Ocupaciones ilegales: más de tres décadas con la misma historia

Hace más de tres décadas que la provincia vive una realidad social difícil que se puede distinguir por las carencias en distintos aspectos y que llevó en todos esos años a que la gente, a través de las usurpaciones, intente conseguir algo de lo que cree les pertenece.

Es una realidad que no distinguió democracia ni dictadura, sino que se fue dando poco a poco pasando gestiones al frente del gobierno como la de Deolindo Felipe Bittel o en plena dictadura con José David Ruiz Palacios, donde las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales tuvieron sus etapas, que con los años y las dificultades de una gran ciudad se fueron acrecentando.

El blanco de las usurpaciones fueron primero los terrenos fiscales, tanto municipales como provinciales, cuando prácticamente se terminaron esas tierras para ocupar, la gente empezó a buscar las tierras pertenecientes a la Nación y al mismo tiempo cualquier predio libre sin tenerse en cuenta si eran privados, lo que ocasionó se entrara en otra etapa. Sin embargo cuando todo prácticamente estaba dicho, el Gran Resistencia comenzó a vivir la ola de usurpaciones de obras de viviendas aún sin terminar, que abre una nueva instancia nunca antes vista, a partir de que las ocupaciones ilegales de viviendas se daban cuando éstas esperaban ser entregadas.

Cada época tuvo sus casos, pero en los últimos años se registraron los más emblemáticos, como la usurpación de las tierras de La Rubita, pertenecientes al Estado nacional y que ahora por acuerdo con la provincia pasaron a ser del Estado chaqueño, que está instrumentando un programa de ordenamiento urbano en ese sector para permitir que los ocupantes de esos terrenos sean los futuros propietarios y puedan acceder de esa manera a planes de viviendas. Otro caso notorio es el de Campo Zampa, también registrado el año pasado, donde las familias decidieron asentarse en tierras privadas, generando otro tipo de accionar en la justicia, y el tercero es el que se da en estos momentos, donde seis obras de viviendas en plena ejecución fueron tomadas, siendo más de trescientas familias las que decidieron infringir la ley.

Si bien en la provincia ya hubo ocupación de viviendas, en casi la totalidad de los casos ya estaban finalizadas y esperando la entrega de las llaves por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), pero nunca se habían tomado casas a medio construir, algunas sin ni siquiera contar aún con techo, situación que llevó a las empresas a tener que cesantear a sus empleados y buscar auxilio de la justicia intentando lograr un desalojo que no sólo permita seguir con la obra, sino también resguardarse ante las pérdidas económicas que esto le provocará, al no poder cumplir con los plazos programados en la licitación, entre otras cosas.

Si bien esto es parte de un gran problema social que viene de arrastre, la clase política no pudo frenar estas situaciones y por el contrario fue generando más brechas en el sistema llevando a que Resistencia sea un polvorín, con diferentes realidades apareciendo casos en que no se respeta la propiedad privada, se hacen negocios con las ocupaciones y casos en que la gente con necesidades extremas intenta una solución ante la falta de políticas estatales que puedan paliar la crisis.

Esta nueva etapa que se abre, tendrá a la justicia como principal protagonista para saber en que terminarán los nuevos casos y que no lleve a que se produzcan episodios de violencia que se tengan que lamentar como los ocurridos en Puerto Vilelas.

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