El oficialismo defendió la Ley de Subrogancias

Los legisladores alperovistas Antonio Raed y José Alberto Cúneo Vergés defendieron la constitucionalidad de la norma sancionada el jueves, ante la amenaza del Colegio de Abogados de accionar judicial.
El oficialismo legislativo salió en defensa de la Ley de Subrogancias sancionada la semana pasada, ante las amenazas del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), que pretende accionar judicialmente contra la misma, por considerarla inconstitucional.

Tal como anticipó EL SIGLO en su edición de ayer, la entidad colegiada entiende que esa norma va en contra de lo establecido por la Carta Magna reformada en 2006, respecto a la necesidad de efectuar la designación de jueces (en este caso, interinos) previo concurso de antecedentes y oposición entre los postulantes a ocupar los cargos vacantes.

Como la ley cuestionada no contempla ese sistema, según el secretario del CAT, Francisco García Posse, los magistrados interinos que resulten designados mediante su aplicación serán impugnados, al igual que sus sentencias.

Además, el letrado opinó que la norma aprobada por el alperovismo "generó un grave desorden jurídico, puesto que coexisten dos leyes diferentes que atribuyen a dos poderes del Estado distintos la facultad de cubrir transitoriamente las vacantes producidas en la Justicia". En tal sentido, explicó que "por un lado está la Ley Orgánica de Tribunales, que no fue modificada y está en plena vigencia, la cual faculta a la Corte Suprema para seleccionar a los magistrados subrogantes; mientras que por otro tenemos esta ley sancionada por la Legislatura que le otorga esa misma facultad al Ejecutivo".

La réplica oficialista

Ante tales advertencias, el legislador oficialista Antonio Raed sostuvo que "de ninguna manera la ley aprobada por el Parlamento es inconstitucional, debido a que surgió como herramienta para solucionar a la situación de emergencia generada en la Justicia por la falta de cobertura de cargos vacantes". Agregó que "era necesaria una medida expeditiva como la dispuesta por la Cámara, que de ninguna manera podría contemplar la realización de concursos, ante la premura con la que deben cubrirse esos cargos para darle continuidad al servicio de administración de justicia. No existe otro bien jurídico superior al interés de los justiciables, que se ven perjudicados porque tienen causas que no avanzan en juzgados que actualmente se encuentras vacantes", subrayó Raed.

Además, el legislador peronista aclaró que "paradójicamente, el artículo de la Constitución que fija el mecanismo de concursos de antecedente y oposición que hoy reclama el CAT, fue abrogado con el fallo de la Corte que también anuló la integración del CAM, por lo cual es totalmente inaplicable".

También recordó que "está en plena vigencia el artículo 113 de la Constitución, que no fue alcanzado por la sentencia de la Corte, mediante el cual se establece que el PE elegirá a los candidatos a jueces, para que la legislatura preste su acuerdo. Por este motivo, aún cuando no existiera una situación de emergencia en la Justicia como la que nos ocupa en la actualidad, igualmente este sistema sería perfectamente aplicable para la designación de magistrados", acotó.

Interinos vs. subrogantes

Por otro lado, Raed aseguró que "no hay una superposición de leyes, como sugieren desde el CAT, porque la norma sancionada por la Legislatura, que mediáticamente fue bautizada como de subrogancias, establece la designación de jueces interinos, quienes realizarán reemplazos funcionales y temporarios, y no de magistrados subrogantes, como fija la Ley Orgánica de Tribunales".

Finalmente, el parlamentario oficialista apuntó sus dardos a los integrantes del CAT. "Solamente quieren designar jueces, ese es el único interés que motiva estas acciones que en definitiva, atentan contra la administración de justicia. Están nerviosos porque saben que en el futuro, cuando se establezca un sistema constitucional para la designación de jueces, se impondrán limitaciones que terminen con el lobby y las corporaciones", disparó.

Con similares argumentos a los de Raed, el también legislador alperovista, José Alberto Cúneo Vergés, recordó que "el procedimiento de concursos por antecedentes y oposición para el nombramiento de magistrados fue alcanzado, junto a la integración del CAM, por el fallo de la Corte contra la reforma". Además, sostuvo que "no conviven dos leyes, como dice el CAT, porque la sancionada el jueves pasado por la Cámara deroga cualquier otra norma anterior que la contradiga". Sobre el mismo punto, añadió que "inclusive, en este caso, ambas leyes hasta pueden complementarse, debido a que la sancionada por el Parlamento también prevé que jueces en ejercicio puedan ocupar los cargos vacantes de manera interina, con lo cual se produce el mismo efecto que con la Ley Orgánica de Tribunales".

Según Cúneo Vergés "el CAT tiene un concepto fachista y quiere convertirse en una corporación que esté encargada de decidir los nombres de quienes integrarán el Poder Judicial". El parlamentario fue más allá en sus críticas a la entidad letrada y afirmó que "haga lo que haga el Estado para resolver la cobertura de vacantes en la Justicia, el Colegio se opondrá, porque lo movilizan intereses políticos. No quieren una Justicia independiente, que vayan a otro lado con ese discurso, porque lo único que anhelan es una contar con una Justicia propia", sentenció el parlamentario alperovista, en declaraciones a este matutino.

Los alcances de la ley

Vale recordar que la ley sancionada el último jueves declara la emergencia del Poder Judicial y establece que el PE elegirá a los postulantes a cubrir interinamente las vacantes ya producidas (más de 30) y las que puedan generarse en la Justicia, a raíz de la jubilación de magistrados, para que la Legislatura preste su acuerdo. La norma prevé la creación de un registro de aspirantes a jueces interinos, en la órbita del Ministerio de Gobierno, que deberá llamar a inscripción de interesados dentro de los 15 días de producida una vacante. Tras la conformación de esa nómina, el PE tendrá otros 15 días para elegir de allí a los postulantes y remitir sus pliegos a la Cámara, para que ésta decida su aprobación o rechazo.

Los requisitos para acceder a los juzgados vacantes son los que establece el artículo 117 de la Constitución, es decir: tener 35 años de edad y por lo menos 10 años de ejercicio profesional como abogado, en el caso de camaristas; y ser mayor de 30 años, con cinco ejerciendo como letrado, para el caso de los jueces de primera instancia y defensores públicos.

Por Fabián López

Busquedas de temas relacionados

Comentá la nota