Ofensiva opositora para frenar el pago de deuda con reservas

El macrismo presentará el lunes una denuncia ante la Justicia. Cuestiona la legalidad del decreto y el objetivo real del Gobierno. El radicalismo quiere bloquear la medida en el Congreso. Y otros piden información sobre el uso de reservas.
Diferentes sectores de la oposición preparan una ofensiva para evitar el uso de las reservas del Banco Central para afrontar vencimientos de la deuda pública, tal como resolvió el Poder Ejecutivo a partir de un decreto firmado por Cristina Kirchner. El macrismo avanza con una acción judicial que presentará el lunes, mientras que la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica se disponen a bloquear la iniciativa en la comisión bicameral de control de los DNU, que se constituirá el miércoles.

La creación del Fondo del Bicentenario -con 6.569 millones de dólares del Banco Central destinados a cancelar deudas con acreedores privados y organismos internacionales- generó el cuestionamiento de los referentes de la oposición que, envalentonados por la nueva relación de fuerzas en el Parlamento, decidieron cerrar filas para frenar la iniciativa. "Vamos a pedir una medida cautelar para suspender el decreto hasta que lo revise el Congreso. Lo vamos a poner a consulta de los presidentes de bloque, porque la idea es impulsarlo con toda la oposición", aseguró el diputado Federico Pinedo, jefe de la bancada del PRO.

La supuesta inconstitucionalidad de la norma y las demoras para constituir la comisión bicameral de control de los DNU -con competencia para expedirse sobre la validez de los decretos firmados por el Ejecutivo- serán parte de los argumentos de la presentación judicial, ante el fuero contencioso administrativo federal. Por las discusiones todavía abiertas sobre su integración y su presidencia, la comisión podrá funcionar a partir del miércoles. Eduardo Fellner y Julio Cobos, como titulares de las Cámaras, convocaron a una reunión para ese día y los tiempos aparecen ajustados: los diez días hábiles para dictaminar sobre este DNU se cumplirán el 4 de enero.

"El decreto es inconstitucional, porque afecta la independencia de poderes. La facultad de regular el dinero es del Congreso, que lo delega en un ente con autonomía. En este caso el Ejecutivo, a través del DNU, se apropia de facultades constitucionales del poder Legislativo", argumentó Alfonso Prat Gay, diputado de la Coalición Cívica. Adelantó que presentará un pedido de informes sobre la entidad que presidió hasta el 2004: "Incluirá pasivos ocultos y transferencias entre el Banco y la Tesorería que no están debidamente tratados".

Desde la UCR también expresaron cuestionamientos. "Los primeros vencimientos son en agosto, se comprometen reservas por algo que no es necesario ni urgente. Más que para el objetivo que se señala, el kirchnerismo lo impulsa para hacerse de dinero y captar voluntades", apuntó el diputado Ricardo Gil Lavedra. De los 16 integrantes de la bicameral de control de los DNU, aunque todavía se mantiene la discusión, cuatro serán radicales, tres del peronismo disidente y uno de la Coalición Cívica. El kirchnerismo intenta asegurarse ocho miembros para no quedar en minoría y el PRO insiste en quitarle un lugar.

Luego de expedirse la comisión, el decreto será considerado por el pleno de cada una de las Cámaras. Diputados del socialismo y del "grupo de los 11" del espacio de centroizquierda lo cuestionaron, con el acento puesto en el destino de los fondos. "Privilegian los intereses de los acreedores por sobre las necesidades de nuestra población", coincidieron. "No está prohibido tocar las reservas, pero hay que ver para qué se utilizan", diferenció Fernando Pino Solanas.

La semana pasada, los jefes de bloque del radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el PRO acordaron un primer rechazo a la iniciativa y le enviaron una nota a Martín Redrado, titular del Banco Central, para exigirle que no libere reservas para el pago de deuda pública. "La Constitución otorga en exclusividad al Congreso las facultades de reglamentar el funcionamiento del banco a su cargo, de arreglar el pago de deuda pública y de fijar el valor de la moneda (...) Le exigimos que cumpla con sus deberes legales y se abstenga de liberar reservas por sobre los límites fijados en la ley orgánica, hasta tanto ello no sea autorizado por ley formal del Congreso", decía el escrito con las firmas de Oscar Aguad, Felipe Solá, Elisa Carrió y Pinedo. Hasta ayer, no recibieron respuesta. El lunes, la oposición enviará a Redrado una copia de la presentación judicial y hará lo propio con la Defensoría del Pueblo.

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