Obras clandestinas no podrán ser regularizadas y deberán demolerse

El presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Artime, dio detalles del proyecto que está siendo elaborado por la secretaria de Planeamiento Urbano, Graciela Gómez. "Seremos inflexibles con las construcciones antirreglamentarias" dijo.

Las obras que se construyan en forma clandestina en el partido de General Pueyrredon no podrán regularizarse y, directamente, deberán ser demolidas.

Este es el espíritu de un proyecto que actualmente está siendo estudiado por la secretaria de Planeamiento Urbano de la comuna, Graciela Gómez, y que -una vez obtenido el visto bueno del área de Legal y Técnica- será enviado al Concejo Deliberante.

Así lo adelantó a LA CAPITAL el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Artime, quien especificó que "la intención del Ejecutivo municipal es propiciar la modificación de la normativa que permite la regularización de las obras antirreglamentarias una vez abonadas las multas impuestas por los juzgados de Faltas municipales".

El concejal oficialista reconoció que en este proyecto están trabajando varias dependencias municipales que están "revisando la actual normativa a los efectos de modificar y derogar toda aquella normativa que permita la regularización de las obras anti-reglamentarias".

La ordenanza clave es la 6507, aprobada en 1986, que permite el visado de los planos cuando el juez de Faltas no haya dispuesto demolición de las construcciones ejecutadas en violación a la normativa vigente, previo pago de la sanción impuesta.

Dicha norma también es de aplicación a las obras ejecutadas sin permiso, que transgredan los indicadores urbanísticos máximos de la ley provincial 8912 -de ordenamiento territorial y uso de suelo-, así como también cuando impliquen un incumplimiento de la ley 7879.

"Es intención de esta gestión municipal contar con una normativa que resulta inflexible con aquellas construcciones antirreglamentarias, entendiendo que en modo alguno el simple pago de una multa puede permitir la regulación de todo aquello que resulta contrario a las normas vigentes", añadió Artime.

Según el presidente del Concejo Deliberante -quien estimó que el proyecto estaría listo para ser tratado por los concejales la semana próxima- esta nueva reglamentación evitará numerosas situaciones de conflicto que hoy mismo se están dando en la ciudad.

"Sabemos de por lo menos tres edificios cuya construcción está paralizada pero que siguen siendo ofrecidos para la venta -relató Artime-. Quiere decir que están vendiendo algo que no está regularizado y que probablemente nunca lo estará".

Al respecto, especificó que además de impulsar esta reforma el Ejecutivo realizará, a través de la Oficina de Información al Consumidor -Omic- una campaña de información sobre las condiciones que deben ser exigidas a la hora de comprar de un inmueble.

La ordenanza

La ordenanza 6.507 establece una serie de condiciones con respecto a las obras ejecutadas sin permiso. En su artículo tercero explica que una vez que haya intervenido el juzgado de Faltas y que éste no haya dispuesto la demolición del bien, la dirección de Obras Privadas completará el trámite de regularización y otorgará un certificado de inspección final condicional.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo es que dicho trámite de regularización nunca pueda completarse y que, directamente, el bien deba ser demolido.

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