El oficialismo aprobó en Hacienda la declaración de la emergencia municipal

El oficialismo aprobó en Hacienda la declaración de la emergencia municipal

El proyecto obtuvo despacho definitivo y podrá ser votado mañana. Los municipales volvieron al Concejo para vigilar que no haya despidos ni rebajas salariales. Además reclamaron la renuncia de Cano. La oposición denuncia un ajuste.

Concejales del oficialismo aprobaron ayer en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante el proyecto para declarar la emergencia del municipio, aunque sin acceder a los reclamos de la oposición para que el Ejecutivo explique las razones por las que se solicitó utilizar esta herramienta para intervenir también en las áreas social, educativa y de seguridad. De este modo, la iniciativa quedó a un paso de ser tratada y aprobada en el recinto, para lo cual se desarrollará una sesión extraordinaria en el transcurso de este jueves.

El proyecto no sufrió ayer nuevas modificaciones, luego de que este lunes la Comisión de Legislación incluyera un artículo que estableció que la emergencia no será utilizada para producir despidos ni aplicar recortes salariales entre el personal municipal.

Una vez más, el debate se llevó a cabo ante la presencia de dirigentes y afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes encabezados por su secretario general, Antonio Giraldi, acudieron al Concejo para asegurarse que el contenido de esa disposición no sufriera alteraciones.

Además, a través de sus intervenciones en el debate, los trabajadores dejaron en claro su desacuerdo con ciertos aspectos de la emergencia y su rechazo hacia la figura del secretario de Economía, José Cano, reclamando su renuncia a viva voz.

El temor de los municipales

El proyecto en tratamiento fue presentado el pasado 14 de enero por el Ejecutivo para declarar la emergencia económica, administrativa, educativa, social y de seguridad por un plazo inicial de 180 días.

Desde un comienzo su contenido generó el rechazo del sindicato debido a que a diferencia de lo que ocurrió en situaciones anteriores, el texto no dejó salvaguardados los derechos laborales de los trabajadores, quienes al advertirlo ejercieron una fuerte presión para forzar la inclusión de un artículo que explicitara que no habría despidos ni rebajas de sueldos.

Finalmente el lunes la comisión de Legislación aceptó agregar esa disposición, lo que contribuyó a aliviar tensiones.

No obstante ayer quedó en evidencia que el gremio sigue observando el proyecto con recelo, ya que una vez aprobado, le otorgará al Ejecutivo amplias atribuciones para manejar los recursos y los gastos de la Municipalidad, y fundamentalmente, adoptar medidas de recorte.

Durante el debate una vez más el mayor esfuerzo por defender la postura provino de los concejales de la UCR, Luis Rech y Mario Rodríguez. Este último fue uno de los más abucheados por los trabajadores, al igual que el presidente de la Comisión de Hacienda y jefe de la bancada de Agrupación Atlántica-PRO, Guillermo Arroyo, en el instante en el que pretendió iniciar un diálogo mano a mano con los municipales.

El hijo del actual intendente soportó además las reiteradas críticas de los otros concejales a causa de su inexplicado "faltazo" a la reunión informativa realizada el viernes pasado, durante la cual hasta el mismo secretario de Economía, José Cano, había manifestado estar "molesto" por su ausencia.

Tras un prolongado debate, finalmente el proyecto fue aprobado con el voto favorable de Agrupación Atlántica-PRO y de la UCR, la abstención del Frente Renovador y la negativa de Acción Marplatense y del Frente para la Victoria.

Objeciones opositoras

La oposición al igual que los municipales quedaron disconformes por la falta de explicaciones sobre por qué el pedido de emergencia también incluye a las áreas de educación, social y de seguridad.

Además de dejar en claro su postura al respecto, AM, el FPV y el FR lamentaron que el oficialismo se volviera a negar a que los funcionarios a cargo de esas dependencias asistan al Concejo para explicitar sus intenciones, tal como días atrás lo había propuesto el propio Cano.

El concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, se refirió al caso de la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, quien el lunes "aseguró en una entrevista radial no haber pedido la emergencia para su área".

Para Bonifatti, "se trata de un caso muy serio porque marca la existencia de graves contradicciones dentro del gobierno".

Desde su punto de vista, la falta de explicaciones sobre el uso que se le dará a la emergencia indica que el Ejecutivo "pide atribuciones y superpoderes para el achique y el ajuste".

