Ocaña ganó su pelea hablando de Yabrán y los "daños colaterales"

Por: Julio Blanck

Graciela Ocaña lo había dicho en una conferencia de prensa, hace apenas una semana: "En la salud también hay 'yabranes', el problema es que la sociedad no los conoce". Ese mismo día agregó: "Hay que terminar con los quioscos dentro de la Superintendencia de Salud".

En política no hay lugar para ingenuidades. Que Ocaña vinculara en su discurso la sombra siempre ominosa de Alfredo Yabrán con la gestión de la Superintendencia que controlaba su enemigo Héctor Capaccioli, solamente admitía una lectura: que la embestida final para ordenar la interna del Ministerio de Salud estaba lanzada y que los medios para lograr una definición podían ser altamente explosivos.

Esa señal marcó el principio del fin de una pulseada política que se extendió por más de tres meses. Y el desplazamiento de Capaccioli, que en vano se trató de rodear de cierto halo elegante de renuncia, le resuelve a Ocaña al menos dos problemas.

Uno, básico, es la restauración de su poder dentro del ministerio. De hecho ese poder estaba cuestionado, al mantener la ministra un enfrentamiento con un subordinado y no poder removerlo del cargo. Más que la antigua cercanía de Capaccioli con Alberto Fernández, lo que pesaba en favor del funcionario ahora despedido eran las acusaciones en su contra por los manejos poco claros en el financiamiento de la campaña electoral de Cristina. Suena a paradoja, pero es la lógica kirchnerista: Kirchner no quiso que un acusado por la recolección de fondos de la campaña dejara el Gobierno, porque entendía que eso era darle crédito a las acusaciones. No importaba, en esa lógica, el desmedro a una ministra. El jefe del oficialismo ya había rechazado la opinión de Alberto Fernández, quien le había aconsejado desprenderse de Capaccioli, para que la gestión de Ocaña no quedara maniatada.

El otro problema que se le soluciona a Ocaña es el de su propia imagen. Ella pasó de las orillas de Elisa Carrió a las de Kirchner con la fama de combatir la corrupción y desarmar sus nidos de negocios. Eso hizo cuando pasó por el PAMI. Eso mismo prometía hacer si la elegían para vicegobernadora de Buenos Aires acompañando a Daniel Scioli, una idea nunca concretada. Ahora se topaba con un problema mayúsculo: en su propia estructura aparecía, en posición relevante y con respaldo político, un funcionario acusado por el financiamiento de la campaña y por los procedimientos de contratación de proveedores que, casualmente, terminaron siendo aportantes para el proselitismo kirchnerista. Ocaña amagó más de una vez con la renuncia, ante la Presidenta. Finalmente, Cristina fue su respaldo decisivo.

Cuando estalló el conflicto Ocaña-Capaccioli, y la ministra reclamó -sin estridencia pública pero con vehemencia privada-- que su subordinado fuera despedido, en la Casa Rosada se escucharon comentarios del tipo "Graciela está paranoica, no sabemos qué le pasa, tiene que pensar menos en ella y más en las necesidades del Gobierno". Con el tiempo la defensa de Capaccioli se fue licuando, en la medida que crecían las sospechas por su relación con proveedores del sistema de salud oficial, entre ellos el asesinado Sebastián Forza, que hacía negocios con la efedrina y narcos mexicanos.

Ocaña buscó limar las eventuales lealtades que pudiera mantener Capaccioli. Así, convocó a dirigentes sindicales y desplegó datos sobre gastos de la Superintendencia que poco tenían que ver con la gestión y mucho con el uso personal de esos fondos. Los gremialistas entendieron el mensaje: ninguno dejó de actuar su espanto ante tales revelaciones.

El viernes pasado, un día después de aquella mención a los "yabranes", el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le hizo saber a Ocaña la preocupación de la Presidenta por la situación. Ocaña aprovechó para quejarse por operaciones en su contra, canalizadas a través de una consultora con llegada a periodistas y medios de comunicación. Le aseguró a Massa que no tenía nada personal con Capaccioli, sino con una metodología que funciona hace tiempo en el área de Salud y que "está hecha para robar". Y le aseguró que seguiría con su ofensiva, aunque pudiera ocasionar "daños colaterales".

El domingo Massa le preguntó cuánto de cierto había en las nuevas denuncias que surgían contra Capaccioli y le consultó --según dicen fuentes del ministerio-- con quién lo pensaba remplazar.

Entre varios candidatos, Ocaña señaló a Juan Rinaldi, un abogado de Hugo Moyano, con ambición política y buena relación con la ministra por su gestión al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), una dependencia que gestiona reintegros a las obras sociales sindicales. Desde la APE, Rinaldi repartía fondos a los gremios por 700 millones de pesos anuales. Ocaña asegura que lo hacía con transparencia y equilibrio. En la Superintendencia, Rinaldi manejará una cifra anual superior a los 1.000 millones.

Massa dio la noticia el miércoles, un día después de que la Corte Suprema golpeó el poder negociador de la CGT abriendo paso a la libertad sindical. Fue inevitable leerlo como una compensación oficial a Moyano por el daño sufrido, aunque cerca de Ocaña insistan en que la decisión de cambiar a Capaccioli por Rinaldi era anterior.

Ocaña y Moyano volvieron a conversar ayer, después de oficializada la decisión. Los dos habían ganado y se felicitaron mutuamente. Aunque suene extraño, son casi compañeros de ruta. Ya habían estado juntos contra el menemismo y en la denuncia de sobornos en el Senado por la ley laboral de De la Rúa. La política obra milagros.

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