El oficialismo admite que habrá cambios en el proyecto de AFJP

Buscan minar la resistencia de la oposición y de un sector del propio bloque. Ampliarían los mecanismos de control y dispondrían que los fondos no sean usados para pagar deuda. Además, discutirían incluir una garantía de intangibilidad.

Por: Armando Vidal

Igual que hace quince años con la ley de creación de las AFJP durante el gobierno menemista que privatizó parte del sistema provisional, el kirchnerismo en Diputados se apresta a introducir cambios al proyecto del Poder Ejecutivo que ahora pone fin a esas administradoras.

Si aquella vez fue la captación de aportes para un régimen privado de capitalización, ahora es la integración al Estado de un caudal que se estima en unos 94.000 millones de pesos.

La dimensión de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en la Argentina, con un gobierno obligado a hacer frente a los vencimientos de la deuda externa para el próximo año, diferencian una situación de la otra.

Precisamente, uno de esos cambios sería la limitación del uso de esos recursos por parte del Gobierno para impedir, por ejemplo, que puedan ser empleados para pagos con aquel fin.

Es ese terremoto con epicentro en los Estados Unidos lo que generó el súbito proyecto impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, si bien las AFJP vinieron siendo blanco en los últimos tiempos de una política contraria a sus intereses como la ley que abrió paso a la opción por un sistema u otro cada cinco años.

La estrategia oficialista de gravitar sobre los reclamos del frente opositor (página 4), va de la mano de una fuerte presión del Gobierno y del propio bloque que preside el santafesino Agustín Rossi para que la ley se apruebe sin sobresaltos. Confían en que el número de votos será mucho más holgado que los 126 que impusieron la sanción de la luego rechazada en el Senado ley sobre la movilidad de las retenciones al campo.

"Estamos estudiando propuestas", dijo a Clarín el presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Carlos Díaz Roig.

Los cambios apuntan más a minar la resistencia opositora y la de un foco interno que no comparte la iniciativa. El bonaerense Felipe Solá y el mendocino Enrique Thomas están en este grupo.

Los cambios ampliarían la red de controles, además de la comisión bicameral de legisladores que contempla el propio proyecto. Y que será toda una discusión si opera bajo control hegemónico del oficialismo como es de práctica. Una posibilidad es que la presida un legislador opositor, como anticipó ayer este diario.

A ello se sumaría la puesta en marcha del consejo asesor que la propia ley prevé --y que nunca se constituyó-- integrado por empleadores, trabajadores, jubilados y el Estado, así como la intervención de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.

"Existe la mayor predisposición", se reduce a señalar Díaz Roig, quien quiere discutir cómo garantizar la intangibilidad de los recursos que pide la oposición "a menos que los guardemos en una gigantesca caja fuerte".

El martes comenzará la actividad en las comisiones de Previsión y de Presupuesto, que van a sesionar en conjunto por la nueva reforma previsional. Los primeros en visitar el Congreso serán el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la ANSeS, Amado Boudou. El miércoles se espera la participación de representantes de las AFJP, la CGT y la CTA. Y el jueves será el turno del presidente del Banco Central, Martín Redrado y de las asociaciones de jubilados.

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