En su resolución de 200 páginas, el juez Casanello estimó que los negociados en las obras de AYSA en Paraná de las Palmas y Berazategui produjeron “una ganancia ilícita de hasta 790 millones de pesos” que benefició a los ex funcionarios, a Odebrecht y las empresas privadas intervinientes.

Por esa razón tomó una medida con muy pocos antecedentes en la justicia federal: no solo embargó a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas como Odebrecht, Camargo o Esuco. No aplicó la flamante ley que penaliza la corrupción privada porque los hechos ocurrieron antes de la sanción de la nueva ley el año pasado, sino el artículo 23 del Código Penal que permite el recupero de ganancias ilícitas.

Casanello ya había aplicado este criterio en el 2017 con el procesamiento de Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K, pero ahora lo amplió y perfeccionó al punto de que ya pidió la tasación de los bienes de los principales imputados. Aunque el Senado por la negativa de senadores peronistas no aprueba la ley de extensión de dominio, varios jueces federales están alimentando con sus fallos esta tendencia a favor de tratar de recuperar el dinero eventualmente robado al Estado.

La “ganancia ilícita” la calculó sobre el hecho de que, por ejemplo, la planta potabilizadora del Tigre se ofertó por 1.893 millones de pesos y se pagó 2.224 millones mientras que la planta depuradora de Berazategui se ofertó por 481 millones y se pagó 851 millones. En las variaciones de precios se sumaron, por ejemplo, en la mega obra de Paraná de Las Palmas el costo de la pavimentación de los caminos de acceso que, a criterio del magistrado, deberían haber corrido como gasto de los adjudicatarios del contrato. Los embargos a los procesados van desde 223 millones a 790 millones. Esas cifras surgen de sumar el aumento de los precios de las obras más los gastos de otros trabajos que se agregaron después de la licitación, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Voceros de Roggio afirmaron que "nosotros no supimos nada del accionar del socio mayoritario de la UTE" que hizo la planta potabilizadora.

Luego de aceptar el pedido de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, de llamar a indagatoria al “Corcho” Rodríguez y sus socios uruguayos por una cuenta en Montevideo a nombre de la empresa fantasma Sabrimol que recibió 11 millones de dólares de Odebrecht, el juez dijo que se estudia si la administración infiel de los funcionarios “haya tenido una motivación venal: la entrega y recepción de dádivas”. Por esa razón, los ex funcionarios ya tienen inhibidos sus bienes para que no puedan insolventarse en forma fraudulenta y ahora se espera que las empresas privadas presenten un seguro de caución para poder seguir operando. Este es el nuevo capítulo que se abre en las obras de AYSA que manejó Odebrecht, mientras se discute un acuerdo con Brasil o alguna modificación a las leyes argentinas para poder recibir en forma oficial los testimonios de los arrepentidos brasileños de Odebrecht y puedan recibir como prueba, no solo como indicio.