Las obligaciones financieras ante el próximo escenario de crisis

La necesidad de proteger los activos sociales urge actuar en tiempo oportuno, evitando que el ‘agua llegue al cuello’ y la empresa se vea inmersa en acciones legales de acreedores insatisfechos
Debido a su aislamiento financiero mundial, en un primer momento las autoridades de nuestro país estimaron que la Argentina no iba a resultar afectada por la crisis que comenzó a mediados del 2007 en los Estados Unidos y rápidamente se extendió a todo el mundo financiero a través de la securitización de los créditos subprime y demás derivados.

Sin embargo, los hechos han demostrado que esta primer evaluación no fue acertada. En lo que va del año, el valor de la soja ha descendido un 45%; casi u$s 20.000 millones se han ido de nuestro país, y el BCRA ha perdido más de u$s 2.250 millones de reservas para evitar la suba del dólar.

La administración Kirchner ha obtenido una importante victoria política con la reciente aprobación de la ley de estatización de los fondos de pensión, con el evidente propósito de mejorar la caja y evitar el fantasma del default.

Se observa una tendencia hacia una ruptura en la cadena de pagos, fundamentalmente entre las empresas que dependen de la financiación pública, así como entre aquellas empresas de créditos al consumo, financiadas a través de fideicomisos que suscribían los fondos de pensión, hoy fuera del mercado. Si bien el Gobierno apunta a reemplazar a las AFJPs por la Anses para invertir en determinadas áreas estratégicas, hay más dudas que certezas sobre si esta financiación seguirá estando disponible para el empresario local. En el ámbito de las autopartistas, se observa ya un intento de reducir el costo laboral ante la disminución de la demanda local y brasileña.

¿Qué hacer ante la crisis? El empresario local acude a un remedio un tanto casero pero no por ello menos recomendable: pararse sobre la caja. Esto implica iniciar procesos de conversación con los acreedores para reestructurar obligaciones, extendiendo plazos y suspendiendo pagos de capital y hasta de interés. En este ámbito, es importante implementar una política de trato equitativo y abierto de ambos lados: tanto desde la empresa hacia los acreedores financieros como entre los acreedores entre sí y de éstos hacia la empresa.

Para aquellas empresas que hayan emitido deuda financiera a través de obligaciones negociables, u otro título de deuda emitido en serie, el nuevo escenario requerirá modificar ciertas condiciones originales de la emisión, que deben ser previamente acordados con obligacionistas que representen una mayoría calificada de capital. Como alternativa, estará la posibilidad de intentar recomprar la deuda con un descuento, ya sea a través de negociaciones individuales con los acreedores o de una oferta pública de compra.

La crisis del 2002 demostró que la legislación concursal argentina -aún con sus defectos-ofrece instrumentos aptos para llevar adelante un proceso de restructuración, ya sea en sede extrajudicial como en sede judicial. En caso de llegar a este tipo de procesos, las alternativas se amplían, incluyendo la capitalización de créditos (debt equity swap). Un tema importante a tener presente es la responsabilidad de los directores ante la crisis, fundamentalmente los independientes que no cuentan con compromisos de indemnidad del accionista controlante. Ante este escenario, deberán extremar sus cuidados para cumplir con los deberes de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios que le impone nuestra Ley de Sociedades Comerciales y que se ven acentuados ante una situación de crisis.

Fundamentalmente, la obligación de proteger los activos sociales lleva a la necesidad de actuar en tiempo oportuno, evitando que el ‘agua llegue al cuello’ y la empresa se vea inmersa en acciones legales de acreedores insatisfechos. Escenarios de este tipo deben evitarse, ya que normalmente implican una pérdida de valor para la empresa, lo cual dificulta el proceso de reestructuración al provocar desconfianza entre los distintos actores.

La elección del asesor financiero y del abogado que lo acompañará en esta primera etapa de reestructuración es esencial para llegar a buen puerto. Reputación, experiencia, confiabilidad, y fundamentalmente un firme compromiso para trabajar junto con el directorio y los accionistas controlantes para sacar adelante a la empresa son los valores a tener en cuenta al momento de hacer esta elección.

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