La principal diferencia entre ambas iniciativas radica en que mientras la OFI funcionaría dentro de la orbita del Ministerio de Justicia, actualmente a cargo de Gustavo Ferrari, el Tribunal actuaría con autonomía y autarquía del Poder Ejecutivo de la Provincia. 

Asimismo, la OFI tendría dos roles principales: Uno proactivo, con diseño de políticas, programas de prevención, divulgación y transparencia, y otro de control, para la recepción de denuncias, investigaciones, sumarios y su derivación a la Justicia.

Según ese diseño, la OFI tendría rango de secretaría o dirección provincial y su titular sería designado por el Ministerio, de acuerdo a lo publicado por La Nación. En este punto radica la polémica, puesto que no habría independencia ni objetividad en los asuntos denunciados e investigados y, probablemente, el funcionario a cargo esté ligado al Gobierno de turno, tal como sucede a nivel nacional, con la designación de Laura Alonso. 

Por su parte, el Tribunal Social de Responsabilidad Política quedaría en manos de la oposición, puesto que el nombramiento de sus integrantes estaría a cargo de la Legislatura. En ese sentido, los impulsores del proyecto lo plantean como un ente autárquico, con independencia funcional y administrativa del Gobierno provincial.

“La creación del Tribunal está contemplado en la Constitución”, indicó Patricio García, presidente del bloque Peronista en la Cámara alta y anticipó que la intención de su bancada es incorporar la iniciativa al proyecto de ley de Ética Pública impulsado por Cambiemos.

García manifestó que en el proyecto “proponemos que este Tribunal examine los actos de corrupción que pudieran cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales, y que sea un organismo que actúe con autonomía funcional e independencia de criterios, pautas y definiciones de sus actos”.