Hay otro pasivo flotante de la Municipalidad de Córdoba que inquieta en cercanías del intendente electo Martín Llaryora. Y no es otro que las obras comprometidas, con adjudicaciones que quedarán a medio camino o, directamente, con obras que no se iniciaron pero igual generan un compromiso para la ciudad y un derecho de la contratista.

Son ejemplos de este tipo de obras la nueva sede del Concejo Deliberante y un nuevo parque educativo en los predios de la ex-Forja. También una parte importante de los trabajos pendientes en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande y un número indeterminado de cuadras de pavimento que, aunque la gestión actual afirma que llegará a completar, los equipos técnicos del próximo intendente creen que ni por plata ni por tiempo eso será real.

Tampoco existe un informe de avance concreto de las obras a cargo de terceros, contenidas en convenios urbanísticos, cuyos beneficios, en muchos casos, ya comenzaron a rendir a las empresas que obtuvieron excepciones en uso de suelo, superficie construida o altura.

El ejemplo más palpable de esto es el varias veces renegociado convenio por el ex Batallón 141 con Corporación América. Con muchas dificultades, se acordó un aporte para la reparación de equipos y recuperación de procesos en la Edar y ello no se terminó de efectivizar, a pesar de que se pactó en cuotas.

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Hay un crédito a favor de la próxima gestión en las obras exigibles por convenios urbanísticos, pero en algunos casos los tratos fueron tan desventajosos para la ciudad, a juicio de la oposición, que el impacto en tránsito, carga de la red cloacal y servicios como transporte y basura conforman otro pasivo oculto.

Justo cuando más necesaria sería la política de transparencia y de Datos Abiertos, el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba que informa el avance de obras está desactualizado.

La transición entre el saliente Ramón Mestre y el entrante Llaryora ya se había enturbiado por la deuda con proveedores y la intención de sacar a sorteo más de dos mil chapas de taxis y remises, cuya suspensión se reclama para evitar las suspicacias de que por esta vía se dé cobijo a militantes en retirada.

Para todo esto es que Llaryora sabe que lo primero que va a firmar va a ser la emergencia económica. Es el paraguas para renegociar todos los contratos y reprogramar deudas.

Pero falta una eternidad para el 10 de diciembre, fecha del traspaso de mando. Y el principio de continuidad del Estado se tiene que sostener: tienen que cobrar los propietarios del local en la galería Cinerama que alquila el programa de empleo Sí Sí, los cartoneros integrados al plan de Servidores Urbanos y los proveedores de comida de los hogares de día que protestaron con facturas impagas que ya se están poniendo amarillentas.