Luego de la maratónica sesión del día de ayer, la Oficina Anticorrupción (OA) pasó a ser a partir de este sábado un "organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación”. Ahora es un ente autárquico que no dependerá del Gobierno de turno. La medida fue ordenada en el Decreto 54/2019, publicado en el Boletín Oficial.

La letra del texto afirma que el titular de la OA “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones” ni del jefe de Estado ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo. Además, aclara que el titular de la oficina, que hoy es el fiscal Félix Crous “tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia”, aunque no deberá cumplir sus órdenes. La nueva normativa lleva la firma de Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Justicia, Marcela Losard.

Asimismo, se detalla que los funcionarios de la Oficina “tendrán relación jerárquica y dependencia funcional con dicho organismo desconcentrado e integrarán la dotación de personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Otro cambio considerable es el retorno de la condición de abogado para poder ejercer el cargo, un requisito que había sido eliminado con la llegada de Laura Alonso durante la gestión de Mauricio Macri.

“Las Direcciones de Investigaciones y de Planificación de Políticas de Transparencia estarán a cargo de funcionarios que tendrán rango y jerarquía de Subsecretario, y serán designados y removidos por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta del titular de la Oficina Anticorrupción”, precisó otro artículo del documento. El Gobierno también modificó la tarea principal del funcionario al frente de este organismo: "Deberá elevar al Presidente de la Nación un informe semestral y una memoria anual sobre su gestión que contenga especialmente y de manera detallada las recomendaciones sobre reformas administrativas o de gestión que, a su juicio, colaboren en la prevención de hechos ilícitos o irregularidades en el ámbito de la Administración Pública Nacional”. Estos informes "serán públicos y deberán estar disponibles a través del portal de internet del organismo”.