Ofensiva por la reforma penal en la Provincia

Los cambios que propone el Ejecutivo son: limitar las excarcelaciones y aumentar la oralidad, además de establecer jurados unipersonales en lugar de colegiados, y representación legal para las víctimas. El objetivo es paliar el flagelo de la inseguridad
Primero, el gobernador Daniel Scioli pidió que se bajara la edad de imputabilidad de los menores (que actualmente es de 16 años) y aseguró que les pedirá a los diputados nacionales que reformen el código penal en ese sentido. Luego, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguró que enviará a la Legislatura bonaerense la reforma del código procesal penal de la Provincia para agilizar los procesos judiciales. Se trata de una reacción ante la ola de inseguridad que vive la Provincia.

La iniciativa del Ejecutivo bonaerense para darle mayor celeridad a las causas penales será enviada entre el lunes y el martes, según lo confirmó ayer el ministro Casal. El funcionario impulsa la reforma al código procesal penal bonaerense para optimizar los recursos al agilizar los trámites. La intención es contribuir en la lucha contra la creciente inseguridad que se vive en la Provincia.

Según adelantaron ayer fuentes legislativas a Hoy, la iniciativa ingresaría por el Senado y sería analizada al menos por las comisiones de asuntos constitucionales y acuerdos de la Cámara alta, para luego pasar a la Cámara baja, que decidirá su sanción.

El texto del proyecto de ley, que deberán sancionar los legisladores, fue consensuado a través de una consulta que impulsó el gobierno provincial mediante la cartera de Justicia. La ronda de consulta, que incluyó a los distintos sectores que intervienen en el proceso judicial, duró cuatro meses y terminó ayer, por lo que el Ejecutivo estará en condiciones de presentar el texto definitivo la semana próxima teniendo en cuenta esos aportes.

El debate para la redacción del proyecto se realizó a través de un foro informático, donde cada uno de los participantes entraba con una clave y accedía a dejar alguna observación o aporte sobre las propuestas.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en el Senado, Roberto Ravale (Frente para la Victoria-PJ), dijo a Hoy que entre los cambios que incorpora el proyecto se destacan “la limitación de las excarcelaciones, la oralidad y la resolución de juicios por sentencia”.

El vicepresidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Pedro Auge, se mostró “de acuerdo” con la reforma del código procesal penal que plantea el Ejecutivo y luego de haber participado en la consulta, consideró que “fue un sistema de recepción satisfactorio”. Además, Auge sostuvo que con los cambios planteados se “van a agilizar los procesos” en la Provincia.

Por su parte, el presidente del colegio de magistrados de la Provincia, Carlos Lami, dijo ayer que le acercó en persona al ministro Casal las observaciones a la reforma referidas básicamente a dos aspectos: “La transformación de los tribunales orales en unipersonales y la actuación del particular damnificado en el proceso”.

La intención del Ejecutivo es reducir los tribunales de tres jueces a uno cada uno. En la Provincia se estima que los tribunales orales son 70 y quedarían alrededor de 210. El colegio de magistrados sostiene que las normas internacionales establecen órganos judiciales colegiados. A partir de la reforma, el imputado a través de la defensa tendrá la opción -ante delitos gravosos- de pedir que lo juzgue un tribunal o un órgano unipersonal (un solo juez).

El otro punto que observaron los magistrados se refiere al nuevo rol que tiene el particular damnificado durante el proceso. En este sentido, fijaron pautas para que este representante legal de las víctimas pueda accionar y peticionar en el proceso sin causar dilaciones.

Frente a esta modificación, en representación de los abogados, Auge se mostró de acuerdo con que “la víctima pueda realizar una acción autónoma”, ya que “tendrá la posibilidad de mantener un patrocinio privado”.

Finalmente, el senador Ravale opinó que la reforma “contribuirá a reducir la delincuencia” porque “al haber menos cantidad de presos en las comisarías, habrá más efectivos en la calle” y porque “cuando el delincuente sabe que van a procesar rápidamente piensa dos veces antes de cometer el delito”.

Los primeros cambios en la Justicia provincial

La reforma del código procesal penal que el Ejecutivo bonaerense enviará a la Legislatura provincial la semana próxima, de acuerdo a lo adelantado por el ministro de Justicia Ricardo Casal, no es la primera reforma que encara la cartera bajo la conducción del funcionario de la administración de Scioli.

En febrero de este año, ambas Cámaras sancionaron las primeras modificaciones que introdujo Casal en la Justicia bonaerense para agilizar los procesos y descongestionar la gran cantidad de causas que estaban “frenadas” en los tribunales de la Provincia.

Los dos proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo en esa ocasión consisitían en establecer el proceso de flagrancia (juicios abreviados) en todos los tribunales de la Provincia. Estos casos son aplicables para las personas que son apresadas al momento de cometer el delito.

Además, otro proyecto recortó las atribuciones del tribunal de Casación. Según aseguró el titular de la cartera, en ese momento en la Casación había cerca de siete mil causas “frenadas”. A través de la limitación a las competencias de ese tribunal se buscó agilizar esos porcesos. Según el senador Ravale, a cerca de siete meses de aplicada la reforma “ya no hay causas paradas”. Otra de las medidas que se tomaron fue limitar las apelaciones a la Suprema Corte de Justicia para evitar la dilación en los casos.

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