Ofertan 50 lotes a familias usurpadoras, tras la violencia

Otra vez se cumple el mecanismo que todos critican. La oferta la hizo el gobierno a las familias que ocupaban terrenos de las 127 hectáreas. Confusiones y críticas por una negociación que estaba en marcha desde el ministerio de Gobierno. Duras críticas desde la izquierda, que volvió a pedir la renuncia de Pellini.
Después de la violencia, la polémica desgastante, la repetición de frases hechas hasta el hartazgo, llegan las ofertas concretas. El gobierno neuquino ofertó este viernes 50 lotes debidamente provistos de agua potable para localizar las familias que hasta el jueves mantenían una toma en el predio de las 127 hectáreas.

El lugar fue escenario de incidentes serios entre chicos y adolescentes –muchos encapuchados- y la policía, después de que el gobierno reasumiera por la fuerza el dominio sobre los terrenos en cuestión.

La oferta se hizo tras largas negociaciones que habían comenzado en la noche del jueves y siguieron el viernes hasta pasadas las 14,30. Participaron por el gobierno neuquino Ricardo Riva, de Derechos Humanos; Luis González, de Gobierno, y Miguel Novoa, el subsecretario de Seguridad. Beatriz Gentile, la delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Jesús Escobar, el secretario de Derechos Humanos del Municipio, participaron como "mediadores" entre los funcionarios provinciales y los usurpadores. También participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la capital neuquina, ya que Juan José Dutto estaba en Buenos Aires.

Se llegó a esta instancia después de una confusión todavía no aclarada. Según varios referentes de la oposición al MPN, y según confirmó a este diario el defensor del Pueblo, Dutto, el gobierno provincial a través de funcionarios del ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares, hacía meses que estaba negociando una salida para la toma en las 127 hectáreas.

Por eso se destacó que "no se entendió" el porqué del súbito accionar policial cuando "ya estaba casi resuelto el tema".

Según Dutto, "sorprendió que hubiera una orden judicial cuando había negociaciones con el mismo gobierno provincial, y se estaba a punto de firmar un acuerdo". Debería haber "reglas de juego claras", dijo el funcionario, y que "se sostengan en el tiempo".

Una posición parecida pero más crítica había esbozado la diputada de Libres del Sur, Paula Sánchez, quien no se privó por FM CALF de reiterar el pedido de renuncia para el secretario de Seguridad, Guillermo Pellini, y el despido para los policías "que volvieron a reprimir de manera salvaje".

Por la misma radio había respondido algunas preguntas precisamente Pellini, quien había respaldado el accionar policial en función de una orden judicial, y había negado que la policía "se haya metido en el barrio". El funcionario sostuvo que la policía "repelió una agresión de chicos encapuchados, armados con piedras y molotov, que estuvieron durante horas atacando la comisaría 41", presuntamente bajo el mando de "un mayor de 47 años que fue demorado y después puesto en libertad".

La legisladora Sánchez también tuvo palabras para esto: "Pellini es un caradura y miente", dijo.

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