Obligan a resarcir daños ambientales causados por camiones atmosféricos

La Corte provincial entendió que una firma encargada de prestar el servicio del desagote deberá indeminzar a quienes se vieron perjudicados por las emanaciones de sustancias tóxicas. La responsabilidad alcanzó a la Municipalidad por no realizar el control de la conservación de los líquidos que produjeron contaminación.

Una empresa privada y el municipio de Curuzú Cuatiá deberán reparar los daños que causaron los camiones atmosféricos que desagotaban los residuos cloacales en inmediaciones de una chacra.

La inenmización fue determinada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrrientes, en un fallo en el que obligó indenmizar a la dueña del inmueble por el daño ambiental que causaron los residuos cloacales que eran descargados en esa zona.

El reclamo de la afectada se fundamentó en que esas descargas generan la desvalorización de su terreno, que queda inutilizado para el uso o su venta.

El Alto Cuerpo dio la razón a la accionante, y consideró que la empresa concesionaria del servicio no era la única que debía afrontar el daño ocasionado. Responsabilizó también al municipio de Curuzú Cuatiá que realiza la recolección, transporte y descarga de los residuos cloacales de pozos negros domiciliarios con camiones atmosféricos. Y probado está que, por mala conservación o funcionamiento inadecuado, produjeron contaminación por emanaciones fétidas.

Para los ministros Guillermo Horacio Semhan, Juan Carlos Codello y Fernando Niz, pesa sobre el propietario o guardador el deber de garantía, que procura no se produzcan daños a terceros. Por lo tanto, el municipio debió adoptar medidas de seguridad, sobre todo que, como parte integrante de la administración pública, está encargada de atender al bienestar general.

La función de policía respecto de la salubridad, seguridad, higiene y control del impacto ambiental se encuentran en manos del órgano municipal. Expresamente la Carta Orgánica de Curuzú Cuatiá establece que "todos los vecinos tienen el derecho social a la preservación de la salud"; y que velará por la conservación y cuidado de los elementos del medio ambiente "impidiendo toda actividad económica, de comodidad o placer que pueda perjudicar el equilibrio ecológico, produzca desgastación de suelos, contamine aguas, superficiales o subterráneas, produzcan escapes de gases o niveles de sonidos que atenten contra la calidad de vida del vecindario".

Al no proceder con su obligación de policía, el municipio incumplió con su deber de salvaguardar la seguridad de los vecinos como la ley le imponía, afirmaron los Ministros.

Así, la sentencia Nº116/09 deja sin efecto el pronunciamiento de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción Judicial por cuanto ésta había liberado de responsabilidad a la municipalidad en la causa en que la actora demandaba inicialmente a la empresa por daños y perjuicios ocasionados en la propiedad.

Los detalles del caso

La dueña de una chacra en la ciudad de Curuzú Cuatiá demandó a Aguas de Corrientes y/o quien resultara responsable por los daños y perjuicios ocasionados por la descarga periódica de efluentes en la estación elevadora de líquidos cloacales instalada por Obras Sanitarias en una fracción de su terreno, la cual provocaba olores nauseabundos, que posteriormente desvalorizaron su propiedad.

La mujer cuestionaba que no se había dispuesto nada respecto de una servidumbre de acueducto, ni una servidumbre de paso, ni de descargas diarias de residuos cloacales al momento en el que ella vendió una fracción de su propiedad a la Administración de Obras Sanitarias.

En ese predio se desagotaban efluentes que luego eran bombeados a las lagunas de tratamiento. Pero señaló que la empresa Aguas se "adueñó" de la totalidad del predio, usándolo como propio, estableciendo una servidumbre de acueducto sin autorización y una de tránsito ya que para acceder a la estación elevadora los camiones atmosféricos deben pasar por su inmueble, totalmente inutilizado.

Pidió un resarcimiento ya que la municipalidad desistió de comprar hectáreas para la construcción de viviendas mediante el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) por los gases contaminantes que emanan de la planta de residuos lindante.

Además, los sólidos depositados en las distintas instalaciones de los vehículos eran fuente de olores nauseabundos debido a las características sépticas de los camiones.

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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Fallo obligó a desalojar tierras de la represa de Salto Grande

Productores del Departamento de Monte Caseros deberán abandonar las tierras que utilizaban para la explotación ganadera, debido a que son de propiedad de la Represa de Salto Grande, y las estaban utilizando en forma ilegal, según lo consideró el Superior Tribunal de Justicia.

El fallo de la Corte provincial resolvió un conflicto en el que dos ganaderos reclamaban la titularidad de unos terrenos a la vera del Río Uruguay, lugar que utilizaban para la cría de animales, mientras que la Entidad Binacional advirtió que esa zona había sido expropiada a su favor debido a que son inundables por el embalse de la represa.

La controversia comenzó el año pasado a raíz de un altercado entre dos productores ganaderos. Las haciendas se habían mezclado debido a que compartían el lugar de pasturas.

El conflicto llevó a que cada uno reclame el dominio sobre los terrenos. Uno de ellos inició el trámite de un interdicto posesorio, para que se le reconozca sus derechos sobre dicho terreno fiscal.

La acción judicial mereció la réplica de la Entidad Binacional Salto Grande, que por medio de sus letrados advirtió que la institución posee la titularidad de ese territorio.

Después de pasar la etapa de apelación, la causa llegó al Superior Tribunal, donde los ministros desestimaron el reclamo de los ganaderos y ratificaron los derechos de la empresa binacional.

Desde el punto de vista del apoderado de Salto Grande, Martín Sebastián Pardo, la decisión del Tribunal "es de suma importancia por el antecedente que crea".

En este sentido advirtió que existen otras acciones judiciales en las que se reclaman terrenos que habían sido otorgados a la institución. "En el momento en que se iba a concretar la construcción de la represa, el Estado procedió a expropiar distintos terrenos", explicó el letrado.

Después del desencuentro generado entre los particulares, "cuando Salto Grande se enteró del interdicto posesorio, se presentó para que la Justicia determine que ambos propietarios estaban usando un terreno fiscal expropiado hace varios años, por estar ubicado en una zona inundable".

Finalmente el STJ determinó que "ninguno tenía autorización para utilizar el terreno, y que los conflictos que se suscitaron entre ellos son de su exclusiva responsabilidad, además de que no tenían derecho posesorio alguno que pudieran alegar, puesto que la propiedad de esos terrenos es de Salto Grande".

La Corte señaló que "no existe motivo para entender que tal inmueble de propiedad del Estado, no fue afectado realmente al uso o servicio público, si ninguna de las partes del interdicto, ha denunciado la existencia acaso de un proceso de retrocesión".

Es por ello que "tratándose de un bien del Estado que está destinado a la satisfacción del bien común, es cosa del dominio público. Corresponde dejar sin efecto la sentencia de la Cámara y confirmar el rechazo de la demanda, declarando inoficiosa la consideración del recurso extraordinario".

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