Los dirigentes alperovichistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron penalmente a los jueces que anularon las elecciones del 23 de agosto, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz (sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) y a los promotores del planteo y líderes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) el diputado nacional José Cano y el intendente capitalino Domingo Amaya..

Mediante un escrito de 18 carillas, los acusaron de la presunta comisión de los delitos de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público) y prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta). Requirieron, asimismo, que “oportunamente se aplique el máximo de la pena privativa de libertad” y la “inhabilitación para ocupar cargos públicos”. 

La demanda fue radicada en la Fiscalía de Instrucción de la I nominación, encabezada por la fiscala Marta Mariana Rivadeneira.

Noguera y Monteros fueron candidatos a intendente de Tafí Viejo y de Banda del Río Salí, respectivamente. Ambos se presentaron por el acople oficialista “Acción Regional” y, según el escrutinio definitivo de la Junta Electoral Provincial (JEP), ganaron en esas jurisdicciones.

“Los denunciados obraron (...) incurriendo en un acto usurpador que no sólo afecta a la autoridad constitucionalmente facultada para llevar adelante el escrutinio definitivo (por la JEP), sino que lesiona, de modo irremediable, el derecho de los electores y de los elegidos, quiénes fuimos candidatos propuestos por la fuerza que obtuvo más de 110.000 votos de diferencia por sobre el contendor más cercano”, argumentaron en la denuncia.

Consideraron que la causa, desde sus inicios, implicó “un quiebre de las disposiciones constitucionales” porque argumentan que la Cámara no era competente para tomar una determinación de esa naturaleza. 

Noguera y Monteros cuestionaron tanto la suspensión de la proclamación de los postulantes ganadores como el posterior fallo de anulación. Los dirigentes hicieron hincapié en la participación de los fiscales de la oposición en el recuento de sufragios en la JEP y subrayaron que en esa instancia pudieron observar e impugnar actuaciones. “Mal puede impugnarse por un tribunal incompetente aquello que no ha sido objetado ni impugnado por quienes tenían la legitimación activa para así obrar”, indicaron en otro pasaje.

Añadieron que la decisión de los jueces tuvo consecuencias que generaron un “descalabro” institucional. Aludieron a que el 28 de octubre vencen los mandatos de las actuales autoridades. “¿Se está acaso propiciando una intervención federal? ¿O lo que se busca es deslegitimar todo el proceso electoral para lograr en el estrado judicial lo que se perdió en las urnas?”, enumeran los denunciantes. Mencionaron también que el “sometimiento de la voluntad popular a intereses concentrados” constituye un “golpe de Estado blando”. Acusaron, por último, a los magistrados de “no tolerar la decisión del pueblo” y de ceder a la “intolerancia de ciertos sectores que vieron frustrados sus propósitos con el resultado electoral”. Para los políticos, se buscó “desestabilizar al Gobierno en funciones y abortar la asunción del elegido” y que eso significaría “traicionar a la patria”. 

Otra denuncia 

El concejal oficialista Javier Morof adelantó ayer a LA GACETA que se encuentra reuniendo información para efectuar una denuncia contra el juez Ruiz por supuesto prevaricato. “Pediremos un cruce de llamadas porque tenemos información de que habría al menos 40 comunicaciones entre el celular del juez Ruiz con los abogados Arnaldo Ahumada (llevó adelante la demanda de anulación) y Roberto Toledo y con los de otros miembros del ApB”, aseguró. Además, afirmó que habría testigos de una comida de las que habría participado el magistrado con los letrados mencionados. “Tenemos testigos de que le habrían ofrecido a Ruiz ser miembro de la Corte si Cano era elegido gobernador”, concluyó.