Las ocupaciones ilegales dominan la agenda de la ciudad

La problemática de las ocupaciones ilegales parece tener un período de negociación establecido por la Justicia. A partir de hoy el viceintendente Sergio Bohe tomará el control de las decisiones políticas y no se descarta convocar a una mesa de diálogo multisectorial, más allá que en el municipio advirtieron que “ocupar no genera derechos”.
Vecinalistas, punteros políticos, funcionarios y hasta vecinos desesperados han tenido un rol significativo en las importantes ocupaciones ilegales que se dieron en diferentes barrios de Comodoro Rivadavia. Para analizar este fenómeno -que no es exclusivo de la ciudad-, es necesario mirar en detalle cómo se han comportado numerosos actores sociales que respondieron a intereses políticos ya sea locales como nacionales.

LOS ACTORES SOCIALES

La historia de las últimas ocupaciones retomó protagonismo a fines de noviembre último cuando unas 50 familias, en su mayoría autodenominados “hijos del barrio”, usurparon un extenso lote ubicado en los límites del Máximo Abásolo y San Cayetano ante la atenta mirada del vecinalista Roberto Varela.

A partir de ese momento, y luego de tres desalojos solicitados por el intendente Martín Buzzi a la Justicia, el entonces titular municipal de Tierras, Martín Galíndez, comenzó a negociar una solución “elegante” con Varela y otros vecinos que llevó a la firma de un acta acuerdo con el secretario de Gobierno, Guillermo Almirón, en la que se priorizaba una reubicación en lotes con servicios.

Obviamente, la imposibilidad de solucionar esos problemas habitacionales en 30 días provocó no sólo que esos vecinos se instalaran definitivamente en los terrenos usurpados, sino que motivó a otros grupos a ocupar numerosos espacios, principalmente en cercanías de la avenida Polonia y los barrios Moure, Quirno Costa y Máximo Abásolo.

Ya con la situación avanzada, el municipio optó por promocionar los casos en que el camino administrativo fue el correcto como en los barrios Laprida y Stella Maris pero todo se agudizó cuando entraron en juego sectores bien definidos como la agrupación Quebracho y la Iglesia Católica en la voz del sacerdote Jesús Henao quien habló de las “necesidades de los más humildes”, pero adelantó que en ese mismo escenario se iban a enfrentar aquellos ocupantes ilegales con quienes ya tenían el permiso provisorio del municipio.

Por un lado, Víctor Sánchez, de Quebracho, acaparó la marcha que se hizo el último jueves sobre la avenida Polonia y convocó a unos 200 vecinos, mientras que desde la vecinal del San Cayetano se impulsó la modalidad de “custodios de tierras”, quienes además apoyaron públicamente la política de tierras municipal.

Los seguidores de Sánchez están encolumnados con un movimiento nacional que promueve los asentamientos ilegales.

EL ACCIONAR DEL ESTADO

En esta problemática de “ocupas” el municipio es uno de los protagonistas principales. El intendente Buzzi pidió cuatro desalojos a la Justicia y ésta autorizó tres, por lo que el último rechazado fue el que permitió el primer gran asentamiento.

Más allá de eso, las autoridades del municipio enviaron a encuestadores a realizar un relevamiento de los ocupantes ilegales, poniendo especial énfasis en la nacionalidad de éstos y en su lugar de trabajo.

Con el primer informe en mano, el jefe comunal llamó de urgencia a una veintena de empresarios petroleros y de la construcción, a quienes comunicó que entre los ocupantes había trabajadores de dichas firmas y les pidió “responsabilidad” con la residencia de sus obreros, ya que para el municipio varios traían a trabajadores, incluso con sus familias, de otras ciudades y se desentendían de sus condiciones de vida como vivienda, salud o educación.

Pero sin dudas, la acción política más importante de este fin de año fue la salida del titular de Tierras, Martín Galíndez, y la llegada en su reemplazo de Domingo Squillace, un joven dirigente que tendrá que hacer maravillas para empezar a dar soluciones en el tema más complicado de la gestión Buzzi.

Squillace, de ser necesario, podrá depositar confianza en otro de los secretarios municipales, Ricardo Trovant (secretario de Planificación Territorial), quien junto a Josefina Bidondo (directora en el área a cargo de Trovant) han sabido encontrar un canal de diálogo con los ocupantes ilegales y son, prácticamente, los únicos funcionarios con llegada directa al corazón de los asentamientos.

Bidondo fue nada menos que la titular de Desarrollo Urbano en el gobierno municipal de Raúl Simoncini y durante la gestión de Buzzi ha capitalizado buena parte de las escasas negociaciones que se dieron con los “ocupas”.

Lo concreto es que actualmente hay unas 500 personas ocupando lotes sin permiso oficial, se han montado guardias de otros vecinos que aseguran ser adjudicatarios de algunos terrenos para que no los usurpen y la Justicia afirmó públicamente que “la ocupación no es delito penal, aunque sí civil”.

Por esa razón, primero corresponde avanzar en un escenario de acuerdo entre las partes.

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