En una actitud que algunos sectores consideran extorsiva, los bloques mayoritarios exigirían al Defensor del Pueblo que les pida disculpas mediante una solicitada como condición para ratificar su designación.
El designado Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, solicitó en los últimos días reunirse con los bloques mayoritarios para avanzar en el debate de la estructura de cargos de la Defensoría después del veto total del gobernador Capitanich a la ley que creó la estructura y designó el personal.
Sin embargo, los diputados de ambas bancadas no estarían dispuestos a concretar el encuentro mientras Corregido no se retracte concretamente de sus expresiones de rechazo a la designación del personal que los legisladores consideran agraviantes no solo para ellos, sino también y fundamentalmente para la institución legislativa. Corregido había llamado “corruptitos políticos” a los diputados que habían votado la designación de familiares y amigos suyos como empleados de la Defensoría.
Según publica Primera Línea, oficialistas y opositores habrían acordado exigirle a Corregido que expresara sus disculpas a través de una solicitada publicada en todos los medios gráficos de la provincia, como condición para retomar el tratamiento de la Defensoría del Pueblo en la Cámara. Entre otras condiciones, creen que debería retractarse fehacientemente de las imputaciones de corrupción a las que entienden que ha apelado para referirse al desempeño de los diputados.
Corregido ya respondió a este pedido de los legisladores admitiendo haber utilizado expresiones desafortunadas, pero ratificó su parecer sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, esto no fue tenido en cuanta por los legisladores que demandan una enmienda más formal para sus dichos.
El gobernador Capitanich había mantenido una reunión con legisladores oficialistas para abordar el tema, y trascendió que había solicitado la ratificación tanto de Gustavo Corregido como del Defensor Adjunto, Daniel Illía. Pero lso diputados contaron que “lo único que hizo fue dar su opinión” frente a “la voluntad generalizada de dejar sin efecto las resoluciones de designación”, pero que “de ninguna manera pretendió imponer su criterio a la definición que sigue estando en manos de los diputados”.
“Si no hay retractación, no hay ratificación”, sería la condición impuesta de común acuerdo por los dos bloques mayoritarios.
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