Oficialismo y oposición se cruzan en una guerra de espionaje sin control de nadie

Desde que Néstor Kirchner inició su mandato presidencial en 2003 convirtió a los informes de inteligencia y el espionaje a periodistas, empresarios, opositores y ministros de su gobierno, en el sostén fundamental de su política de anticipación. El jefe de Gabinete tendría su propio equipo de espías y desató una feroz interna con la SIDE. El Gobierno porteño quiere su secretaría de espionaje, pero mientras tanto se nutre de un ex Señor 5.
Un especialista extranjero que se dedica a brindar asesoramiento en materia de seguridad y "contraespionaje empresarial" a empresas de su país, instaladas en la Argentina, se ríe del uso que les dan los políticos locales a las escuchas telefónicas. "Buenos Aires parece Berlín durante la Guerra Fría", dice mientras lee diarios en un restaurante en Recoleta y acusa a Néstor Kirchner de promover el espionaje como una herramienta de estrategia política.

Pero no sólo el kirchnerismo buscaría sacar ventaja utilizando métodos de espionaje. Lo mismo estarían haciendo diferentes dirigentes vinculados al peronismo opositor y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. 

Según fuentes oficiales, en estos momentos en la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) hay 3.200 escuchas telefónicas en curso pedidas por la Justicia.

Pero no todas esas intervenciones podrían tener un fundamento legal. El caso testigo son las pinchaduras que ordenó el juez de Posadas Horacio Gallardo y que prorrogó el juez José Rey, a los celulares de Sergio Burstein, de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, y al empresario televisivo Carlos Avila, en el marco de una causa por un asesinato y piratería del asfalto. Una fuente con acceso al expediente que investiga el juez federal Norberto Oyarbide aseguró a PERFIL que "ninguna de esas dos escuchas tendría fundamento legal".

El mercado ilegal de las intervenciones telefónicas dejó de ser un patrimonio exclusivo de espías, uniformados y ex integrantes de las diferentes fuerzas devenidos en empresarios de la seguridad. Ahora el negocio también involucraría a miembros del Poder Judicial.

Un importante ex funcionario de la SIDE describió a PERFIL cómo es el procedimiento para autorizar una escucha: "A la SIDE llega una orden judicial de menos de una carilla que dice: ‘Se pide la intervención del celular número X, abonado en la empresa X en el marco de la causa X. La firma del juez y después el juzgado autoriza que alguien retire el CD y listo".

"La mayoría de las veces la SIDE ni se entera a quién y para qué lo escucha.

El ex presidente es un adicto a los informes de inteligencia que le acerca el jefe, Héctor Icazuriaga. Y como no confía en nadie, Kirchner cruza esos papers con los que le hacen en la Secretaría de Seguridad, organismo que depende del ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, pero que en la realidad lo sigue manejando el jefe de Gabinete, Aníbal F.

Ese fanatismo por estar al tanto de todo y siempre un paso adelante llevó a una interna entre los espías que responden al verdadero hombre fuerte de la SIDE, Francisco "Paco" Larcher y los federales que reportan a Fernández.

Una semana antes de que el ex jefe de Gabinete Alberto F. denunció que es blanco de espías enviados por el Gobierno, el ministro de Planificación, Julio De Vido, contrató a una empresa privada para barrer su despacho de micrófonos y detectar pinchaduras.

Esa no fue la única vez que el funcionario más importante de la gestión K ordena hacer una medida contraespionaje, pero sí la primera que utilizó a una empresa privada para hacer el trabajo. En el piso 11 del Palacio de Hacienda aseguran que De Vido no desconfiaba de la SIDE, pero sí de Aníbal Fernández.

En el mundo del espionaje vernáculo comentan que parte de los secretos del Fernández están en la causa que tramita la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo de Salgado. Es el expediente donde se investiga al ex espía de la PSA Iván Velásquez, que supuestamente reportaba a Fernández.

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