Ni bien estalló el escándalo por el asesinato de los tres empresarios farmacéuticos, Aníbal Fernández tuvo una obsesión: trabar cualquier intento de sancionar una ley que sancione la venta ilegal de precursores químicos.

La norma fue aprobada en 2008 por el Senado, a partir de un proyecto de la senadora del PJ disidente Sonia Escudero. 

No era un año más. Fue en ese tiempo cuando aparecieron muertos los tres empresarios farmacéuticos, vinculados al tráfico de efedrina; y Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud, prohibió su importación. 

Aníbal era ministro de Justicia y Derechos Humanos y no tardó en reaccionar ante el proyecto de Escudero: envió una nota al bloque de Diputados para ordenar que planchen el tema. Y así fue.

La senadora salteña volvió a presentar el proyecto en 2010, pero Fernández esta vez estuvo más atento y lo hizo morir en el Senado.

Su proyecto proponía reprimir con entre 2 y 8 años de prisión e inhabilitación especial de cuatro a doce a quien, “por cualquier medio, desviare precursores químicos o sustancias químicas esenciales hacia la producción ilegal de estupefacientes”.

En caso de personas jurídicas fijaba una multa “de entre 10 a 500 mil pesos” y preveía una sanción de entre 6 meses y 2 años para quien haya facilitado el desvío de precursores químicos por negligencia. Además, creaba un registro de precursores químicos en el país, inexistente hasta la fecha.

Con su verborragia habitual, Aníbal se mostró particularmente interesado en que esta ley no se sancionara, con la excusa de que vulneraba derechos constitucionales.

Su exegeta en Diputados fue Diana Conti, habitual mandadera de la Casa Rosada cuando se trata de marcar un rumbo en el Congreso.

“Los delitos que se crean en la ley Escudero ya están en la legislación vigente. La ley ya castiga a quien desvía sustancias para producir estupefacientes”, remarcó por Conti en esos días.

Al igual que Aníbal, no terminó de aclarar porqué, en este caso y no en otros, lo que supuestamente abunda tanto daño hace.

Sobre todo porque el proyecto abría la puerta a una búsqueda más intensa de cocinas de droga, cuya existencia el Gobierno siempre negó.

“Hoy los precursores químicos circulan libremente por la Argentina y vuelven de Bolivia transformados en cocaína”, se lamentó Escudero, en una entrevista que concedió al diario El Tribuno antes de abandonar el Congreso.

La salteña marcaba la preocupación por la efedrina, que definía como “el principal precursor químico para sintetizar metanfetamina, a partir de la cual se producen drogas sintéticas de última generación (tipo éxtasis)”.

“Parece claro entonces que las sustancias químicas utilizadas en la preparación de las drogas sintéticas nunca podrían ser consideradas como materias primas sino como materias ya elaboradas, pero que son precursores o sustancias químicas necesarias para la producción de estupefacientes”, aclaró en su proyecto.

La descripción se adaptaba a la denuncia que investiga la justicia sobre tráfico de efedrina que involucra al jefe de Gabinete.

Congelada la ley, Aníbal tampoco dejó pasar proyectos para detallar cómo está el registro de Precursores químicos, que debía crearse por la ley 26045, sancionada en 2005 pero nunca reglamentada. 

El senador Jaime Linares reclamó su reglamentación, pero su proyecto durmió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que casualmente presidía Aníbal Fernández.

Otros proyectos, como el de senadora de la Coalición Cívica Magdalena Odarda o el de los diputados radicales Mario Faid y Mario Negri, quien exigió trasladar el registro desde el Sedronar al Ministerio de Seguridad. Ninguno fue tratado.