado por El Diario, el Expediente Número 0026/08 se inició el 5 de noviembre pasado y está identificado como “Presuntas irregularidades con la entrega de tarjetas que emite Sidecreer”. Sin embargo, las dos notas que elevó el responsable de la Oficina Anticorrupción, Gustavo Acosta, no han sido respondidas por el presidente de la tarjeta de crédito provincial, Juan José Canosa.

La nota que la Oficina Anticorrupción le elevó a Canosa pide la remisión de “los antecedentes relacionados con la entrega de las tarjetas que emite dicho organismo, que reemplazaron a los bonos PAF y PRAF, y que virtualmente no fueron reiteradas porque las identidades, direcciones u otros datos de los beneficiarios habrían sido adulterados”.

En realidad, la primera intervención de la Fiscalía de Estado, de la que depende la Oficina Anticorrupción, fue a raíz de un informe que elevó el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez, donde se da cuenta de manera estadística de cuántas tarjetas fueron entregadas a sus beneficiarios y cuántas no, luego del reemplazo de los bonos por el plan “A la mesa entre todos”.

Según Rodríguez, sobre 9.698 tarjetas puestas a distribución del PAF en Paraná se retiraron sólo 6.506, es decir, el 67,09 por ciento; y en Concordia, sobre 8.958 plásticos se retiraron apenas 4.133, que representa el 46,14 por ciento. En cuanto a los beneficiarios del programa PRAF, sobre un total de 15.006 tarjetas a distribuir, solamente se habilitaron 11.493. En ambos programas, quedaron beneficios sin ser entregados, y la primera sospecha fue que habría en ambos planes beneficiarios irregularmente incorporados en el momento de su creación.

No obstante, en el gobierno apuntaron hacia la empresa encargada de distribuir las tarjetas: “Habría que preguntarse si la empresa encargada de distribuirlas hizo bien su trabajo”, se señaló; aunque la Oficina Anticorrupción pretende investigar “todo: quién produce el dato, qué empresa distribuyó los beneficios, de dónde es la empresa, cómo se la contrató, todo eso forma parte de la investigación”, se acotó.

La distribución de la denominada tarjeta social estuvo a cargo de la empresa rosarina Transbank SRL. De acuerdo a lo que publicó en su página de Internet la empresa Sidecreer a principios de septiembre, es “una empresa seria en el rubro que tiene mucha experiencia, la cual acreditó concretamente en el proceso licitatorio que llevamos a cabo en Sidecreer, tiene una justificada experiencia en Santa Fe y trabajó en esquemas similares a los que vamos a implementar ahora”, dijo el gerente de la tarjeta oficial, Pedro Raiteri.

En 1998, Christian Sanz y Franco Caviglia publicaron, con el sello de Sudamericana, el libro La larga sombra de Yabrán, en el que repasaron buena parte de la trayectoria económica del desaparecido empresario Alfredo Yabrán. Allí, se da cuenta que la firma Transbank SRL formó parte de la constelación de empresas de correo absorbidas por el grupo Yabrán. Pero no fueron esos los motivos que derivaron en un cruce verbal entre un grupo de legisladores, del oficialismo y la oposición, con Canosa, que la última semana faltó a una convocatoria que le formuló la Cámara de Diputados.

El diputado Eduardo Jourdán (PJ-Colón) se mostró interesado en conocer el modo como Sidecreer contrató a Transbank para distribuir las tarjetas sociales, algo que hasta ahora no se pudo dilucidar por cuanto la información que Canosa presentó en la Legislatura, resultó “exigua e insuficiente”, según dijo el legislador.

En la Fiscalía de Estado comenzó a inquietar la reticencia que habría en Sidecreer a brindar información sobre el manejo de esa empresa del Estado. La observación surge a partir de la argumentación que presentó Canosa en la Cámara de Diputados, donde subrayó que “atento a la normativa aplicable (la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias y concordantes) brinda permanentemente y en tiempo y forma toda información referida a la operatoria comercial “a los diversos órganos que legalmente regulan y controlan la actividad de la empresa, como son la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, el Banco Central de la República Argentina y el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.

A Canosa le reprochan no haber puesto en conocimiento a la Fiscalía de Estado o a la Oficina Anticorrupción respecto de eventuales irregularidades en los planes sociales, aunque también le cuestionan cierta excesiva autonomía en el manejo de la empresa estatal. “Lo primero que tendría que haber hecho es denunciar las irregularidades ante los organismos de control. Y ese organismo es la Fiscalía, que es el órgano que hace el control de la legalidad. Este no es un problema del Tribunal de Cuentas, que solamente audita las rendiciones. Mínimamente debió haber dado intervención a la Oficina Anticorrupción. Pero él no lo hizo, sino que fue al revés”, dijo un funcionario.

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