Ofensiva K contra jueces federales

Es motorizada por el sector afín a la Casa Rosada en el Consejo de la Magistratura, que timonea el diputado Carlos Kunkel.
No corren aires de optimismo para algunos miembros de la Justicia Federal de Córdoba, enfrascados –además de su tarea específica– en elaborar los descargos que tendrán que presentar en breve ante las acusaciones que llueven desde el Consejo de la Magistratura de la Nación.

"Es cierto: hay una avanzada desde el Consejo de la Magistratura contra varios jueces federal de Córdoba", admitió ante este diario una fuente con despacho en los Tribunales ubicados en el Parque Sarmiento de la capital provincial.

La embestida, que tendría como principal fogonero al diputado nacional ultrakirchnerista Carlos Kunkel, se asentaría en una variedad de argumentos, que van desde el presunto mal desempeño en la tramitación de causas hasta cuestiones sindicales.

Al respecto, el Gobierno nacional tendría bajo "observación" a los jueces federales que apoyan al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, enemigo del poder central.

El Consejo de la Magistratura tiene agendado citar a Recondo para que aclare sus dichos sobre "presiones" de la Casa Rosada a los jueces del fuero federal y la imposibilidad de investigar a "funcionarios políticos".

En Córdoba, el titular de la Cámara de Apelaciones, Luis Rueda, es un incondicional de Recondo y figura en el trío de camaristas que debe declarar en febrero ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura por presuntamente haber "cajoneado" durante ocho meses el "caso Piccón".

Este expediente tiene que ver con un episodio que ocurrió en 1990 en el Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba. El damnificado es el ex cadete Roberto Víctor Piccón, quien por entonces tenía 13 años y quedó cuadripléjico luego de que el teniente Roberto Sergio Ramos le ordenara hacer movimiento vivos al terminar de cenar.

Además de Rueda, tendrán que comparecer ante el Consejo los también camaristas Ignacio Vélez Funes y Abel Sánchez Torres.

Interna sindical. La Lista Bordó de Recondo tuvo un abrumador apoyo en Córdoba para su continuidad al frente de la Asociación de Magistrados. Competía con la Lista Celeste, a la que adscribe, entre otros, el juez Ricardo Bustos Fierro, del Juzgado N° 1.

Además, la secretaria de ese Tribunal, Liliana Navarro, integra la comisión del Gremio de Trabajadores Judiciales de la Nación, que conduce Julio Piumatto, mano derecha del jefe de la CGT, Hugo Moyano.

No es antojadizo, en este escenario, que la acusación contra Rueda, Vélez Funes y Sánchez Torres haya salido con los votos de Kunkel y la también kirchnerista Diana Conti.

Este escándalo se desató en agosto de 2007, cuando el camarista Alejandro Mosquera renunció a la Justicia no sin antes denunciar ante el Consejo de la Magistratura a sus pares de la Cámara por el manejo de la causa del ex cadete Piccón, que viene reclamando un resarcimiento económico desde hace 18 años.

Mosquera encabezó la nómina de camaristas cordobeses que dejaron el Poder Judicial en el último año. Lo siguieron Humberto Aliaga Yofre y Gustavo Becerra Ferrer, ambos bajo la lupa por presunto mal desempeño de sus funciones. Se los acusaba por demorar sin límites una causa por defraudación y contrabando que involucraba a la ex empresa automotriz Ciadea.

A juicio de la Aduana, querellante en ese caso, la actuación de Aliaga Yofre y Becerra Ferrer provocó la prescripción de la acción penal, con el consiguiente beneficio para directivos de la compañía y un cuantioso perjuicio económico para el Estado.

Otra coincidencia: uno de los mentores de agilizar la acusación contra los dos camaristas fue el consejero Kunkel.

Descargo en marcha. En su descargo, Rueda declarará que se apartó de la causa civil en el expediente Piccón porque, como titular del Juzgado Federal N° 1, en agosto de 1993 (todavía no existían los tribunales orales) condenó al teniente Ramos a un año y dos meses de prisión.

En cuanto a la demora de ocho meses en formalizar su exclusión, Rueda dirá que la causa civil llegó a su vocalía en julio de 2004, un año en que, argumenta, en la sala que integraba con el propio Mosquera, se protocolizaron más de "2.500 sentencias civiles".

El fárrago de expedientes, argumentará Rueda, hizo que la secretaria de la Cámara le advirtiera, recién en marzo de 2005, sobre la cuestión de competencia. "Esto motivó mi inmediato apartamiento", señala el descargo de Rueda para justificar la demora.

Con todo, según la acusación que difundió el Consejo de la Magistratura, el más complicado parece ser Sánchez Torres, a quien hasta le llegan a achacar "dar muestras palmarias de desconocimiento de la Constitución Nacional y exhibir insensibilidad hacia los justiciables".

En el marco de la embestida K, no descartan tampoco algún llamado de atención a la jueza Cristina Garzón de Lascano, del Juzgado N° 3, responsable de instruir todas las causas contra represores por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

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