El oficialismo busca evitar que el Congreso investigue la corrupción

Quiere activar una comisión nacional de ética, que actúa por afuera del Parlamento.
En un intento por neutralizar la ofensiva opositora de crear comisiones para investigar la corrupción, el kirchnerismo propuso avanzar con la implementación de una ley promulgada hace una década y cajoneada desde ese momento.

Se trata de la ley nacional de Etica Pública, incorporada en la Constitución de 1994 y promulgada el 26 de octubre de 1999, que contempla la creación de una comisión integrada por once miembros, nunca constituida. El oficialismo puso en escena su impulso con un pedido de Agustín Rossi -el jefe de bloque del Frente para la Victoria- a Eduardo Fellner, el presidente de la Cámara de Diputados y también kirchnerista, justamente en el último día de una hegemonía parlamentaria que abarcó seis años.

Los diferentes bloques de la oposición, luego de haberle ganado al oficialismo la pulseada por el nuevo funcionamiento de la Cámara de Diputados, anunciaron la creación de comisiones para investigar las sospechas de enriquecimiento ilícito y el manejo de los subsidios, las obras públicas, los fondos de las obras sociales y el saqueo de los recursos naturales, entre otras áreas. El funcionamiento de estas comisiones podría avanzar a partir de marzo, en la primera sesión ya sin mayoría del oficialismo, porque es necesario votar su creación en el recinto.

Acorde a su obsesión por no perder la iniciativa, el kirchnerismo respondió con una carta que descolocó a la oposición -no les quedó alternativa que apoyar-, aunque no logró evitar la críticas ni la decisión de avanzar con las comisiones de investigación, más allá de la implementación de esta ley. "Estamos de acuerdo, pero esto no va a obstaculizar la creación y la aprobación de comisiones de control que investiguen al poder", aseguró Elisa Carrió a Clarín.

Federico Pinedo, jefe de bloque de PRO, se pronunció en la misma línea: "Es una comisión de suma importancia para la transparencia institucional y para la lucha contra la corrupción, sorprende que el oficialismo impulse su creación luego de seis años de gobierno kirchnerista".

"Todo lo que signifique abrir espacios de control a la gestión de gobierno es correcto. Parece que al oficialismo, después de la sesión preparatoria, le está cayendo la ficha del cuadro de situación real", expresó Eduardo Macaluse, de SI-Proyecto Sur.

Fellner y el vicepresidente Julio Cobos, titular del Senado, tendrán que dar los pasos siguientes para avanzar con la conformación de la Comisión Nacional de Etica Pública, que entre sus funciones tendrá las de recibir denuncias de personas o entidades sobre la conducta de funcionarios, exigir las declaraciones juradas y proponer modificaciones legislativas "destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones del Estado y a perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales".

El Congreso deberá nombrar ocho de los once miembros, que no serán diputados ni senadores (no podrán pertenecer al órgano que los designe) sino "ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público", dos de ellos a propuesta del Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.

Las designaciones de los ocho propuestos por el Parlamento se confirmarán con los dos tercios de cada Cámara, un dato no menor para los referentes de la oposición: el oficialismo deberá prestar su conformidad.

Los otros tres serán nombrados por el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación.

¿Por qué después de diez años sin implementarse la ley el oficialismo ahora decide avanzar?, preguntó Clarín a Rossi. "Porque ahora la oposición empezó con el tema de las denuncias. ¿Para qué vamos a crear comisiones si ya tenemos una que nunca constituimos?", respondió el jefe de la bancada kirchnerista.

Los sectores de la oposición que impulsaron la creación de bicamerales de control anunciaron que no dejarán de hacerlo por el avance de la iniciativa oficialista.

Comentá la nota