El oficialismo impuso su ley de subrogancia

La norma fue sancionada a las 13.12 de ayer en el recinto y a las 14 ya estaba firmada, protocolizada y con número de ley asignado: 8.136. El Ejecutivo llamará a interesados en cubrir vacantes. Elegirá entre los postulantes y enviará los pliegos a la Cámara.
Luego de un debate virulento, durante más de tres horas, el alperovichismo impuso su mayoría en la Legislatura y aprobó el mecanismo de subrogancias por el cual el Ejecutivo, con aval parlamentario, designará los jueces que cubrirán las vacantes actuales y futuras en los Tribunales provinciales.

La norma sancionada por el oficialismo declara en emergencia al Poder Judicial, “ante la grave situación institucional relacionada con la cobertura de vacantes”, que a la fecha totalizan 19.

A la vez, establece que en caso de que un juez, un camarista, un fiscal o un defensor oficial muera, renuncie, resulte destituido o asuma como interino otro cargo, “se procederá a efectuar una designación interina”. Dentro de los 15 días de producida la vacante, el Poder Ejecutivo llamará a inscripción de interesados. Quienes aspiren a ser nombrados provisoriamente, deben reunir las mismas condiciones que se exige al que, en el futuro, será titular del cargo por cubrir.

Dentro de los 15 días de cerrada la inscripción, la Casa de Gobierno debe elegir un inscripto y remitir el pliego a la Legislatura, que tratará la propuesta en la sesión siguiente.

A los interinos se les dará licencia sin goce de sueldo en el cargo de la dependencia del Estado donde trabajaran. Los magistrados y funcionarios de ley que resulten designados según este proceso, tendrán derecho a una retribución equivalente a la del cargo que ocupen.

Finalmente, se estableció que estos subrogantes se desempeñarán en su función hasta la asunción de quien sea designado titular del despacho, mediante el mecanismo que se determine oportunamente (hoy está judicialmente objetado que la integración del Consejo Asesor de la Magistratura -CAM- haya sido delegada al Ejecutivo en la reforma constitucional de 2006). Este es el único cambio que se introdujo en el proyecto, puesto que el original establecía que los interinos seguirían en funciones “hasta la asunción del titular seleccionado por el procedimiento que establezca la reforma constitucional”.

La defensa

La peronista Carolina Vargas Aignasse, como presidenta de la comisión de Legislación General, fue la encargada de presentar el dictamen de mayoría, que refrendó junto con Alfredo Quinteros, Jorge Mendía, Carlos Canevaro, Reinaldo Jiménez y Armando Cortalezzi. “Con esta ley, tratamos de garantizar el acceso de las personas de carne y hueso al sistema legal de Justicia”, argumentó.

La parlamentaria manifestó que la crítica situación que vive la Justicia tucumana es el contexto en el que se propone una ley de subrogancias, y puntualizó que la Provincia no está inventando nada, puesto que el Poder Judicial de la Nación cuenta con una.

“Es pública la situación de la Justicia por las vacantes que sufre en los juzgados, agravada por la imposibilidad de designar reemplazantes. En este marco, le cabe a la Legislatura dictar las soluciones que pertinentes, dentro de los canales institucionales. Para eso, el artículo 67 de la Constitución provincial establece que es nuestra atribución dictar las leyes que sean necesarias y apropiadas para hacer efectivos todos los poderes no atribuidos privativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial”, alegó.

La abogada insistió en que se iba a sancionar un sistema accesorio para designar jueces provisorios, el cual regirá hasta que se resuelva cuál ser+a el sistema principal, para magistrados titulares.

“Estamos en una situación de emergencia y se necesitan vías expeditas. Lo contrario es un sinsentido: la Justicia Federal no designa por concursos a sus subrogantes”, contrastó, antes de realizar una mención final. “Nuestro proyecto se basa fundamentalmente en el proyecto elevado por la Asociación de Magistrados”, fundamentó.

El ataque

Esteban Jerez Presentó su dictamen de minoría, y reclamó el rechazo de la propuesta. “Retrotrae nuestra calidad institucional a comienzos del siglo XX”, fustigó.

Jerez puntualizó, como uno de sus argumentos principales, que en el sistema de subrogancias de la Justicia Federal, los que son designados provisoriamente pasan un triple filtro: el del Consejo de la Magistratura, el del Senado y el del Poder Ejecutivo Nacional. “Aquí, eso no va a ocurrir. Hoy deberíamos estar discutiendo la creación, por ley, del CAM, que garantizara el debido proceso y la condición de juez natural del que cubrirá las vacantes. En lugar de eso, a los subrogantes los elegirá el Ejecutivo a dedo”, deploró.

En segundo término, Jerez advirtió que la Legislatura no está facultada a declarar la emergencia de la Justa si ella no lo solicita expresamente. “No es un organismo descentralizado: es un poder del Estado igual a nosotros. Cuando declaramos la emergencia hídrica o la emergencia económica, es porque el Poder Ejecutivo lo pide. La Corte, por sí misma, declaró en emergencia fueros como el Civil y Comercial Común, pero eso no nos habilita a que nosotros, unilateralmente, declaremos en emergencia al Poder Judicial”, advirtió.

En tercera instancia, Jerez responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo por la crisis que atraviesa el Poder Judicial. Detalló que, apenas asumió, a fines de 2003, derogó el CAM que regía desde la gobernación de Ramón Ortega. “Creó un Tribunal de Apelaciones por encima de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se hizo delegar la conformación del CAM con la reforma de 2006, y generó un cuello de botellas en el fuero penal, creando una única Cámara de Apelaciones. Alperovich dice que el Colegio de Abogados no puede intervenir en la designación de jueces porque es parte interesada: qué tenemos que decir de él, entonces, si acumula ya 20 causas, en la que se lo acusa desde abuso de autoridad hasta malversación de fondos públicos”, remató.

“Si se aprueba, esta va a ser una de las leyes más vergonzantes de la institucionalidad de la provincia”, aseveró el opositor.

La conclusión

El debate había empezado a las 10 y se extendió hasta las 13.12. A esa hora, la norma se aprobó con 40 votos a favor (no estaban en sus bancas los oficialistas Jorge Mendía y Daniel Heredia, Sisto Terán viajaba a Buenos Aires con el gobernador, y Sergio Mansilla estaba a cargo del PE). Los cinco opositores votaron en contra.

La norma fue comunicada en el acto a la Casa de Gobierno. A las 14 ya estaba protocolizada: firmada por Mansilla y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, la ley, que se publicará en el Boletín Oficial de hoy, lleva el número 8.136.

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