Un océano de recusaciones e inhibiciones en la historia de la demanda de los judiciales

Según el Sindicato de Empleados Judiciales, en la megademanda salarial ganada por trabajadores de ese sector y jueces al Estado, hubo más de 700 abogados que pasaron de manera más o menos fugaz por la integración del Superior Tribunal ad hoc que debía resolver el litigio.
Leyendo el expediente del caso, es verdad que la lista de conjueces recusados o inhibidos resulta interminable.

Los primeros apartamientos fueron los de los integrantes del Superior Tribunal ordinario, por ser parte demandada, y luego hubo una interminable seguidilla de intentos de conformar un STJ ad hoc. Parentescos, amistades o intereses ligados a la suerte de la causa fueron haciendo caer decenas de designaciones.

Lilita, Baroni, Toledo, Avalos

Elisa Carrió es, sin dudas, la abogada más conocida de entre todos los profesionales que integran la lista de conjueces caídos. La líder de la Coalición Cívica, cuando todavía ni soñaba con tener la proyección política que luego lograría, fue convocada para el tribunal ad hoc pero fue recusada por el autor de la demanda, el ex fiscal Gustavo Muller, y ella mismo luego pidió su apartamiento.

También quedaron al margen en esa época del proceso judicial Guillermo Codina, Aníbal Farías Solimano y Alfredo Mathé. Se excusó más tarde el juez Eduardo Molina, por ser parte de la nueva conformación del STJ ordinario.

El tiempo siguió pasando y tampoco quedaron firmes las designaciones de Osvaldo Simoni (que hoy es fiscal de Estado y planteó una nulidad contra el fallo, rechazada por el cuerpo ad hoc), Raúl Libedinsky, Jorge Aníbal Pachecoy y Juan Francisco Serrano Giménez.

El tribunal, así, se armaba y se desarmaba casi con la misma velocidad. De tanto en tanto en el expediente se definía el elenco de cinco conjueces, pero al poco tiempo ninguno de ellos permanecía en la causa. Es lo que pasó, por ejemplo, con el STJ que se constituyó con Máximo Facundo Varas, Carlos Guido Leúnda (h), María Laura Estigarribia Bieber, Antonio Esteban Magaldi y Lázaro Segundo Aranda. Ninguno de ellos siguió en el caso.

Más adelante, también se apartarían Pedro Manuel Zarabozo (por ser esposo de una de las accionantes contra el Estado), Víctor Rolando Arbués (por integrar el Tribunal de Cuentas), Guillermo Angel Sánchez, Edmundo Avalos Alurralde y Salvador Predilailo. Este último se apartó porque su esposa asumió como jueza civil, lo que dio lugar a que Muller lo impugnara.

María Suárez de Grillo fue otra abogada que quedó fuera del tribunal, en su caso por ser madre de la jueza Isabel Grillo, Claudio Lange se inhibió por amistad con Muller, y salen de escena además Sebastián Storni, Ramón Rubén Avalos (ex secretario de Angel Rozas y actual juez del STJ), José Hernando Pirota, Héctor Joaquín Souilhe, Pedro Caric Petrovic, Miguel Angel Moreschi, Juan Carlos Rudaz Bissón, Jorge Enrique Winter, Horacio Luis Riva, Jorge Alberto Yaya y Abel David Robles.

Lo mismo pasó con Miguel Armando Garrido (hoy funcionario del gobierno provincial, que se inhibe porque su padre era jubilado judicial), Oscar Alberto Dosso, Rosa Regina Rolfi, Alicia Marina Rossi, Avelino Daniel Fernández, Marta Susana Tramallino, la ex diputada Cecilia Baroni, Claudio Alfredo Escalada, Hugo Mario Peiretti, Rolando Ignacio Toledo (otro juez del Superior Tribunal que fue funcionario de Rozas y también integró la Comisión de Asesoramiento Legislativo en la dictadura), Gladys Yolanda Cabral y Eduardo Gabardini (coordinador de gabinete de Rozas que también se excusa), entre otros nombres.

Todos esos nombres estuvieron en algún momento en el largo camino hacia la conformación del Superior Tribunal ad hoc que terminó dictando el fallo, que estuvo integrado por Susana Pachecoy, Florencia Suárez, Raúl Nardoni y Raúl Antonio Parra.

Comentá la nota