El oficialismo apuró el rechazo de la oposición.

La cerrada negativa del bloque oficialista a aceptar que se quitara el trámite de urgencia que el Gobierno había impuesto al proyecto de ley de nueva tarifaria corta llevó a la oposición a votar negativamente esa propuesta.
Esto, sumado a la pérdida de vigencia de la tarifaria corta que había sido aprobada en enero de 2008, dejó al Poder Ejecutivo sin una herramienta de recaudación que le había generado durante el año pasado ingresos por orden de $86 millones, según precisó la legisladora del MPF, Mónica Urquiza, en función de un informe elaborado por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia.

La cerrada negativa del bloque oficialista a aceptar que se quitara el trámite de urgencia que el Gobierno había impuesto al proyecto de ley de nueva tarifaria corta llevó a la oposición a votar negativamente esa propuesta, lo que, sumado a la pérdida de vigencia de la tarifaria corta que había sido aprobada en enero de 2008, dejó al Poder Ejecutivo sin una herramienta de recaudación que le había generado durante el año pasado ingresos por orden de 86 millones de pesos, según precisó la legisladora del MPF Mónica Urquiza, en función de un informe elaborado por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia.

La sesión del pasado jueves dejó rápidamente al desnudo que desde los bloques de la oposición no se accedería a la pretensión de la gestión Ríos de seguir contando, de manera transitoria y hasta tanto se disponga una nueva tarifaria general, con una mayor presión tributaria sobre los sectores industrial, pesquero e hidrocarburífero.

A pesar de ello, se habilitó la discusión del tema sobre tablas, lo que posibilitó escuchar extensas fundamentaciones políticas –casi todas carentes de sustento técnico concreto– a favor y en contra de la iniciativa.

Resultó por demás llamativo que desde el oficialismo se careciera, o no fuera aportada al debate, información precisa sobre el resultado económico que tuvo para las finanzas provinciales el incremento aplicado a las tasas de certificación de origen y verificación de procesos productivos en función de la vieja tarifaria corta, o sobre la situación productiva y financiera que viven hoy los sectores alcanzados por esa norma de excepción que perdió vigencia el pasado 30 de abril.

Esta situación fue claramente marcada por el radical Luis Velásquez, quien señaló que el Gobierno y la bancada del ARI sostenían su postura en base a "suposiciones" sin respaldo fáctico demostrable, lo que lo llevaba a sostener que "esas suposiciones" resultaban incorrectas. A pesar de ello, desde el oficialismo postuló que el proyecto del Ejecutivo buscaba "involucrar a los sectores que han tenido en los últimos años muy bueno ingresos" para pedirles "este sacrificio de que tengan menos rentabilidad para beneficio de los trabajadores" y para "hacerle pagar a los trabajadores el costo de la crisis", indicó el titular de la bancada del ARI, Fabio Marinello.

Se recordó que el Gobierno "eligió el camino más largo, el de no ajustar sobre los trabajadores y distribuir en mejores salarios el mayor ingreso", a la vez que se alertó que la caída de la tarifaria corta implicaba que el Gobierno dejará de percibir unos 200 millones de pesos al año, y que esa merma de circulante en el mercado local iba repercutir negativamente en los niveles de consumo y por ende en la actividad comercial.

Además se aseguró que en comparación con otras provincias, en las que también se deben pagar impuestos nacionales, en Tierra del Fuego el nivel de presión es de los más bajos del país. También se alertó sobre la conducta especulativa de los sectores alcanzados por la tributaria corta, ya que se afirmó que las empresas demoraron la verificación de procesos productivos la espera de la pérdida de vigencia de esa ley para dejar de tributar 10 millones de pesos al fisco fueguino.

Desde la oposición, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Ricardo Wilder, sostuvo la necesidad de que se tenga una visión más amplia, no solamente restringida a la realidad financiera que vive el sector público sino que contemple también la situación que atraviesan los sectores productivos producto de la crisis internacional. Se reclamó además por la falta de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer más eficiente las tareas de control de evasión por parte de la Dirección General de Rentas, y se apuntó que sin controles adecuadazos una mayor presión tributaria no se traduce necesariamente en una mejora de los niveles de recaudación, postura que fue compartida por los demás bloques de oposición.

Además se defendió la necesidad de debatir un nuevo esquema tributario para la Provincia con todos los sectores involucrados, postura que no fue compartida por el oficialismo. "El impuesto lo impone el Estado y no lo consulta" con quienes deben tributarlos "porque ello es una decisión de políticas públicas", sostuvo el oficialista Manuel Raimbault.

Agotados los argumentos a favor y en contra, y sin que éstos hayan servido para modificar las posiciones de unos y otros, desde la oposición se planteó quitar el trámite de urgencia al proyecto y girarlo a comisión para su análisis conjunto con la tarifaria general.

Conciente de que esa propuesta implicaba lisa y llanamente la imposibilidad de que el Gobierno siguiera contando con una herramienta extra de recaudación, el oficialismo mocionó –aún sabiendo que no prosperaría– girar el asunto a comisión pero manteniendo el trámite de urgencia, para no perder la posibilidad de una aprobación de hecho.

Esta propuesta fue la única sometida a votación, y le resultado fue de 8 votos por la negativa (de los opositores no participó de la sesión el mopofista Löffler) contra 6 por la afirmativa, lo que selló el rechazo a la aprobación de la nueva tarifaria corta.

A partir de ahora, quedará en manos de la Legislatura –oficialismo y oposición– y del propio Gobierno demostrar que existe real interés político por avanzar en la actualización de la legislación tributaria y fiscal que rige en la provincia, y que lo sucedido el jueves pasado fue algo más que una mera estrategia política tendiente a cargar sobre espaldas ajenas la responsabilidad ante una debacle aún mayor de la que ya se verifica en las cuentas públicas.

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