Ocaso oficial.

Ocaso oficial.
Por Jorge Fontevecchia.

El Gobierno puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y así ganar algunos meses hasta la aplicación efectiva que le ordena “en el término de 15 días” colocar “publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características”.

Tiene hasta las 9:30 de la mañana del miércoles 25 de febrero para apelar, y si lo hace, la Corte puede aceptar o rechazar el análisis de la causa, pero los antecedentes de ese tribunal llevan a pensar que si decidiera tratar la causa, sería para producir una doctrina que asiente aún más los derechos constitucionales, el principio de igualdad, la condena a la discriminación y el derecho a la libertad de prensa.

Si el Gobierno no apela, o si apela y la Corte Suprema rechaza su apelación, o si la Corte la acepta para confirmar lo dispuesto por la Cámara; o sea, en todos los casos, si la sentencia queda firme, el Gobierno puede cumplir con lo ordenado por el tribunal o disimular su parcial incumplimiento con interpretaciones que generen nuevos reclamos ante la Justicia y terminen posponiendo la aplicación del fallo en alguna proporción. Un ejemplo de estas zancadillas del Gobierno ya sucede hoy con muchos medios que, sin ser críticos, no son “amigos”, y a quienes les colocan publicidad oficial “para cumplir” pero luego les retrasan los pagos durante un año mientras sólo cobran en fecha los medios “amigos”. Otro ejemplo fueron los pocos avisos que recibió el diario PERFIL hace unos meses, que terminaron siendo un gesto de gatopardismo al asumir Sergio Massa como jefe de Gabinete. Antes de este fallo y al no existir una ley que regule la distribución de publicidad oficial, su uso arbitrario no generaba consecuencias penales para los funcionarios; pero a partir de que existe una orden judicial, el funcionario que intente desobedecerla se expone a ser penalmente sancionado.

Si el Gobierno cumpliera su obligación, podría hacerlo de dos maneras: aumentando su inversión total en publicidad oficial para que los medios discriminados reciban lo mismo que hoy reciben los medios “amigos”, cada uno dentro de su categoría: revistas con revistas, diarios con diarios, radios con radios y televisoras con televisoras, respetando también “un equilibrio razonable” entre medios “de análogas características”, como dispuso la Cámara. O puede hacerlo redistribuyendo la misma inversión total actual equitativamente, pero de esta forma reduciría significativamente la inversión en medios “amigos”. Si esto último sucediese, ¿qué consecuencias tendría sobre el ambicioso plan de compra de radios en el año electoral por personas relacionadas con el kirchnerismo? ¿Y qué consecuencias tendría sobre los varios medios ya existentes cuya principal fuente de ingreso era venderle al Estado?

Con el tiempo se irán combinando las dos posibilidades: los medios alineados al Gobierno recibirán menos porque se repartirá la publicidad oficial entre más medios, y al perder la posibilidad de usar su distribución arbitraria como una herramienta de censura, progresivamente el Gobierno hará menos publicidad, lo que volverá a hacer más pequeña la cuota que reciban los medios “amigos”. En cualquiera de los casos, una parte significativa de la política de medios ha comenzado su ocaso para pasar a ser definitivamente obsoleta luego de las elecciones de octubre. Un nuevo relato emergerá ante la opinión pública cuando el Gobierno pierda su capacidad de imponer su propia visión de la realidad, lo que aumentará el rechazo que parte de la sociedad ya manifiesta de forma creciente desde el conflicto con el campo hace un año.

Parte de la ciclotimia argentina que tanto daño le hace a la política es el resultado del método de poner diques que juntan presión para luego, inevitablemente, estallar. Esto que en la economía ya se percibe claramente sucede también con la opinión pública. Al contenerse las noticias negativas sobre un gobierno, los ciudadanos se forman una visión sobredimensionada de los valores de su presidente para luego desbarrancarse hacia el opuesto cayendo en un sentimiento tan exagerado como el anterior, potenciado por el desengaño.

“La Justicia llegó justo”, escribí en Perfil.com el mismo día que se produjo el fallo. Porque la presión sobre los medios que comenzó hace cinco años, como todo aquello que no encuentra un freno en la vida, se venía acelerando hasta alcanzar niveles cada vez más escandalosos. El levantamiento del programa de Nelson Castro fue, apenas, la más reciente acción de censura de una larga cadena que incluyó –en distintas proporciones– a decenas de periodistas y medios independientes. Por eso este fallo de la Justicia sobre la publicidad oficial no podría haber llegado en momento más oportuno, sentando –además– un precedente jurídico histórico para todo el periodismo.

Quedan por hacer varios reconocimientos. A la Sociedad Interamericana de Prensa y especialmente a Alejandro Miró Quesada, director del diario El Comercio de Lima, quien presidió la SIP en 2005 y encabezó la misión de ese año a la Argentina, cuando Néstor Kirchner conducía nuestro país y ya las manipulaciones del Gobierno sobre el periodismo se hacían evidentes. Miró Quesada nos dijo: “Deben iniciar un juicio contra el Estado aunque les cueste varios años de dedicación y la situación comercial inicialmente empeore por las mayores represalias del Gobierno, motivadas por el mismo juicio. Tienen el deber de hacerlo porque cuentan con los recursos que no tienen las pequeñas publicaciones del interior del país, que luego se verán beneficiadas por la jurisprudencia. Es una responsabilidad cívica luchar contra el abuso de cualquier gobierno”.

A todos los lectores de las distintas publicaciones de Perfil que apoyaron el “Fideicomiso en contra de la discriminación con la publicidad oficial”, que tuvo a Nelson Castro como conductor. El carácter simbólico de aquellos aportes no impidió cumplir su objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre los peligros de la manipulación con la publicidad del Estado. Y a los colegas que nos acompañaron desde el comienzo en aquella conferencia de prensa realizada en el Hotel Panamericano en mayo de 2006, a la que concurrieron los corresponsales extranjeros y muchos periodistas de todos los medios.

Finalmente, deseo transmitirle al lector una visión realista: el ocaso de determinadas prácticas no implica su fin. La debilidad suele hacer al bárbaro más bárbaro. Recuerdo que al faltar algo más de un año para la llegada de la democracia, me alegré cuando la Corte Suprema ordenó a la dictadura reabrir la revista que había clausurado y por entonces yo dirigía. El Poder Ejecutivo aceptó lo que dispuso la Justicia, pero meses después ordenó mi encarcelamiento bajo otro cargo. Pero esa falta de ingenuidad no impide valorar que este fallo oxigena el clima institucional de la Argentina y sus consecuencias trascienden en mucho al periodismo. Respecto de la publicidad oficial, el sucesor de Cristina Kirchner ya no podrá manejarse con igual discrecionalidad. Tampoco muchos gobernadores e intendentes que tenían las mismas prácticas.

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