Por su parte Marina Santoro, del Frente para la Victoria, destacó que a causa de la "presión y la movilización del sindicato" el oficialismo terminó accediendo el lunes a incluir un artículo para evitar despidos y rebajas de sueldos. La concejal denunció que el hecho de que ese artículo no apareciera en el texto original -cuya autoría Cano le atribuyó al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente- "no fue ninguna omisión" sino un "intento claro" de aplicar recortes en materia laboral.

Santoro también arremetió contra la secretaria de Educación, señalando que "si ella dice que su área no está en emergencia, con más razón debería venir a dar explicaciones al Concejo".

Por su parte para el concejal de Acción Marplatense, Alejandro Ferro, "la emergencia de la Municipalidad es Cano" ya que para el funcionario el problema "son los salarios, las bonificaciones o las horas extras" que "se llevan el 70% del gasto" por lo que "en realidad lo que quiere ajustar es eso".

En tanto que Alejandro Carrancio, del Frente Renovador, también dijo estar "insatisfecho" con la redacción del proyecto y con la ausencia de argumentos que expliquen "para qué el Ejecutivo quiere la emergencia".

Finalmente, antes de votar, el radical Luis Rech, adelantó que en las próximas horas el gobierno les remitirá a los concejales una serie de "informes" presuntamente elaborados por los funcionarios a cargo de las áreas involucradas, así como otros solicitados a la Procuración y a la Contaduría.

Inquietud por el efecto de la medida en la inversión social y educativa

Los bloques del oficialismo en el Concejo Deliberante dieron esta semana un giro que modificó lo que se esperaba que ocurriera durante el debate en torno a la declaración de la amplia emergencia solicitada por el Ejecutivo.

El viernes, el secretario de Economía, José Reinaldo Cano, había propuesto a los concejales a invitar a las secretarias de Educación, Ana María Crovetto y de Desarrollo Social, Vilma Baragiola y a un responsable de Seguridad (en esa área no hay funcionario designado) para que ellos mismos explicaran cómo utilizarían la emergencia en cada una de sus áreas. Pero el lunes la Agrupación Atlántica-PRO y la UCR rechazaron esta posibilidad al votar en contra de la convocatoria solicitada por los opositores. A cambio ofrecieron que enviaran un informe por escrito.

Así, el proyecto terminó siendo aprobado en las comisiones sin que aún se sepa cuál es el diagnóstico de los funcionarios ni los motivos por los cuales requieren de atribuciones excepcionales para cumplir con sus tareas.

El viernes Cano fue claro en relación a alguno de sus objetivos. Dijo que pretende reordenar las cuentas, poder hacer uso de fondos afectados para afrontar compromisos urgentes, derogar eximiciones de tasas y revisar contratos, entre otras cosas.

En cambio la respuesta de Crovetto al respecto sorprendió, porque en una entrevista radial dijo no haber solicitado una emergencia para su área tras lo cual, en un diálogo con LA CAPITAL, se rehusó a hablar del tema. Ayer fuentes sindicales hicieron notar que si se revisa la situación del sistema educativo municipal, es posible advertir que en 2015 no hubo ni conflictos salariales ni problemas edilicios graves que motivaran la suspensión de clases. "En la educación municipal, la emergencia no existe", indicaron. Por eso no están claras las razones por las que el Ejecutivo solicitó incluir a esta área, del mismo modo que lo hizo con la Social o Seguridad. En el tren de las especulaciones, hay quienes dan por hecho que lo que se avecina sería un ajuste que reduciría o les pondría fin a programas de educación no formales entre los cuales el más emblemático es el Programa Educativo Barrial (PEBA). En el marco de una emergencia, hasta también podría entrar en revisión el estatuto del docente municipal, el cual contiene cláusulas que otorgan derechos salariales y laborales algo diferentes a los que poseen quienes se desempeñan dentro del sistema provincial. El listado de cosas que podrían ocurrir con una emergencia dentro de esta área incluye además, inquietudes sobre si se crearán o no los sextos años de las escuelas secundarias o acerca de la continuidad de algunas de las nuevas carreras de formación profesional. Si las mismas dudas se extienden al área Social, también ingresan en la múltiples programas de ayuda todavía vigentes que cuentan con el financiamiento municipal.

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