El colector Costanero se volverá a licitar con un presupuesto que en dos años se duplicó como consecuencia del incremento de los costos.

El Ente Nacional de Obras Hídricas (Enohsa) elaboró nuevamente el proyecto y el presupuesto, y lo envió semanas atrás al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la obra, para su autorización.

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Luis Jhan, administrador del Enohsa, confirmó ayer a “Río Negro” que el nuevo presupuesto asciende a 432 millones de pesos y esperan que “el BID lo apruebe junto al pliego para lanzar la licitación antes de fin de año”.

En la primera licitación el presupuesto oficial fue de 224 millones de pesos y la empresa CPC, propiedad de Cristóbal López, que realizó la oferta más baja, proyectó concluir la obra por un total de 189 millones de pesos. Finalmente nunca comenzó las tareas y el contrato fue anulado.

La obra consta de 6,2 kilómetros de largo con un colector de entre 700 y 1.200 milímetros de diámetro, que transportará los líquidos cloacales hasta la planta depuradora, bordeando el lago Nahuel Huapi. El proyecto inicial establecía 18 meses de ejecución.

El secretario de Obras Hídricas, Pablo Bereciartúa, que ayer inauguró la planta para atmosféricos en Bariloche, recordó que “el colector costanero fue prioridad, se pagó el anticipo y después un problema jurídico impidió que se inicie la obra. Hoy estamos trabajando para licitar antes de fin de año”.

El colector forma parte de una serie de obras del plan de saneamiento del lago Nahuel Huapi que se completa con la planta depuradora que se construye en Villa La Angostura, el segundo módulo de la planta de Bariloche y el sistema exclusivo para camiones atmosféricos que fue inaugurado ayer.

Fracaso

El derrotero del contrato fallido por el colector se inició en julio del año pasado cuando el Enohsa adjudicó la obra a CPC por ser la oferta más baja, incluso unos 35 millones de pesos menos que el presupuesto oficial.

CPC pertenece al grupo empresario de Cristóbal López, quien aun antes de firmarse el contrato ya se encontraba con problemas legales e investigado por el delito de evasión por más de 8.000 millones de pesos, con la inhibición de bienes de todas sus empresas, incluida la constructora.

Nación le pagó a CPC 28 millones de pesos como anticipo financiero para iniciar la obra pero la empresa nunca comenzó con las tareas. Finalmente este año el Gobierno nacional decidió rescindir el contrato, una medida que fue objetada por la empresa pero ratificada posteriormente por el Enohsa.