Ocaña impulsa casi 400 sumarios contra obras sociales sindicales

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, avaló el pedido del superintendente de salud, Juan Rinaldi, de impulsar casi 400 sumarios contra obras sociales sindicales que estaban "dormidos" desde hace varios años.
Se trata de casi 400 sobre un total de 800 abiertos por distintas irregularidades como recibir adelantos y luego no presentar los recibos correspondientes o compras irregulares de medicamentos.

Un primer paso en ese sentido fue rechazar el fideicomiso de la obra social bancaria que incluía a la droguería San Javier de Néstor Lorenzo como proveedora de medicamentos. Lorenzo está actualmente siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide. Y, además, cobrarle a la Bancaria una multa de 200 pesos.

Como la medida toca intereses de obras sociales de sindicalistas poderosos como Juan Zanola de la bancaria y otras como la del Automóvil Club Argentino (ACA), Ocaña firmó un acuerdo con el decano de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Alberto Barbieri, para que realice una auditoría integral del organismo que el 14 de noviembre pasó a controlar Rinaldi -un abogado de confianza del jefe de la CGT Hugo Moyano- tras la renuncia de Héctor Capaccioli, un hombre del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Justamente, otro sumario fue abierto contra Capaccioli por haber realizado gastos de caja chica a la parrilla "Tierra de Parrilleros" en la cual la esposa del ex funcionario tuvo una parte accionaria, entre otras supuestas irregularidades.

La intervención de la UBA es para que aporte normas de procedimiento ante desvíos detectados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El impulso a los sumarios es un problema para un grupo de sindicalista que estaban investigados por haber desviado un crédito de Banco Mundial de casi 300 millones de dólares y el mes pasado fueron beneficiados por una decisión de la Cámara Nacional de Casación que declaró prescripta la causa.

Además, de esta medida Ocaña amparó las siguientes decisiones de Rinaldi:

Dejó sin efecto una asignación de 100 millones de pesos a las obras sociales porque no estaba claro el destino de los fondos. La ministra supone que habrían sido otorgados a sindicalistas "amigos" sin ningún criterio.

Rechazó pedidos de ofrecer a los beneficiarios "planes superadores".

Derogar el registro de proveedores de prótesis y órtesis, que existían en forma paralela a los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT, y Ocaña sospecha podría haber servido para pedir "peaje" a los empresarios.

Derogar la posibilidad de cambiar de obra social por correo.

Ocaña apoyó estas medidas el viernes, casi dos semanas después de que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la apoyara tras una serie de operaciones que la daban por renunciada y alejada del ex presidente Néstor Kirchner. También de que recibiera tres amenazas de muerte, una de ellas que habría provenido de su custodia.

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