Una obra que debió concluirse en julio, avanzó sólo un 55%

| Notable retraso en un mejoramiento barrial adjudicado en 2006.
La Ley 8.246 permite a las empresas adjudicatarias de obras públicas disminuir el ritmo de ejecución y, por ende, contar con más plazo para entregar el trabajo pautado.

Puntualmente, la norma habla de hasta un 25% del plazo previsto en el contrato. Por ese motivo, las nuevas fechas de culminación de obras dependerán de cada caso puntual. Por ejemplo, si un proyecto habitacional debía construirse en un lapso de un año, la empresa contratista ahora contará con tres meses más para efectuar las obras.

¿Qué es lo que se busca con la norma? Principalmente, el sistema blanquea la situación de crisis por la que atraviesa el sector, ya que ninguno de los proyectos en marcha se desarrolla en los tiempos previstos. Sucede que, al no llegar los fondos, las empresas no pueden cobrar los certificados de obra y, por ende, deben mermar la intensidad de trabajo. Como cada proyecto cuenta con un plazo (se denomina técnicamente curva de inversión), las empresas que se retrasan deben pagar penalidades (multas). Esta ley, en cambio, libera de esas sanciones a las contratistas.

De todas formas, el diferimiento de hasta un 25% del que habla el texto difícilmente sea suficiente, conjeturan en los sectores empresarios. Sostienen que el desfasaje de arrastre es importante, ya que los atrasos en los pagos comenzaron en 2008, en pleno conflicto de la Nación con el campo. En 2009, la crisis se pronunció y lo último que se canceló es lo correspondiente a agosto.

Un caso testigo, por ejemplo, es el del proyecto "Infraestructura Pública y privada, equipamiento comunitario y obras complementarias de nexo y mitigación ambiental para el Barrio San Roque Oeste, Alberdi y Juan Pablo II". Esta obra, según consta en el Acuerdo 141 del Tribunal de Cuentas, debería haber estado lista en julio de 2009. Sin embargo, antes de avalar una certificación de trabajos por $ 110.200 presentado por la empresa Mediterráneo SA, el órgano de control requirió al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano que informe por qué el proyecto presenta sólo un grado de avance del 55%, pese a que el contrato se firmó en mayo de 2006.

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