La ley establece, además, que las obras sociales privadas o públicas deben atender este tipo de terapias a sus afiliados, resaltó el parlamentario radical Ariel García, vicepresidente segundo de la Legislatura. Además, se establece que el Poder Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto provincial la suma requerida para el sostenimiento económico de los Centros de Equinoterapia. 

La norma prevé que estos centros cumplan ciertas condiciones sanitarias, que posean las instalaciones adecuadas y que cuenten con los materiales de trabajo imprescindibles para la tarea. Tienen plazo de un año para adecuar sus instalaciones y las prestaciones correspondientes. 

Los autores del proyecto fueron los legisladores García y los peronistas Ramón Santiago Cano y Julio Silman, entre otros.