Dice “Esa vez hubo un equipo de veinte abogados trabajando a tiempo completo con una mirada muy propia, dedicado a analizar una legislación plagada de normas y contranormas, de resquicios por los que podían filtrarse operaciones financieras y cambiarias o de contratos y compromisos que sólo gente muy entrenada en la cosa pública podía desentrañar. Si yo fuese uno de los presidenciables, ya estaría haciendo lo mismo”.

Aquella emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que le dio facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para intervenir en todos los rincones, sigue vigente gracias a la sucesión de prórrogas aplicadas a lo largo de la era kirchnerista. Pero si durante los meses que le quedan de mandato la Presidenta no resuelve mantenerla, caerá a fin de año.

Y eso es, justamente, lo que da soporte a la preocupación del ex funcionario duhaldista. Agrega: “No está nada mal tener gente puesta a pensar en los problemas de la macroeconomía, aunque hay otros que sólo ven los abogados. Y que será mejor encarar bien rápido”.

Trasladado al presente, en el cuadro entra un laberinto de distorsiones que heredará el próximo gobierno: resoluciones escritas y no escritas; medidas que condicionan o estrechan los márgenes de las futuras políticas; obligaciones y gastos asumidos por el Estado que se ignoran; más unos 20.000 empleados en cargos políticos muy bien remunerados que el Gobierno incorporó desde 2012. 

Hay, pues, todo un universo oculto debajo de una alfombra amplísima. Desconocido o muy poco conocido por quienes vendrán.

Hay créditos fiscales acumulados por reintegros del IVA y devolución de impuestos aduaneros. Arreglos, restricciones supuestamente voluntarias y decisiones “caso por caso” sin sustento jurídico desde cuando Guillermo Moreno se manejaba con mails, como el “te dejo importar por un dólar si exportás por otro”, donde hubo empresas que debieron invertir en actividades que no eran las suyas para cumplir la regla. Todo eso está en el aire.

Algo semejante sucede con las transferencia de utilidades al exterior bloqueadas por falta de divisas. También, con la situación de compañías que han pagado importaciones sin que aún el Banco Central les haya dado los dólares correspondientes. Entre ambos casos, existen alrededor de US$ 15.000 millones en danza.

Igualmente preocupantes son las aristas secretas del acuerdo con China. Dice el asesor de un diputado opositor: “Todo lo que sabemos viene de una ley aprobada por el Congreso. Pero es una ley general, un paraguas que ampara compromisos más concretos que ignoramos y, además, difíciles de desarticular”. Actores propios y ajenos, como en otras oscuridades.

Dante Sica, ex secretario de Industria y actual director de la consultora Abeceb, agrega un ejemplo: “La actual gestión, dice, ha generado obligaciones para la próxima por alrededor de 50.000 millones de pesos. Es la suma de obras licitadas y/o adjudicadas y de las deudas que se mantienen con empresas contratistas entre los dos presupuestos de vialidad existentes”.

Están definidas, allí, prioridades sobre inversiones en infraestructura que quizás las futuras autoridades no compartan. Y si pretenden cambiarlas deberán asumir el costo de renegociarlas. Es apenas un ejemplo más.

Bien cercanos aparecen otros asuntos que también involucran mucha dinero.

Uno es la ley del impuesto al cheque, que cae a fin de año. Si el actual gobierno no decide prorrogarla o el próximo carece de fuerzas parlamentarias suficientes para hacerlo, se caerá una recaudación que en 2015 rondará $ 100.000 millones, la tercera después del IVA y de Ganancias.

Creado bajo el paraguas de la crisis de 2001, el impuesto fue extendido nueve veces durante el kirchnerismo, apelando a la mayoría automática teledirigida desde la Casa Rosada. Pero así nadie quiera que desaparezca, hay un punto que seguramente desatará controversias.

Es la fórmula que rige para distribuir la recaudación, fenomenalmente útil a la caja del poder central: el 85% de la torta queda en la Nación y el 15% restante se reparte entre todas las provincias. Puesta en números de este año, 75.000 millones de pesos contra 25.000 millones.

Será difícil, quizás imposible, que los gobernadores acepten mantener semejante discriminación, aunque Cristina Kirchner mande una nueva prórroga al Congreso antes de irse. Resultado casi cantado: habrá menos plata para el próximo presidente.

No tan pesados por los recursos, a fin de año también vencen el impuesto de emergencia a los cigarrillos y el monotributo.

Tampoco van a desaparecer, pero tienen dos datos en común con el del cheque. Uno es que será imprescindible una ley que estire los plazos. El otro, bien estilo kirchnerista, que Cristina decidió conservarlos solo hasta el 31 de diciembre según la lógica del que se arreglen los que vengan.

De vuelta a la alfombra K, dice otro especialista: “Acá se ha hablado hasta el cansancio del Estado, pero lo que queda es un Estado desordenado, desviado de su función básica de articulador de normas y reglas claras. Abundan decisiones y regulaciones de cúpula, arbitrarias, tomadas para cada circunstancia, sin darle intervención a los técnicos de la línea y a menudo favoreciendo a sectores económicos amigos”.

Este es, precisamente, el Estado que será necesario recomponer. Cualquiera que haya pasado por trances parecidos sabe que eso implicará pagar costos políticos, que serán necesarios equipos que conozcan al sector público por dentro y sepan, de arranque, cuáles son los botones y los resortes que deben ser tocados. Y cuánto antes mejor, diría el ex funcionario duhaldista.

Son temas serios que cargará el próximo gobierno, además de todos aquellos que los economistas conocen de sobra. Con un Congreso tal vez complicado, la pregunta para algunos crucial es si tendrá la gracia de una ley ómnibus como la de Emergencia, o sea, instrumentos útiles para su manera de entender ciertas cosas, incluidas las que heredará bajo la alfombra. ¿O habrá mucho decreto de necesidad y urgencia.