Odarda pide retrotraer actuaciones y llamar a audiencia pública por Ñirihuau

La legisladora del ARI pidió que se retrotraigan las actuaciones en torno al permiso de explotación petrolera en el área de Ñirihuau y se cumpla con la ley de presupuestos mínimos ambientales.
Magdalena Odarda recordó que hace varios meses presentó en la Legislatura un proyecto para convocar a audiencia pública que fue rechazado con la promesa de convocatoria inminente a audiencia pública. Se publica el comunicado completo.

El Gobierno provincial mediante la sanción de decreto, ha concesionado el área Nirihuau a la empresa IPF-PLUSPETROL, para la exploración y eventual explotación, transporte y comercialización de petróleo en la misma.

Dicho decreto contraviene las claras disposiciones de la Ley General del Ambiente, fundándose en normas provinciales que ceden en su aplicación por razones de competencia, en función de la normativa constitucional vigente.

La Reforma Constitucional de 1994 puso en manos del Congreso Nacional la normativa ambiental básica. A esto denominó: “Normas de presupuestos mínimos para la protección ambiental”.

En un todo de acuerdo con los principios reconocidos por la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano de Estocolmo” desarrolladas en 1972, y por la “Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro” de 1992, y en clara sintonía por la línea adoptada por las Constituciones que fueron sancionadas a partir de entonces, los Constituyentes reformadores, introdujeron la cuestión ambiental en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.

La reforma constitucional de 1994, ha consagrado el derecho a un medio ambiente sano y el correlativo deber de preservarlo, y que a su vez, permita un efectivo desarrollo sostenible.

Incorpora temas trascendentales como los “presupuestos mínimos” de protección al medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, la recomposición del daño ambiental, la información y educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Recepta asimismo los principios recogidos a nivel internacional, contenidos en los ya nombrado convenios internacionales: “Tratado de Asunción y Protocolo adicional sobre Medio Ambiente de MERCOSUR”, “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, agenda XXI”, entre otros.

La norma conocida como LEY NACIONAL GENERAL DEL AMBIENTE prevé la estructura institucional básica, sobre la cual debe organizarse, sancionarse e interpretarse la normativa específica. Establece los objetivos y contiene los principios rectores y primarios, y delinea instrumentos de política ambiental nacional. Fija los criterios y herramientas que resultan fundamentales a la hora de que las autoridades, tanto legislativas como administrativas, nacionales, provinciales y municipales, organicen y tomen decisiones y ejerzan el poder de la política ambiental que les compete. (“Nuevo rumbo ambiental”, Líala Devia, Silvia Coria, Marcela Flores, Ana Lamas, Silvia Nonna, Claudia Villanueva. Editorial de Ciencias y Cultura. Ciudad Argentina. Edición abril 2008).-

Con ánimo de esclarecer la temática de la competencia, la resolución 92/05, en su artículo 1º establece: “Se entiende por presupuesto mínimo, el umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación, y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable, el cual que garantiza a todo habitante, una protección ambiental mínima, mas allá del sitio en que se encuentre”. Las autoridades provinciales están obligadas a sujetar su accionar a las leyes nacionales de presupuestos mínimos, no obstante, cualquier disposición en contrario que tengan con las normas locales, conforme lo dispuesto con el art. 41 de la CN.

En tales casos las normas locales quedarían en forma tácita, parcial o totalmente derogadas, dado que los constituyentes delegaron el poder legislerante, en la medida y con los límites de los “presupuestos mínimos” al Congreso de la Nación.

Son principio de la Política Ambiental Nacional, entre otros:

Principio de PREVENCIÓN: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales, se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir.

Principio PRECATUTORIO: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

La ley General del Ambiente, establece la obligación de implementar sistema de consulta pública en forma previa a autorizar todo emprendimiento que pueda afectar los derechos ciudadanos.

Por lo tanto, el otorgamiento de la concesión del área ÑIRIHUAU a la compañía IPF – PLUS PETROL, es un acto administrativo que contraviene la LGA, razón por la cual, y en resguardo de los derechos de las personas, resulta imprescindible, retrotraer todo acto administrativo que signifique vulnerar la legislación vigente, convocándose en forma inminente a audiencia publica, siendo la autoridad convocarte, el CODEMA y los municipios afectados: San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco.

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